El Congreso no quiere perder protagonismo en un gobierno que, desde el inicio, ha dicho que mantendrá la distancia con las negociaciones en el Capitolio. Con eso mente, ahora le está pidiendo a su interlocutor directo —el ministro del Interior, Rodrigo Lara— que mantenga abiertas las puertas para que ese diálogo se dé con el presidente Abelardo de la Espriella. El reclamo se ha planteado en varias instancias y si bien hay figuras desde el Ejecutivo que quieren acercar a los legisladores, decisiones que vienen directamente desde la Casa de Nariño no han caído bien en esa interlocución.
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Todas esas quejas han llegado al jefe de la cartera encargada de la política. Así ocurrió en la pasada reunión con la Comisión Primera de Cámara y, este martes, se vio una reedición de ese encuentro con sus pares del Senado. Pero en esta ocasión, Lara no contó con el pleno de esa célula legislativa y ni siquiera con la totalidad de la bancada oficialista, pues los tres congresistas del Centro Democrático que hacen parte de ella no estuvieron presentes.
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Allí, el ministro presentó el “ABC Legislativo” —revelado en su integridad hace una semana por El Espectador—, en el que se incluyen el proyecto para convertir a Barranquilla en capital alterna, una nueva versión de la ley de competencias y el paquete de iniciativas para que los congresistas tengan “mayor transparencia”, así como los puntos esenciales del Estatuto Antiterrorista y la Ley de Sometimiento. Del lado de los congresistas hubo ciertas peticiones: una especie de reforma política que toque la doble militancia y una posible cirugía al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Quienes estuvieron presentes en ese encuentro concuerdan en que lo presentado por la Presidencia es “lograble” y “discutible”, y ven con buenos ojos los proyectos que estructuran la política de seguridad del presidente De la Espriella. También señalan que concretar las mayorías no va a ser tan sencillo, ya que entre los partidos que se declararon como oficialistas —y suman más de 180 congresistas— ya hay figuras de la mayoría de las colectividades que buscan ejercer “presión” sobre el Gobierno para que haya “cooperación mutua”.
“Es un tema de empatía. Ni ellos nos eligieron a nosotros ni nosotros a ellos, fueron dos elecciones independientes. Al principio no va a ser fácil construir las mayorías, pero al final van a llegar”, le dijo un congresista de un partido de gobierno a El Espectador.
Los roces entre los oficialistas no son secretos y se calentarán de cara a las elecciones regionales que ocurrirán en poco más de un año. El cruce de mensajes entre el Centro Democrático y las figuras del “abelardismo” —específicamente de Salvación Nacional y Defensores de la Patria— se ha tomado los reflectores desde que el partido uribista logró poner a un integrante de sus propias filas (Honorio Henríquez) como presidente del Congreso. Además, como lo reveló este diario hace 24 horas, los partidos que apoyaron a De la Espriella desde el inicio de la pasada campaña (Defensores y Salvación), a los que se suma Creemos, del alcalde Federico Gutiérrez, trabajan en la unificación de sus personerías para buscar más espacios en la derecha.
Mientras las tensiones siguen aumentando por cuenta de los señalamientos que se han erigido contra el expresidente Álvaro Uribe, este miércoles ocurrirá un primer encuentro entre Lara y la bancada. Eso ya se había dado con las ministras Ana María Vesga (Salud) y Juliana Gutiérrez (Deporte), así como sus pares en las carteras de Ambiente (Fabio Arjona) y Vivienda (Jaime Andrés Beltrán).
Parte de esa cita se concentrará en la posibilidad de “limar asperezas” entre el Gobierno y el uribismo, sobre todo porque esta última es la fuerza política oficialista con el mayor número de integrantes en el Congreso. La expectativa está en si eso se podrá concretar: “Estamos esperando”, es lo que dice una fuente de ese partido sobre cómo serán los diálogos con el ministro encargado de la política.
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En eso también entra el informe que estaba en el orden del día sobre el proyecto presentado por el senador Hernán Cadavid que busca prohibir la reducción de requisitos para ejercer cargos públicos. La iniciativa fue objetada por De la Espriella bajo causales de “inconstitucionalidad” y abrió otro frente de discusión con ese partido. Pero el Gobierno fue derrotado en el Senado tras una votación de 78 contra 4 que respaldó mayoritariamente el informe que determinó que esas objeciones no tenían sustento. Entre esos votos a favor estuvo uno de los alfiles del abelardismo, el senador Enrique Gómez (Salvación Nacional).
Ahora, esta discusión pasará a la Cámara de Representantes, donde el Ejecutivo tendrá que jugársela para conseguir los apoyos suficientes que le permitan obtener un resultado contrario al de este martes. En caso de no lograrlo, el articulado volverá a la Casa de Nariño y, si se vuelve a objetar el texto, la Corte Constitucional tendrá la palabra final.
“No les voy a decir que hablamos todos los días, tampoco, pero cuando yo tengo una idea o alguna inquietud le escribo y él es muy receptivo; y viceversa. De verdad se lo tengo que decir, es un presidente muy abierto al diálogo. Le puedo decir que de toda mi experiencia y de mi trayectoria en el tema de la administración pública, Álvaro Uribe es el que más ha escuchado a los colombianos y veo al presidente Abelardo de la Espriella con una opción de diálogo importante. En lo personal, tengo que decirlo, ha sido muy receptivo”, le dijo a este diario el presidente del Congreso.
Pero esa “receptividad” con la Casa de Nariño la extrañaron los integrantes de las comisiones económicas a la hora de la discusión del presupuesto para 2027. Hace una semana fue aprobado el monto de COP 634,9 billones y con ello entraron de lleno al debate del articulado, que si bien cuenta con el apoyo necesario para aprobar la ponencia, tuvo un freno: la negativa del Gobierno a las cerca de 650 proposiciones que presentaron para modificar la iniciativa. De esas se aprobó una clave: la del senador Enrique Gómez (Salvación Nacional) que busca quitar presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para enviarlo a la judicatura.
La discusión fue tensa, sobre todo cuando se mantuvo la queja de que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, no estuvo presente en todas las sesiones. Ya hay acuerdo sobre la distribución del monto en las comisiones económicas, pero todavía se mueve la posibilidad de que la Presidencia decrete el presupuesto tal y como fue presentado. A ese punto solo se llegaría si, cuando sea la fecha límite para la aprobación (el 20 de octubre), no hay todavía un consenso en las plenarias. Los oficialistas, en todo caso, aseguran estar comprometidos a “ no sacarlo por decreto”.
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En todo caso, sí hay varios puntos en los que concuerdan con el Ejecutivo. La bancada gobiernista ya se ha unido para negar las mociones de censura contra los ministros de Vivienda y de Defensa —sobre este el Senado tomará decisión este miércoles, con las mayorías a su favor—, así como para lograr que De la Espriella se pudiera posesionar en Cali (Valle del Cauca). Incluso, tanto gobiernistas como oposición han reconocido en los ministros una disposición clara al presentarse a los debates de control político y a las citaciones para explicar sus necesidades del presupuesto. Pero la desconfianza todavía permea la relación.
“Es algo de tiempo. El presidente llegó con cierta precaución sobre la relación con el Congreso, pero tiene que entender que no todas las relaciones son clientelares”, le dijo a El Espectador un senador oficialista. El senador Alfredo Deluque (Partido de la U), aseguró: “La relación es exactamente como el presidente la planteó en campaña”.
Lo que ocurra con el presupuesto de 2027 será clave para el rumbo que tome la relación entre el Capitolio y la Casa de Nariño. Aunque siempre se ha hablado de la “luna de miel” de los primeros seis meses, las tensiones ya marcan los lazos entre vecinos. Lara tiene como objetivo mediar unos diálogos “transparentes” y “sobre la mesa”, mientras el Legislativo pide que les den más juego en la negociación.
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