:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/678J7jMP_IvKFo2pzHUkKh_kgt8=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/WNUCTCA2RBGP7HVNWRJECGVA2A.jpg)
Colombia no mejora en materia de lucha contra la corrupción, y según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de 2022, que desarrolla la organización no gubernamental Transparencia Internacional, por tercer año consecutivo mantuvo un puntaje de 39 puntos sobre 100, lo que según Andrés Hernández, director ejecutivo de la oficina de esta ONG en el país, demuestra que los distintos tipos de corrupción analizados en el estudio “no han sido contrarrestados de manera suficiente: soborno, desvío de recursos públicos, uso de cargos públicos para beneficio privado, nepotismo en el servicio civil, captura del Estado, entre otros”.
El IPC confiere una calificación de entre 0 y 100 puntos, donde 100 indica que el país se percibe como muy transparente, mientras que 0 que es percibido como muy corrupto. Una calificación por debajo de 50 muestra que el país enfrenta serios problemas de corrupción. De hecho, de acuerdo con el resultado obtenido el año pasado, la posición de Colombia en el ranquin mundial bajó, al pasar del puesto 87 al 91, entre los 180 países evaluados. Este descenso se explica, en parte, por el caso de cinco países que compartían posición y puntaje en 2021 y mejoraron su desempeño. Desde 2012, nuestra calificación ha oscilado entre los 36 y 39 puntos, sin cambios significativos.
>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político
El promedio mundial se mantuvo sin cambios por undécimo año consecutivo, con una puntuación de 43 sobre 100, dejando ver al menos 122 países con graves problemas de corrupción, pues su puntuación es inferior a 50. Los de mejor desempeño en el IPC 2022 fueron Dinamarca (90), Finlandia (87) y Nueva Zelanda (87), mientras que Yemen (16), Venezuela (14), Sudán del Sur (13), Siria (13) y Somalia (12) fueron los peor calificados. En lo que tiene que ver con el continente americano, el promedio fue de esos 43 puntos por cuarto año consecutivo. Los tres países con mejor calificación fueron Canadá (74), Uruguay (74) y Estados Unidos (69), mientras que los peores fueron la ya mencionada Venezuela, Haití (17) y Nicaragua (19).
Esta vez el estudio se centró en corrupción, conflicto y seguridad. Según Transparencia Internacional, la corrupción ha sido la consecuencia, pero también la causa de muchos conflictos. “La corrupción debilita la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos. El mal uso o robo de fondos públicos puede privar a las instituciones responsables de garantizar la seguridad de los recursos que necesitan. Nuestro análisis muestra que la debilidad de las instituciones policiales y de defensa dificulta que un Estado asegure el control de su territorio y prevenga amenazas violentas, incluido el terrorismo”, señala el informe.
También se identificó que “desde 2017, 130 países han visto protestas sociales significativas. En 55 de ellos (42 %), al menos una protesta fue impulsada por el descontento de la gente con los niveles de corrupción en el gobierno. Como era de esperar, el 80 % de las protestas relacionadas con la corrupción y el 82 % de las respuestas violentas documentadas contra los manifestantes ocurrieron en países con puntajes del IPC por debajo de 50”. A su vez, advierte que en Latinoamérica falta una acción decisiva para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas, lo que alimenta las actividades del crimen organizado, socavando la democracia y los derechos humanos, y amenazando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con violencia, daños ambientales y migración en todo el hemisferio.
En Colombia, de acuerdo con Andrés Hernández, la mala calificación demuestra que los distintos tipos de corrupción que se analizan a través del IPC “no han sido contrarrestados de manera suficiente”. Y en momentos en que se da la transición de un nuevo gobierno, liderado por el presidente Gustavo Petro y con propuestas de reformas que implicarán un cambio profundo en la estructura del Estado, el análisis plantea tres puntos a tener en cuenta. El primero habla de abordar la corrupción que favorece que aumenten los niveles de conflictividad y que, al tiempo, disminuye la capacidad de respuesta de la institucionalidad. Al respecto, según Transparencia por Colombia, el sector defensa y seguridad fue el más afectado por actos de corrupción entre 2016 y 2020, con irregularidades en contratación pública, uso indebido de servicios de seguridad, vulneración de derechos humanos, entre otros hechos.
Le puede interesar: Petro y Barbosa: los resultados del encuentro entre el presidente y el fiscal
Un segundo punto invita a fortalecer los esfuerzos para identificar y evitar los riesgos de corrupción relacionados con la consolidación de la paz en el país, pues la prevención es fundamental de cara a alcanzar la “paz total”. Y en tercer lugar plantea contrarrestar los efectos de esta problemática en la calidad de vida, el respeto por los derechos humanos y la preservación del medio ambiente. Eso sí, más allá de los discursos y los anuncios con buenas intenciones, se recalca que todo esto debe ir acompañado de una visión clara en la estrategia para combatir la corrupción.
“Transparencia por Colombia reitera la invitación al Gobierno Nacional y al Congreso para articular un fuerte componente de lucha anticorrupción en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), lo cual contribuiría decididamente a las tres prioridades en materia de justicia social, justicia ambiental y paz total”, concluyó Hernández.