El presidente Abelardo de la Espriella cumplió 48 horas de gestión desde la Casa de Nariño en busca de una ruta que le permita atender la crisis del terremoto del pasado 10 de agosto y otros retos del inicio de su mandato con las herramientas que están disponibles en su despacho. Es así como ya ha logrado cambios drásticos, sin pasar por el legislativo y pese a varios cuestionamientos, que le dan vía libre para mover millonarios recursos que le ayudarán a estabilizar su gestión.
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Este miércoles, durante más de seis horas, mantuvo un cónclave con sus ministros, el primero en la Casa de Nariño, del que resultaron una veintena de actos administrativos que apuntan a diversos frentes. Con la firma de estos decretos, resoluciones y directivas, el mandatario apuesta a poner en orden su administración tras la crisis que desató el terremoto del 10 de agosto y que se sumó a la incertidumbre fiscal que hoy lo tiene pidiéndole al Congreso un presupuesto de COP 634,9 billones para 2027.
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En la Presidencia reconocen que estos no eran los planes iniciales del nuevo gobierno, pues el sismo dejó a un lado la implementación de políticas públicas prometidas en campaña para darle protagonismo a las medidas extraordinarias. El eje de esta movida es una emergencia económica que, con lo acordado este miércoles en el consejo de ministros, ya le dio luz verde para, entre otras cosas, habilitar el mecanismo de obras por impuestos, utilizar los recursos del Fondo Nacional de Pensiones Territoriales y hasta permitir que municipios y departamentos financien proyectos fuera de su jurisdicción. Todo en el marco de la atención a la catástrofe.
Lo que viene ahora, según voces del entorno del mandatario, es acelerar el paso por este camino, lo que inevitablemente tendrá un efecto en el poder legislativo. Pese a que el Gobierno cuenta con mayorías que rondan los 180 congresistas en el pleno, aún no tendrá que activar esa maquinaria, salvo para el caso de presupuesto. La situación quedó evidenciada este mismo miércoles, cuando todos los 18 ministros recibieron la orden de cancelar una jornada de presentación de sus proyectos a radicar en el Capitolio por la reunión en Palacio para la firma de los decretos.
La directriz del jefe de Estado a sus jefes de cartera en la misma cita fue dejar a un lado las cuentas políticas y dedicarse a ejecutar, lo que harán a través de las medidas extraordinarias. “Este es un gobierno que materializa, que hace cosas. Cada peso habilitado debe convertirse en soluciones para nuestra gente, cada herramienta extraordinaria debe traducirse en resultados y cada decisión debe llegar a las familias que hoy esperan que el Estado y el Gobierno les respondan”, dijo De la Espriella públicamente.
La estrategia continuó este jueves, pues el presidente pidió cerrar su agenda para seguir analizando las medidas que se decretarán y para recibir en la Casa de Nariño a varios de los aliados regionales que lo ayudarán a articular los esfuerzos. Uno de los que pasó por su despacho fue el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien precisamente resaltó la firma de los actos administrativos, particularmente el que crea el Fondo Patria Milagro, que debe canalizar todos los recursos, privados y públicos, para la reconstrucción de los territorios afectados.
Otra muestra de que el Ejecutivo no recurrirá al Congreso, al menos durante sus primeros meses, está en la iniciativa decidida de no financiarse con una reforma tributaria, que necesita el visto bueno de los congresistas, sino a través de más deuda. Uno de los decretos firmados en las últimas horas, el 1372, le abre la puerta a la emisión de títulos de tesorería hasta por COP 110 billones, cerca del 17 % de todo presupuesto planteado para el próximo año.
La jugada no pasa inadvertida en la oposición, sector desde el que ya piden escrutinio a los efectos. “Durante la campaña, el presidente Abelardo criticó el manejo de la deuda del gobierno anterior. Hoy, se empeora la perspectiva fiscal que se prometió corregir”, cuestionó el representante a la Cámara Heráclito Landinez, del Pacto Histórico. A estas cuentas se debe sumar que el Gobierno ya recibió US$200 millones de otro préstamo, desembolsado por el Banco Mundial y también con motivo del terremoto.
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El único contrapeso que tendrán estas disposiciones está en la Corte Constitucional, donde el magistrado Juan Carlos Cortés prepara una ponencia para respaldar o frenar el decreto madre que le da vida a los ya firmados el miércoles y a los que se conocerán en las próximas horas. Y es que, además de las críticas al endeudamiento, hay interrogantes sobre los alcances de esta táctica de gobernar con actos administrativos, particularmente en lo que respecta a la transparencia en el manejo de los recursos.
El caso más llamativo es el del Fondo Milagro, creado bajo la emergencia económica, que tiene libertad para contratar bajo las normas del derecho privado y no siguiendo la Ley 80. En los últimos años, Colombia ha vivido casos de opacidad en la contratación en ese tipo de entidades, como el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), creado por la pandemia del covid-19, o el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, a cargo del polémico Ministerio de la Igualdad, hoy en liquidación.
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En paralelo a esta apuesta y a la discusión que generará en las cortes y el Congreso, el presidente De la Espriella busca no descuidar otros frentes, como el de la seguridad, en el cual sigue firmando extradiciones, cerrando los espacios de la “paz total” y ordenando todo tipo de operaciones militares. “En Colombia, los terroristas no van a tener un minuto de tranquilidad”, trinó este jueves.
A esto se suma la agenda internacional, la cual ya recibió un guiño de Estados Unidos con la visita de Marco Rubio, secretario de Estado, a Barranquilla. Por la misma línea, en las últimas horas, la embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araujo, presentó sus cartas credenciales. Y a esto se suma que entre los decretos recién firmados está el que le designa varias funciones al vicepresidente José Manuel Restrepo, entre las que está la de concretar alianzas comerciales con otros países.
El próximo lunes, las comisiones económicas aprobarán un monto final para el presupuesto de 2027, pero más allá de este punto, la agenda de los legisladores no tendrá influencia en las movidas de De la Espriella. Entre tanto, desde la oficina de Andrés Barreto, secretario jurídico de la Presidencia, siguen saliendo decretos y otras disposiciones listas para la firma del presidente y sus ministros.
De la Espriella definió el plan para la reconstrucción
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