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Luego de que se conociera que dentro del presupuesto de 2027 presentado por el gobierno De la Espriella hay un recorte de 37 % para la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) representado en COP 133.000 millones menos para el próximo año, el Consejo Nacional de Reincorporación Componente Comunes se pronunció y advirtió sobre, lo que consideran, serían las implicaciones de esta decisión para el proceso de reincorporación de quienes dejan las armas.
“A diez años de la firma del Acuerdo de Paz no podemos permitir que la implementación se debilite por falta de recursos, capacidades institucionales o voluntad política”, dijo Laura Villa, vocera del Consejo.
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“Hacemos un llamado al Congreso de la República, al Gobierno Nacional, a la ciudadanía y a la comunidad internacional para defender los recursos y las capacidades necesarias para garantizar la implementación integral del Acuerdo de Paz. El momento de actuar es ahora, la paz no se implementa con recortes, se construye con garantías, recursos y voluntad de cumplir”, precisó.
No obstante, aunque se recortó el presupuesto para la ARN, en el documento que llegó al Congreso si hay varias asignaciones presupuestales que contemplan la implementación del acuerdo. Hay un rubro para la Jurisdicción Especial para la Paz de COP 821.803 millones, lo que implica un aumento del 10,4 % frente a lo que se le asignó en la última vigencia del gobierno de Gustavo Petro.
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Por su parte, la Unidad de Restitución de Tierras tuvo un aumento del 8,8 % en su presupuesto, alcanzando para 2027 una asignación de COP 514.471 millones. En contraste, otras entidades presentan recortes. Es el caso de la Agencia de Reincorporación y Normalización y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que tendrá una reducción del 2,6 %, equivalente a alrededor de COP 5.000 millones.
También resulta relevante que entre las entidades relacionadas con la implementación de la paz contempladas en el nuevo presupuesto no figure la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, cuyo cierre ya había sido anunciado por De la Espriella antes de asumir oficialmente la Presidencia.
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Pese a ello, el documento presupuestal señala que “se viene asegurando que los recursos destinados a la paz sean claramente identificados y transparentes en el presupuesto nacional, facilitando la supervisión y la rendición de cuentas”. En ese sentido, incluye un apartado que “presenta los recursos que se destinan al cumplimiento Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (AFP), por parte de las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación”.
Sin embargo, los recursos destinados a la construcción de paz no se concentran exclusivamente en las entidades especializadas en esta materia. El Gobierno sostiene que otras instituciones con responsabilidades dentro del proceso también contarán con recursos que serán ejecutados bajo este enfoque.
En total, la administración de De la Espriella proyecta destinar COP 20,9 billones al cumplimiento del Acuerdo de La Habana, recursos que serán ejecutados por 48 entidades. De acuerdo con el documento, “De estos, COP 7,54 billones corresponden a recursos de inversión y COP 13,3 billones a recursos de funcionamiento, estos recursos son consistentes con el MFMP y con el Plan Marco de Implementación (PMI)”, se lee en el documento.
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