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Hace siete años, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunció sobre un tema del que poco han hablado sus homólogos colombianos. Anunció que las actividades de exploración y explotación del coltán, ese conjunto de minerales que se utilizan para la elaboración de pantallas táctiles y otras tecnologías, serían exclusivas del Estado. Su entonces ministro de Desarrollo Minero y Ecológico, Roberto Mirabal, afirmó que el decreto presidencial pretendía poner a este “oro azul” en las mismas condiciones del oro, “para poder emprender los nuevos modelos productivos a favor del crecimiento económico nacional”.
La intención de Maduro no se ha cumplido a cabalidad, ya que, aunque se limitó la concesión de derechos de explotación a entidades privadas, los grupos armados ilegales en la Orinoquía venezolana sí han logrado hacerse con niobio y tantalita, los minerales que conforman el llamado coltán. Según le confirmaron fuentes a este diario, parte del coltán que sale ilegalmente de Colombia hacia países como China, Malasia y Australia viene del país vecino. De acuerdo con la Dirección General de Carabineros y Protección Ambiental (Dicar), integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) estarían extrayendo coltán de la región del Arco Minero de Orinoco, en Venezuela, para luego transportarlo por vía terrestre hacia Colombia a través de rutas no oficiales en Norte de Santander. Más aún, desde la entidad se plantea la posibilidad de que haya colaboración por parte de la Guardia Venezolana en estas actividades.
De este lado de la frontera, donde no se han entregado títulos mineros específicamente para la explotación de coltán, las guerrillas también han logrado beneficiarse de este material, no solo haciendo del país una plataforma de triangulación para llevar el material al exterior, sino cobrando una vacuna del 10 % del valor comercial del kilogramo de arenas negras. Estas se pueden cobrar tanto en territorio venezolano como colombiano. El valor de mercado de las arenas negras, incluido el coltán, se sitúa en $98,000 por kilogramo (equivalente a $98 millones por tonelada), según la información proporcionada por la Fiscalía. Esto implica que los grupos que imponen este impuesto ilegal están cobrando $9,800 por kilogramo. En el último año, la entidad investigadora supo de, por lo menos, el movimiento de 251 toneladas, que representan un valor comercial cercano a los $24,598 millones, lo que significa que los responsables del impuesto ilegal obtuvieron ganancias de más de $2,400 millones.
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Varias dinámicas que funcionan alrededor de esta minería ilegal, responden, parcialmente, a la ausencia de información clara sobre el estado de legalidad del coltán. En Colombia solo hay títulos para minerales asociados al coltán, como circonio y tungsteno. En Guainía, por ejemplo, no se han adelantado licencias ambientales para explotación de coltán. Los mineros del departamento, que tiene 72.200 kilómetros cuadrados, practican el barequeo y tienen más de 30 permisos para la extracción de oro, plata y platino. El “oro azul” se extrae de manera ilegal a través de la modalidad de aluvión o de raspado de barrancos.
“Colombia no tiene marco jurídico, de hecho, nosotros discutimos constantemente acá en la universidad, con el Ministerio de Minas, con las Fuerzas Armadas, de que exista una normativa”, contó Denis Carlos Felipe Oi Ulu, estudiante de Geología e investigador del Grupo de Estudios en Geología Económica y Mineralogía Aplicada (Gegema).
Oi Ulu explicó que según el Código de Minas (Ley 685 de 2001) solo se puede explotar aquello que sigue un marco normativo, pero en el caso de las tierras raras, que está asociado al coltán, la norma es ambigua, no existe una guía metodológica específica para estos minerales. “No se establece la diferencia entre material de construcción, grava cualquiera y minerales de tierras raras. Las normas no son claras ni para el minero ni para el funcionario público que tiene que hacerlas cumplir. Parcialmente, la norma existe, pero genera confusión”, dice el investigador.
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Y esto encaja en las lógicas que rigen departamentos como Guainía, Vichada y Guaviare, donde se hace minería irregular de coltán, oro y otros minerales valiosos. De acuerdo con la información revelada por El Espectador en su pasada edición dominical, el ELN y las disidencias de Iván Márquez e Iván Mordisco cobran un impuesto ilegal a quienes mueven el coltán en estos territorios en los que históricamente al Estado le ha costado llegar. Estos cobran cerca de $9.800 pesos por kilogramo de arenas negras, que representa el 10 % del valor comercial.
En el fondo, la ley minera que toca el coltán debe implicar debates sobre temas como las regalías y el impacto ambiental de este tipo de explotación. “Se habla de ilegal cuando tú generas un impacto ambiental porque estás dañando el derecho fundamental a un ambiente sano”, anotó Oi Ulu. Pero la extracción ilegal del coltán sí genera impactos a nivel ambiental, por ejemplo, mediante la deforestación.
Los vacíos regulatorios también se vuelven peligrosos para quienes explotan los minerales. Por ejemplo, “en el mercado internacional hay unos límites de uranio y torio que puede tener el niobio. Si no se hace bien, ese es el mayor impacto porque si sacas 10 toneladas de niobio y tantalio, fácilmente es un 10% 5% puede ser uranio”, como explicó el investigador de la Nacional.
Así, la falta de una guía metodológica específica para estos minerales no solo afecta de manera positiva a quienes se lucran de este negocio de manera ilegal, sino también de forma negativa al medio ambiente y a las mismas poblaciones que lo explotan de manera irregular. Además, en medio de la falta de regulación, solo se han conocido unas pocas condenas, entre ellas la de Juan José Rivera, un “zar del coltán” capturado Puerto Carreño en 2014 y a quien le encontraron una bodega donde tenía 375 kilos de este coltán, uranio y tugsteno.
Según el profesor Thomas Cramer, director del Grupo de Estudios en Geología Económica y Mineralogía Aplicada (Gegema) de la Universidad Nacional, la información permite asumir que “un área de 300 kilómetros cuadrados en el Guainía tiene potencial hipotético para mineralizaciones de coltán de 54 millones de toneladas”. Aunque este número es poco comparado con los depósitos de Brasil, por ejemplo, donde hay 4000 millones de toneladas en menos kilómetros, también hace falta investigación científica para llegar a mayores certezas con respecto a este material.
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Por Daniela Cristancho
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