El proyecto de ley presentado por el ministro Montealegre es solo un eslabón en un largo proceso que incluye a las tres ramas del poder y que se extendería por varios meses, como lo define el artículo 376 de la Constitución de 1991. Al respecto, el presidente Gustavo Petro afirmó que “el borrador que hace el ministro de justicia será corregido por las organizaciones sociales que configuren el comité pro constituyente que recogerá las firmas”.
Y agregó: “El texto se presentará al congreso, como ordena la constitución y será de iniciativa popular. Cualquier ciudadano(a), como el ministro de justicia, podrá hacer sus propuestas y estarán subordinadas a la decisión final del comité ciudadano”.
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El primer paso es la aprobación del Congreso de una ley en la que se convoque a la Constituyente. Ese proyecto debe contar con la mayoría de las plenarias del Senado y Cámara y debe especificar: la convocatoria de la asamblea, su número de integrantes, cómo se elegirían, los temas a discutir y la fecha de inicio junto con su periodo. Luego de ello, el presidente debe sancionarla y remitirla a revisión de la Corte Constitucional. Si el alto tribunal la aprueba, la convocatoria debería ser de dos a seis meses después de la decisión.
Incluso, la Constitución indica que en las urnas no se debe preguntar solo si se aprueba o no la convocatoria, sino también incluir un listado de los temas que se tratarán. Y para que tenga validez, la debe aprobar una tercera parte del censo electoral. Es decir, debe tener cerca de 13 millones de votos a favor.
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En todo caso, el presidente Petro ha mostrado su intención de llevar a cabo una constituyente. Incluso, ha dicho en el pasado que buscaría ser uno de los diputados que lleguen a ese órgano temporal para reformar la Constitución de 1991. De allí que la Casa de Nariño esté volcada a lograr llevar a cabo ese propósito, con la antesala de los fracasos en convocatorias populares, como la consulta de marzo pasado que se hundió en el Senado. El pulso arrancará este viernes en la Plaza de Bolívar y tendría un papel clave en los debates de las elecciones de 2026.
La propuesta presentada por el ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, plantea que la Constituyente tenga 71 delegatarios y dure tres meses. Los asambleístas se dividirían así: 44 elegidos por listas nacionales con paridad de hombres y mujeres, dos delegatarios al pueblo afrodescendiente, dos de pueblos indígenas, dos representantes de campesinos, dos de víctimas, dos sindicalistas, dos de jóvenes, dos pertenecientes al pueblo Rrom, dos de pueblos raizales y palenqueros, seis que representen a colombianos en el exterior, dos delegatarias de madres cabeza de familia, y tres personas representantes LGBTIQ+.
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Pero, además, el proyecto de ley le daría facultades extraordinarias al presidente Petro para definir los requisitos de los delegatarios: “Revístase al presidente de la república de precisas facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley para expedir normas con fuerza material de ley en las que precise los requisitos para ser delegatario, la definición de cada uno de los grupos mencionados y las generalidades del mecanismo democrático interno que cada uno de ellos implementará para la presentación de las listas de candidatos correspondientes”.
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