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Exintegrantes de las altas cortas, servidores públicos que estuvieron vinculados con varios gobiernos y otras personalidades, hicieron un llamado para que desde la Procuraduría de Gregorio Eljach se le pida al presidente Petro que baje el tono de sus declaraciones contra la institucionalidad.
En la misiva le pide que se “haga un enérgico llamado al Presidente de la República para que no prosiga con actuaciones como las que ha venido desplegando de manera reiterada”. Entre ellas: ”Las recurrentes descalificaciones de las decisiones judiciales y administrativas que no comparte; la interferencia en el funcionamiento del Banco de la República; los señalamientos, carentes de soporte, sobre la supuesta existencia de riesgos sobre el sistema electoral, o la intervención en política para favorecer al candidato del gobierno".
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“No se desconoce el fuero que ampara al Presidente, pero se pone de presente la necesidad de que el Procurador General de la Nación, en ejercicio de un poder moral que deriva de sus competencias constitucionales, haga un claro llamado de atención sobre comportamientos frente a los cuales los instrumentos ordinarios de contención se han demostrado insuficientes y que, en criterio de los firmantes, constituyen una grave amenaza para el Estado de Derecho”, precisan.
La carta fue firmada por: Luis Guillermo Guerrero Pérez, Jaime Alberto Arrubla Paucar, Gloria Stella Ortiz Delgado, Juan Manuel Charry Urueña, Mauricio Fajardo Gómez, Vivian Morales Hoyos, Cristina Pardo Schlesinger, Moisés Wasserman, Juan Camilo Restrepo, Arturo Sarabia Better, Camilo Reyes, Luis Jaime Salgar, María Claudia Rojas Lasso, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Nilson Pinilla Pinilla, Pedro Medellín Torres, Jorge Humberto Botero, Germán Bula Escobar, Mónica Cifuentes, Gloria María Borrero, Eduardo Pizarro y Gustavo Duncan.
Vea aquí el documento completo:
El historial de enfrentamientos entre Petro y las instituciones colombianas
Los roces y tensiones del presidente Petro con diversas entidades, incluyendo el Consejo de Estado este martes, han girado en torno a acusaciones repetidamente desmentidas de fraude electoral, la subida de tasas de interés por parte del Banco de la República y un alegado bloqueo institucional a las iniciativas del gobierno en múltiples áreas.
La mayoría de ellos surgieron a mitad de su mandato, con el rechazo de reformas clave en el Congreso, pero se han intensificado en los primeros cinco meses de 2026, justo antes de las elecciones presidenciales.
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En esta dinámica se enmarca el conflicto con el procurador Gregorio Eljach, tras la demanda contra el acuerdo Colombia-Portugal para la producción de pasaportes. Petro ha señalado al Ministerio Público de tener intereses ocultos con privados vinculados a Thomas Greg —incluyendo posibles candidatos presidenciales— y de interferir en el proceso electoral.
Petro también ha cuestionado la gestión de la fiscal general Camargo en el caso de Diego María, alias “Papá Pitufo”. En uno de sus tuits afirmó: “Cambiaron al fiscal por sectarismo político o corrupción, no lo sé; lo que sí sé es que hubo una alianza entre investigadores de la Fiscalía y agentes de inteligencia para robar al ladrón y no traerlo [...]. La fiscal general debe responder por ello”.
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Desde varios sectores han surgido llamados a respetar las instituciones. El presidente del CNE, Cristián Quiroz; el del Senado, Lidio García, y otros líderes han reiterado su independencia. García ha aclarado: “Somos una de las tres ramas del poder con total autonomía. Él manda en lo suyo y nosotros en lo nuestro”.
Por su parte, la Misión Observación Electoral de la Unión Europea, presente en Colombia, ha instado a respetar la institucionalidad, especialmente en temas como el código fuente, que según ellos, no debe divulgarse para evitar riesgos. La coyuntura se complica a medida que se acerca la primera vuelta electoral -con solo dos semanas por delante- en la que Petro busca extender su proyecto político por cuatro años más.
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