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Una de las banderas clave del Gobierno Petro ha sido la protección de comunidades vulnerables, así como la agenda de superación de la violencia armada. No en vano, la administración actual avanza con varias reformas en el Congreso que le permitirían ir en dirección de ese objetivo.
Hace tramite en el legislativo el proyecto que prorroga y modifica la ley 418 o ley de orden público, que le permitiría al Gobierno adelantar negociaciones con grupos armados, así como determinar como política de Estado la llamada “Paz Total”.
Igualmente, ayer fue radicado por el presidente Gustavo Petro y por la vicepresidenta Francia Márquez el proyecto que crearía el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, una cartera que había sido prometida a Márquez desde campaña y que ha recibido varias criticas por lo que sería “mayor burocracia”, pero, que profundizaría en uno de esos objetivos: la igualdad.
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Precisamente, ese Ministerio, de acuerdo con el texto, “tendrá la tarea de proteger, desde la perspectiva de los enfoques diferencial e interseccional, a las poblaciones más vulnerables del país: mujeres, población LGBTIQ+, pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y Rrom, campesinos, personas mayores, miembros de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, víctimas de todas las violencias, entre otros”.
Si bien, en con esa cartera la población rural; mujeres y hombres campesinos son determinados como población vulnerable, un proyecto que tramita en el Congreso busca que el campesinado sea reconocido por la Constitución Política como “sujeto de especial protección”.
De avanzar en la discusión del proyecto sobre la ley de orden público, programada para las 9 de la mañana de hoy, la iniciativa que también integra el bloque de constitucionalidad el texto de la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Campesinos sería debatida en plenaria de Senado este miércoles.
El coordinador ponente de la iniciativa es el senador Alexander López Maya (Pacto Histórico), quien ha señalado que el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) para los hogares campesinos es mayor que para el total nacional siendo 29.3% y 17.5% respectivamente.
“De manera similar, ocurre en cabecera en la cual el 21.4% de los hogares campesinos tienen esta condición mientras que en el total es el 12.3%; ahora, para el caso de los centros poblados y rural disperso la condición de este tipo de pobreza es casi igual para el total que para los hogares campesinos siendo 34.5% y 35.6% respectivamente”, dice.
Al respecto, el proyecto del Pacto, que tendría su segunda cita en el Congreso hoy, pretende agregar un párrafo al artículo 64 de la Constitución Política en el que se determine que “el campesinado es sujeto de especial protección”, dice.
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De acuerdo con el texto, las comunidades campesinas “tienen un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos conforme a la economía campesina y la protección del ambiente, así como en tradiciones y costumbres compartidas que los distinguen de otros grupos sociales”.
Es por ello que, de aprobarse el proyecto, en la Constitución quedaría establecido como un deber del Estado velar “en forma especial por la protección y garantía de sus derechos individuales y colectivos, incluidos aquellos reconocidos por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, la cual hace parte del bloque de constitucionalidad”.
El proyecto ya pasó en su primer debate en la Comisión Primera del Senado, por lo que deberá continuar con su trámite en el Congreso, en donde tendrá que ser debatido ocho veces, al ser un acto legislativo.
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