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La Coalición Centro Esperanza se unió a la ola de indignación que generó la Procuraduría por los 1208 cargos nuevos que creó antes de terminar el año 2021. Los integrantes de la alianza electoral rechazaron el decreto que da vida a estos nuevos puestos y pidieron al presidente Iván Duque derogarlo.
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La Coalición Centro Esperanza recordó que el costo anual del funcionamiento de la Procuraduría es de, más o menos, 12 mil millones de pesos. También, rememoró que, cuando se filtró la información preliminar sobre estos cargos nuevos, la procuradora Margarita Cabello Blanco negó cualquier posibilidad de dicho incremento en la planta de la entidad. “Llama la atención la fecha escogida para expedir esta norma, en momentos en que el país está celebrando las festividades de fin de año”. manifestó con suspicacia.
En ese sentido, la Coalición expresó su desconfianza en el decreto y lo catalogó como una movida política que va en contra de los recursos públicos de los colombianos. Relacionaron estos cargos con las elecciones al Congreso y la Presidencia, siendo Alejandro Char un cercano de Cabello Blanco y uno de los interesados en llegar a la Casa de Nariño.
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“Además de ser un acto de derroche de fondos oficiales, tiene un nocivo efecto electoral. Es conocido por la opinión pública que la señora procuradora tiene cercanos nexos políticos con la llamada Casa Char, uno de cuyos miembros es candidato a la Presidencia de la República”, escribieron.
Así las cosas, le solicitaron a Duque que, en cumplimiento de sus deberes de imparcialidad, “deje sin validez el decreto, lo someta a riguroso examen respecto de su conveniencia y, en todo caso, aplace su eventual vigencia para después del proceso electoral. Agregaron que la creación de más de mil cargos es innecesaria, poco urgente y “perturba” las elecciones.
De igual forma, indicaron que la Procuraduría en manos de Cabello Blanco se ha convertido en un ejemplo del “Estado derrochón”, frase utilizada por el propio Duque para rechazar los gastos que podrían calificarse de ostentosos por parte del Estado. Según dijeron, ese incremento en puestos “cuesta al país 1.8 billones de pesos al año y entre los años 2021 y 2022 su presupuesto creció un 13%”. “Debe darse un debate serio y urgente sobre estos gravísimos indicadores”, señalaron los precandidatos presidenciales de centro.
Sobre todo, manifestaron que la procuradora Cabello Blanco debe “dar la cara ante el país” para explicar por qué está convirtiendo a la entidad en “un fortín de los amigos políticos que la eligieron y que aspiran a contar con su favor en las próximas elecciones para perpetuarse en el poder y que nade cambie en Colombia”.
¿Qué ha dicho la Procuraduría?
Este lunes, cuando estalló la noticia, la Procuraduría explicó que los 1.208 nuevos puestos responden a un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que obliga al organismo a separar funciones. El decreto (1851 de 2021) entonces es en cumplimiento de dicho fallo y fue firmado por Duque. Entre otros, generará que 20 nuevos asesores lleguen al despacho de la procuradora.
El fallo es del 8 de julio de 2020. Y, entre otras cosas, dice que el funcionario que formule los cargos no sea el mismo que dicte la sentencia disciplinaria. Con esto así, la entidad debe “designar a un funcionario de instrucción y a otro de juzgamiento. Función que anteriormente estaba unificada en un mismo servidor de la Procuraduría”.