La Presidencia de Colombia, en medio de las protestas del Congreso de los Pueblos en Bogotá, Medellín y otras ciudades del país, reiteró la decisión de proteger la protesta social. Además, solicitó veeduría de instancias internacionales para evitar situaciones como las ocurridas en la capital de Antioquia durante las protestas pro Palestina el pasado 7 de octubre, cuando personas atacaron a los manifestantes.
“El Gobierno eleva una solicitud de visita del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en relación con la presencia de los llamados ‘grupos de choques’, compuesto por personas vestidas de civil que han ejercido la violencia contra manifestantes”, se lee en un comunicado de la Presidencia, firmado por la directora del Dapre, Angie Rodríguez.
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Aunque no lo nombró de manera explícita, dichos grupos de choque, que estarían conformados por funcionarios de la alcaldía, tuvieron enfrentamientos con los manifestantes en Medellín. De hecho, en su momento, el presidente Gustavo Petro criticó la situación: “Esto si es vandalismo, es vandalismo contra el ser humano. ¿Qué norma legal tiene este funcionario para golpear jóvenes de Medellín?”.
En el comunicado de la Presidencia sobre las manifestaciones del Congreso de los Pueblos, el Gobierno reconoció que “hay causas y condiciones estructurales que permanecen en el territorio colombiano que explican el uso legítimo de la protesta social. El Gobierno de Colombia se compromete a garantizar los derechos de las personas y del movimiento social participantes de las protestas”.
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También ordenó “a la Policía Nacional proteger los derechos constitucionales, tanto de las personas y comunidades que participan en las marchas, como de las comunidades donde se desarrollan las protestas”. Y a los manifestantes les solicitó que “flexibilicen sus acciones para no afectar el tránsito de bienes indispensables para la población”, toda vez que se han tomado en Bogotá estaciones de Transmilenio, así como ingresado a sedes de entidades como el DANE.
Sobre esto último, de hecho, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a comienzos de la semana: “No quiero ser fuerte, pero me toca serlo porque no puede ser que lleguen dizque a negociar a Bogotá, y se están tomando todos los edificios de las instituciones del Estado. Cómo van a decir que no les estamos prestando atención si no llevan ni siquiera dos o tres horas hábiles del día martes y ya se están tomando las instituciones”.
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Ante esto, la Defensoría del Pueblo de Iris Marín respondió al funcionario del presidente Petro: “desdicen de la voluntad del Gobierno de cumplir con sus obligaciones constitucionales de prevención de la violencia contra líderes sociales”.
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