¿Cómo le ha ido en su estreno en las sesiones del Senado en estos primeros días de legislatura?
El Senado es una institución que conozco bastante, dado que en mi condición de ministra de Salud y Protección Social tenía bastantes citaciones en virtud de la reforma que radicamos como iniciativa de gobierno. Además, cuando fui dirigente gremial, participé en la elaboración de muchas leyes en el Congreso de la República, entre ellas la Ley Estatutaria de Salud, que declaró la salud como un derecho humano fundamental.
Son muchas las propuestas que deja el Pacto Histórico y, según el presidente Petro, la idea es profundizar ese legado. ¿Qué van a promover en este primer año de gobierno en el que serán nuevamente oposición?
Como bancada, hemos radicado nueve proyectos de ley cuyo origen es el Gobierno y el trabajo de la bancada. Colombia los necesita, por ejemplo, la reforma a la salud, la Ley de Jurisdicción Agraria y una reforma a la Unidad de Gestión del Riesgo, que ha tenido históricamente problemas de corrupción por el diseño institucional. También hay un proyecto de reforma a la Ley 30 de Educación Superior, otra referida al tema del fracking y la Ley de Competencias, que a nuestro juicio es la reforma del Estado más importante de la historia reciente del país, que retoma una ganancia de la Constitución de 1991 en términos de descentralizar los recursos a las regiones de Colombia.
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Esa propuesta de descentralizar el Estado los une con lo que plantea el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. ¿Cómo será esa discusión y cuáles serían esos puntos intocables para ustedes?
Si el presidente Abelardo de la Espriella es consecuente con lo que ha dicho, tendría que mantener este debate abierto. Nos llamó la atención que el ministro del Interior esté afirmando que no van a continuar con el debate, que tiene que ver con la llegada de recursos para las regiones. Estas son unas banderas que tenemos que seguir defendiendo: tienen que ser recursos de destinación específica con una política anticorrupción, donde claramente sepamos dónde va cada recurso.
Esto se tiene que acompañar de una reforma a los organismos de control regionales, como por ejemplo las personerías y las contralorías, que no pueden ser puertas giratorias de los clanes políticos que gobiernan las regiones de Colombia. Deben ser organismos meritocráticos, independientes, que ayudan a hacer un control de esos recursos.
¿Cree que en ese punto se pueden encontrar caminos comunes con el nuevo gobierno, a pesar de las diferencias ideológicas?
Es que esta ley orgánica se da a partir de la votación de un acto legislativo, apoyado por mayorías calificadas en el Congreso, y ahí se concluyó que se iba a acordar que el 39,5 % de los ingresos corrientes de la nación va hacia las regiones y se definió un tiempo de 12 años para lograrlo de manera gradual y progresiva. Si el gobierno actual y sus mayorías se van contra un acto legislativo y la Constitución, pues es un pésimo mensaje para el país.
Hablando de mayorías, vimos al Pacto Histórico y al Centro Democrático celebrando juntos la elección de Honorio Henríquez. ¿Seguiremos viendo este tipo de episodios?
En los cuerpos colegiados permanentemente se ven este tipo de votaciones. Honorio Henríquez nos dio mejores garantías para el ejercicio de la oposición social y política y, en función de un acuerdo sobre la mesa, de carácter público, no de componendas, expresamos nuestro voto hacia él. También ocurre que, por ejemplo, Abelardo de la Espriella expresó que estaba interesado en que el bono pensional para viejos y viejas se diera por COP 400.000 al mes; nosotros estamos de acuerdo con eso y eso es la reforma pensional.
En la Comisión Primera ya se presentó un primer choque y una de las protagonistas fue usted, con Enrique Gómez. ¿Cómo ve las garantías que le da él como presidente de esa corporación?
Yo he sido denunciada penalmente por él solo por el hecho de haber radicado un proyecto de ley que no está en el marco de su ideología. En la Comisión Primera se van a presentar muchos proyectos de ley que no están de acuerdo con el pensamiento del señor Enrique Gómez y él debe garantizar el trámite. Solicitamos expresamente las garantías y también el acogimiento a la Ley 5, que es la que norma el funcionamiento del Congreso, dado que él mismo intentó burlarla pidiendo hacer una intervención como oposición sin haber sido posesionado en el momento de la instalación del Congreso de la República.
Desde el equipo del presidente De la Espriella se ha dicho que hay posibilidad de gobernar más a través de decretos sin pasar por el Capitolio, ¿cómo ve esa apuesta?
Él puede hacer un conjunto de propuestas; lo que no puede hacer es pasar por encima de la Constitución Política. Varias de sus propuestas, con las que yo no estoy de acuerdo, tienen que pasar por el Congreso. Decir que va a cerrar instituciones del Estado como superintendencias implica una reforma constitucional; no se puede hacer por decreto. Decir que va a despedir a 700.000 empleados públicos de varias instituciones implica una reforma constitucional a la que nos opondremos.
En materia de salud, estaba escuchando que van a invertir COP 10 billones. Eso es lo que se llamaba en el gobierno de Duque el acuerdo de punto final, en donde se endeudaba al país para seguir entregando plata a las EPS. Queremos saber de dónde van a salir esos recursos, porque ellos no pueden mover recursos de destinación específica para seguirlos entregando a las EPS, que además tienen denuncias muy graves por saqueo, desviación de billonarios recursos de la salud, denuncias que reposan en la Fiscalía General de la Nación y en la Contraloría.
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Entrando en la reforma a la salud que se requiere, ¿cuál es la lectura del nombramiento de Ana María Vesga como nueva ministra de esa cartera?
Ana María Vesga tiene un conflicto de interés enorme con el cargo porque ella provenía de Acemi, que representa a las EPS privadas, varias de ellas hoy denunciadas por presunta corrupción. Pero además, desde Acemi ella increpó permanentemente al gobierno señalando que los recursos de la salud eran insuficientes, sin comprobarlo con datos. Pero los datos apuntan a una presunta malversación billonaria que hoy está en impunidad. La señora Ana María se tendrá que declarar impedida para la toma de decisiones de muchos temas, porque además perteneció a la representación de la industria farmacéutica.
¿Cómo ve las discusiones en torno a la salud en estos cuatro años, teniendo en cuenta que hay una crisis que debe solucionarse inmediatamente?
Para resolver el problema estructural de mediano y largo plazo, se necesita una reforma a la salud. La doctora Ana María Vesga ha hecho muchos pronunciamientos que ya vician la ecuanimidad frente a esta discusión que tendrá que abordar el Congreso de la República en el corto plazo. Están hablando de inyectarle al sistema COP 10 billones; la pregunta es de dónde salen los COP 10 billones. ¿Van a hacer una reforma tributaria? ¿Cómo va a ser el control en términos de transparencia si esos billones se los van a entregar a las mismas organizaciones que representa la doctora Vesga, hoy denunciadas por corrupción?
Además, en un documento del cual ella fue coautora, de propuestas para el sector salud, están promoviendo disminuir el plan de beneficios. Esto es inaceptable porque va contra los pacientes, además de aumentar los copagos y las cuotas moderadoras, que son lo que pagan los pacientes para la atención. No se aprieta a las EPS denunciadas por el tema de corrupción, sino que la carga de la crisis va sobre los trabajadores y los pacientes de Colombia. Y esto lo vamos a debatir y no lo vamos a aceptar.
Pero ahí queda la incertidumbre: ¿cómo solucionarle a la gente, de forma inmediata, problemas como la entrega de los medicamentos o la atención?
Nosotros hemos hecho diversas propuestas. En el primer año de gobierno de Gustavo Petro implementamos el sistema de peticiones, quejas y reclamos de la Superintendencia de Salud, que también es un punto de la reforma, pero que se implementó en ese primer año donde se le resolvían las quejas a pacientes entre 24 y 72 horas, so pena de que las EPS tuvieran que devolver la plata y ser judicializadas por los organismos de control.
Evidentemente, la plata sí está, pero no entendemos por qué, cuando se entrega la plata, los medicamentos aparecen acaparados o aparecen en los canales comerciales. Ahí tiene que haber una actuación coordinada de los organismos de control que obligan a todos los actores del sistema a dar cumplimiento. Y yo creo que se tiene que recuperar esa acción que emprendimos con la Superintendencia en el primer año y medio.
¿Sí existió ese “chu, chu, chu” que mencionaba la oposición en estos últimos años?
El “chu, chu” es un mecanismo de la Ley 100. Es la Ley 100. Tiene que ver con que al principio teníamos alrededor de 130 EPS; ahora tenemos menos de 30. Se han ido liquidando durante tres décadas e interviniendo más de 100 EPS. Es justamente lo que la reforma a la salud quería detener. No podemos seguir con un sistema de salud intervenido, con un sistema de salud donde se liquidan EPS que dejan deudas a prestadores. Eso no puede continuar y eso es lo que detenía la reforma que de manera irresponsable fue hundida sin discusión en la Comisión Séptima del Senado y a la que sin argumentos y sin datos se opuso férreamente la señora ministra Ana María Vesga.
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¿Qué otras banderas de Carolina Corcho vamos a ver en el Congreso?
Hemos solicitado un debate de control político frente al tema electoral. Tiene que haber transparencia en las autoridades electorales y al país le asiste el derecho de conocer todos los resultados y todo lo que pasó en las últimas elecciones. Hay un fallo del Consejo de Estado que declaró el fraude contra el Partido Mira, en el año 2017, donde le ordenaron a la Registraduría que el software del conteo tenía que ser de carácter público; nueve años llevamos y todavía la Registraduría mantiene privatizado el software de un proceso electoral que es fundamental para la democracia.
Por supuesto que también haremos el control político debido sobre la salud, porque quienes generaron la crisis de hace más de una década son los que hoy nos dicen que van a resolver el problema.
Y nosotros queremos hacer un llamado al Acuerdo Nacional, a un acuerdo nacional alrededor de la entrega de tierras al campesinado para que se genere una agroindustria, un acuerdo nacional para mantener la gratuidad en la educación superior de Colombia, que haya salud como derecho y no como negocio. Insistimos en ese acuerdo nacional y tenemos toda la disposición de diálogo y concertación. Pero además, para que haya un derecho a la protesta pacífica, no podemos llevar al país a una situación de violencia y de no garantías a los derechos de la oposición social y política.
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Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
