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Al Congreso llegaron este semestre varios proyectos de ley relacionados de alguna forma u otra con el paro nacional. Uno de estos tiene como fin “tomar medidas para garantizar la protesta pacífica”. Aunque su nombre podría indicar varias cosas, lo cierto es que la iniciativa tiene como único objetivo aumentar considerablemente las penas contras los actos de vandalismo.
Actualmente el código penal tipifica el vandalismo como daño a bien ajeno, mueble o inmueble, y tiene una pena entre los 16 meses (año y cuatro meses) y 90 meses de prisión (7 años y medio) y una pena entre los 6.66 y 37.5 salarios mínimos legales mensuales. Sin embargo, si el daño ocasionado no supera los 10 salarios mínimos, la pena sólo podrá ser entre los 16 y 36 meses (tres años). Además, si el daño ocasionado es resarcido antes de la sentencia, no se dará condena.
No obstante, un grupo de representantes, encabezados por el representante liberal Víctor Manuel Ortiz, buscan que en el código penal se tipifique el delito de vandalismo y se aumenten las penas considerablemente. La propuesta apenas cuenta con dos artículos, pero implicaría un fuerte cambio frente a lo que actualmente contempla la ley.
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En primer lugar, como se dijo anteriormente, crea el delito de vandalismo. Además, establece que una persona que aproveche una protesta, manifestación o movilización para dañar, atentar o destruir bienes públicos o privados, o atente contra la integridad de un miembro de la Fuerza Pública, será castigado con penas de 6 a 8 años de cárcel. También fija multas mucho más altas a las ya existentes, pues contempla que sean entre 100 y 500 salario mínimos mensuales.
Además, la pena busca que estos castigos se aumenten si la conducta se hace en coordinación con otros, si lo llevan a cabo encapuchados, si los daños superan los 500 salarios mínimos o si lleva armas o explosivos. Para estos agravantes se considera que la pena debería ser entre los 8 y 10 años de prisión y el pago de una multa entre los 501 a 1000 salarios mínimos.
El segundo artículo de este proyecto también busca castigar con penas entre 4 a 8 años de prisión a los que “promuevan, ayuden, financien, faciliten, estimulen, inciten, induzcan o proporcionen los medios” para realizar actos vandálicos. Este artículo puede resultar problemático debido a que su interpretación incluso podría llevar a que sean castigados con prisión los que convoquen marchas en las que ocurran actos vandálicos. Esto también podría aplicarse a los que ayuden a movimientos de Primera Línea, como lo hizo el senador Gustavo Bolívar.
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Según los autores de este proyecto, crear un delito y aumentar las penas a las conductas relacionadas con este son una forma de “garantizar el derecho constitucional a la protesta pacífica”, puesto que castiga a los que “buscan minar, socavar o desprestigiar el derecho legítimo a protestar”. Además, señalan que es una forma de proteger a los ciudadanos del común y a los manifestantes.
En este mismo sentido, los proponentes plantean que se frenen los efectos “indirectos frente a la contingencia del uso de las vías públicas” por la protesta. Además, que se cumplan los permisos dados por la autoridad local para las manifestaciones, que incluye respetar los trayectos ya establecidos.