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Mientras en el nuevo Congreso se daban a conocer las nuevas caras de las jefaturas del primer año legislativo, la puja por el lugar de la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, avanzó desde ambas orillas.
La representante Carol Borda, recorrió junto a su bancada los escaños del Congreso para recolectar firmas en la proposición que elaboraron con el fin de lograr que De la Espriella pueda asumir el poder desde una guarnición militar. Durante la jornada, Borda le confirmó a El Espectador que el objetivo era “recoger la mayor cantidad de firmas posibles para una nueva proposición para la posesión del Presidente en el Departamento del Cauca”.
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En este documento indica que “se solicita aprobar el traslado extraordinario y excepcional de la sede del Congreso de la República, para que sesione en pleno en las instalaciones de la guarnición militar que el presidente designe, el día 7 de agosto de 2026, con el fin de llevar a cabo la ceremonia de posesión del Presidente y del Vicepresidente de la República electos para el período constitucional 2026-2030″.
Y agregan “el Presidente electo, señor Abelardo de la Espriella, ha manifestado públicamente su voluntad de que la ceremonia de posesión del 7 de agosto de 2026 se realice en las instalaciones de la guarnición militar que el presidente designe, como acto de reconocimiento institucional a la Fuerza Pública”.
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Por otro lado, el representante Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, aseguró que “con la firma de toda la bancada del Pacto en la Cámara, reiteramos la proposición que ya habíamos presentado a la mesa directiva para que se respete la Constitución: la posesión presidencial debe realizarse ante el Congreso de la República. Defender el poder civil es defender la democracia”.
Por el contrario, esta iniciativa expresa “una preocupación de la mayor trascendencia institucional y solicitar su concurso para preservar uno de los principios esenciales de nuestra democracia: que la posesión del Presidente de la República se realice ante el Congreso, como expresión de la soberanía popular y de la supremacía del poder civil”.
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Además, agregaron: “Queremos insistir, sin ambigüedades, en nuestro respeto por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Los hombres y mujeres que las integran merecen el reconocimiento de la Nación por su servicio al país. Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se adoptaron decisiones concretas para dignificar sus condiciones de vida, entre ellas la nivelación salarial para cabos primeros, segundos y terceros, el incremento del reconocimiento económico para soldados y auxiliares y la recuperación de la mesada catorce para cerca de 244.000 pensionados de la Fuerza Pública. Precisamente por ese respeto consideramos que el mayor homenaje que puede rendírseles no consiste en trasladar a una instalación militar un acto propio del poder civil, sino en preservar el carácter profesional, no deliberante y subordinado a la autoridad civil que les asignan los artículos 188, 189 y 219 de la Constitución Política”.
La decisión respecto a este tema está de lleno en el nuevo Legislativo, algo a lo que ya se ha referido el nuevo presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien sostuvo a El Espectador que “ya hay unas proposiciones radicadas. Estoy viendo para cuándo convocamos o citamos a sesión y ahí la someteremos a consideración. A mí lo que me corresponde es que en el Senado de la República sometemos a consideración las proposiciones que radiquen y allá se abrirá la discusión y se tomará la decisión en el pleno del Senado”.
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