Los números para la paz en el presupuesto del Gobierno para 2027: ¿a dónde irá la plata?

El presupuesto para la Jurisdicción Especial para la Paz aumentó en un 10,4 %.

Foto: Elizabeth Yarce Ospina

El presidente Abelardo de la Espriella presentó ante el Congreso un presupuesto de COP 636 billones para el año 2027 que deberá ser discutido por legisladoras y legisladores para lograr su aprobación. A la par, el Gobierno -bajo las órdenes del ministro de Defensa, Jorge Mora- viene adelantando una estrategia de seguridad en la que van tres bombardeos en menos de 20 días contra grupos criminales, más de 40 extradiciones y el cierre de tres mesas de diálogos de paz. Su objetivo desde el primer momento ha sido “desmontar” la política de “paz total” que llevó a cabo la administración anterior y enfocarse en una estrategia de choque. ¿Cuánta plata se destinó para la paz en este presupuesto?

Lo cierto es que, dentro de los montos asignados para diferentes entidades que surgieron a raíz del Acuerdo de Paz con las Farc hay tanto aumentos como recortes. En el documento que llegó al Congreso hay un rubro para la Jurisdicción Especial para la Paz de COP 821.803 millones, lo que implica un aumento del 10,4 % frente a lo que se le asignó en la última vigencia del gobierno de Gustavo Petro.

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Esta decisión manda un mensaje respecto a cómo se manejará esta entidad durante el mandado de De la Espriella, algo que ha generado -y sigue generando- inquietudes respecto al cumplimiento de las garantías exigidas tras el acuerdo por parte de excombatientes e incluso del Nobel de Paz, Juan Manuel Santos.

Por su parte, a la Unidad de Restitución de Tierras se le incrementó el rubro en un 8,8 %, por lo que para este 2027 su asignación llegó a los COP 514.471 millones. No obstante, para otras oficinas, como la Agencia de Reincorporación y Normalización se registró una disminución del 37 %, es decir que ahora cuentan con COP 133.000 millones menos. En esta misma línea está la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que presenta una reducción presupuestaria de 2,6 %, es decir al rededor de COP 5.000 millones.

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Además, llama la atención que dentro de las entidades destinadas para la paz del nuevo presupuesto no aparece la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, que De la Espriella ya había anunciado que cerraría -antes de posesionarse- al asumir el poder.

No obstante, dentro del presupuesto sostienen que “se viene asegurando que los recursos destinados a la paz sean claramente identificados y transparentes en el presupuesto nacional, facilitando la supervisión y la rendición de cuentas”. Por esta misma razón se cuenta con un apartado que “presenta los recursos que se destinan al cumplimiento Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (AFP), por parte de las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación”.

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No todo el dinero que irá al trabajo por la paz está alojado en estas entidades especializadas. El Gobierno asegura que también se dispondrá en otras entidades a las que les compete el proceso y que utilizarán recursos con ese enfoque. En total el Gobierno De la Espriella asegura que destinará COP 20,9 billones para garantizar el cumplimiento del acuerdo de la Habana y que serán ejecutados por 48 entidades.

“De estos, COP 7,54 billones corresponden a recursos de inversión y COP 13,3 billones a recursos de funcionamiento, estos recursos son consistentes con el MFMP y con el Plan Marco de Implementación (PMI)”, se lee en el documento.

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El trabajo para la paz estará focalizado, según fuentes le aseguraron a El Espectador, en cumplir lo que por Constitución exige el Acuerdo de Paz, ahora resta ver cuál será el manejo que se le dará a la implementación del acuerdo, algo que desde el gobierno anterior viene presentando problemas, según la Misión de Verificación de la ONU.

Vea el presupuesto explicado por el Gobierno:

Por su parte, lo que no corresponda al acuerdo ya firmado será tratado desde el sector de seguridad, como ya lo había anunciado el presidente incluso desde la campaña. Además, De la Espriella aseguró que piensa llevar a cabo más de diez bombardeos durante los primeros cien días de su gobierno. Como se mencionó, hasta la fecha van tres en los que han muerto alrededor de 32 personas.

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Entre las muertes hay al menos cuatro menores de edad, según Medicina Legal, lo que generó polémica, pero el ministro Mora salió en defensa de la operación y dijo que “eran combatientes” y que el gobierno de De la Espriella “observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución” de la ofensiva. “Todo mi respaldo a las operaciones militares que combaten, con las armas de la República y conforme a la Constitución y la ley, a los grupos narcoterroristas”, aseveró De la Espriella tras las declaraciones del ministro.

En ese sentido desde la Defensoría del Pueblo se dijo: “Tras el reciente bombardeo en El Retorno, Guaviare, en el que murieron tres menores de edad, reiteramos que el reclutamiento está absolutamente prohibido por el DIH y es responsabilidad de los grupos armados que continúan incurriendo en esta abominable práctica. Pero los menores de edad reclutados siguen siendo víctimas, y el Estado debe extremar las precauciones y evaluar alternativas que permitan proteger sus vidas”. Y la organización Save The Children expresó: “Su posible presencia (la de menores) debe preverse antes de cualquier operación militar”.

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