A los despachos del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección (UNP) llegó un oficio firmado por cerca de 50 congresistas que pidieron retirar los dispositivos de rastreo instalados en los vehículos que hacen parte de sus esquemas de protección. De acuerdo con la carta, se trata de una “situación que compromete derechos fundamentales y pone en riesgo nuestra seguridad personal”.
Según informaron, varios se han dado cuenta de que algunos de los vehículos asignados por la UNP contarían con dispositivos de rastreo y geolocalización instalados que habrían sido instalados sin autorización. “Dicha situación constituiría una violación directa a nuestro derecho fundamental a la intimidad, consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política, así como una transgresión a lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 sobre Protección de Datos Personales”, explicaron.
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Los congresistas calificaron el hecho como una “presunta ilegalidad” y se mostraron preocupados por la falta de claridad sobre quién accede a la información, cómo se administra y si tiene cadena de custodia. Según denunciaron, la situación abre la puerta al incremento de filtraciones y pone en riesgo su seguridad y la de sus equipos de trabajo, justo cuando el país enfrenta una escalada de violencia de los grupos armados.
“Por lo anterior, exigimos de manera inmediata el retiro y desactivación de cualquier dispositivo de rastreo o geolocalización instalado en los vehículos asignados a los esquemas de protección de congresistas de la República, salvo que exista autorización expresa y por escrito por parte del congresista correspondiente”, se lee en el documento.
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A este pronunciamiento se suman los de otros sectores políticos que temen por la seguridad de sus integrantes. El partido Cambio Radical, por ejemplo, informó este martes que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares de urgencia en favor de todos los congresistas que hacen parte de esa colectividad, esto debido a los riesgos de seguridad que enfrentan. La noticia se conoce semanas después del atentado que sufrió el representante a la Cámara de ese partido, Julio César Triana, cuando se transportaba por zona rural del Huila y su vehículo recibió ocho impactos de arma de fuego.
De acuerdo con las directivas del partido, en el país existe un “ambiente hostil que pone en riesgo la vida, integridad y ejercicio político de sus parlamentarios”. En la solicitud, firmada por el director de la colectividad, Germán Córdoba, también se habla de un alto riesgo para el sistema democrático colombiano y de crecientes patrones de amenazas, estigmatización y agresiones contra los líderes que hacen oposición al gobierno de Gustavo Petro.
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En respuesta a la petición de retirar los GPS, el ministro Armando Benedetti respondió que los dispositivos son necesarios para la seguridad del vehículo en sí, pero dijo que se pueden quitar. “Los GPS son en caso de robo de las camionetas y existen en varias partes del mundo, pero creería que la solución es fácil; si se sienten vigilados, que se los quieren”, aseguró.
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