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El Congreso está evaluando la posibilidad de que uno de los congresistas salpicados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) pueda posesionarse. Se trata del senador electo Wadith Manzur (Partido Conservador), recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía en medio de la investigación en curso.
Así lo confirmó el presidente del Congreso, Honorio Henríquez (Centro Democrático), quien apuntó que la solicitud para que se efectúe la posesión de Manzur fue hecha en el Capitolio, pero está en análisis. De acuerdo con él, “el secretario general [Diego González] está revisando el tema”, pero aseguró que “no es fácil”, pues hay varios temas jurídicos que se tendrían que resolver “para proceder”.
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“Él solicitó que nos trasladásemos allá [al centro de reclusión] y aquí, jurídicamente, estamos revisando el tema para proceder conforme a la Constitución Política”, agregó. Y precisó que este mismo martes tendrán respuesta.
De acuerdo con la Ley 5° de 1992, los congresistas tienen hasta ocho días después del 20 de julio para tomar posesión de su curul. Eso, en todo caso, puede ser objeto de excepciones, solamente si son de “fuerza mayor”, como ya lo contó El Espectador. Por ejemplo, tanto Manzur como otra de las implicadas en el caso de la Ungrd, Karen Manrique —electa por los escaños de las Citrep de Arauca—, pidieron “permiso” ante la Corte Suprema para asistir a la instalación del Congreso.
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En marzo, cuando fue radicada la petición de Manzur, la Corte Suprema no se pronunció al respecto y prefirió enviar una solicitud al Senado. En ella se pidió definir si la medida de aseguramiento preventiva implicaba la imposibilidad absoluta de ejercer o materializar el mandato representativo derivado del voto popular, incluso en ausencia de sentencia condenatoria.
“La Sala no tiene atribuciones consultivas o de emisión de conceptos, no se emitirá pronunciamiento. [...] El despacho remitirá copia de la petición a la Presidencia y la Mesa Directiva del Senado de la República, para lo de su cargo”, asegura la carta enviada por parte de la Corte a Lidio García, entonces presidente del Congreso.
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El pasado 11 de marzo, tan solo tres días después de las elecciones legislativas, el alto tribunal acusó por el delito de cohecho impropio a cinco congresistas, entre los que estaban Manzur y Manrique, así como Liliana Esther Bitar Castilla (Conservador), Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez (ambos del Partido Liberal). Por su lado, el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde) fue acusado de presunta aceptación de dádivas. Todos fueron señalados por supuestamente comprometer su función como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, pero solo Manzur y Manrique recibieron una medida de aseguramiento en centro carcelario.
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