El presidente Abelardo de la Espriella anunció la creación de un "Bloque de Búsqueda contra la Corrupción". Será la secretaria de Transparencia, la exmagistrada Cristina Lombana, quien articulará al Ejecutivo con órganos de control para prevenir y detectar posibles irregularidades en el manejo de los dineros públicos. Pero más allá de eso, ¿cómo funcionará esta instancia?
De acuerdo con Lombana, "no sustituirá en manera alguna las funciones de los órganos de control", como la Procuraduría de Gregorio Eljach y la Contraloría de Jorge Eliécer Laverde. Esta instancia, de acuerdo con ella, se pondrá al servicio de esos entes para "la prevención y la detección de los casos de corrupción para que de una manera articulada se puedan entregar denuncias sólidas".
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Y la composición de ese órgano estará dispuesto en esa vía. Además de tener "personal técnico de la Secretaría de Transparencia", también contará con unos "acuerdos interinstitucionales" por parte del Ejecutivo y las "ías". El primero de estos es el C4, que permitirá que los organismos de inteligencia del Estado hagan parte de estas indagaciones.
Sumado a eso, está el que permitirá que los órganos de control puedan articularse con el Gobierno para que la información pueda llegar a instancias judiciales "en debida forma". Pero también se vincularán instancias como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las Cámaras de Comercio, la Registraduría Nacional del Estado Civil de Hernán Penagos y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
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"Y con la Policía Nacional para poder hacer el rastreo de todas estas circunstancias que nos permitan, por lo menos, inferir que hay casos de corrupción", precisó Lombana. Agregó que todos estos procesos permitirán "a los organismos de control tomar las decisiones correspondientes".
La secretaria de Transparencia presentó el bloque el mismo día que el presidente hizo pública una denuncia sobre el traslado de COP 119.000 millones de recursos de regalías de Barrancabermeja (Santander) a FomColombia, un fondo mixto que contrata bajo normas de derecho privado. De acuerdo con el mandatario, esa instancia adjudicó siete procesos contractuales que, según la documentación examinada por el Gobierno, no fueron publicados en el SECOP II.
"¿Por qué se trasladaron estos recursos a un fondo que contrata por derecho privado? ¿Por qué hubo tan poca participación de oferentes? Eso es lo que queremos que la Fiscalía aclare", señaló De la Espriella.
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El jefe de Estado señaló que varias de esas adjudicaciones millonarias coinciden con periodos previos a las elecciones legislativas y presidenciales. Además, seis de los siete procesos tuvieron un único oferente y cuatro de los cinco contratos de obra quedaron en manos de empresas vinculadas con Jorge Humberto Arguello Beltrán, conocido como "El Bachiller". El alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, ha dicho desde entonces que los contratos cuestionados fueron usados para proyectos de energía solar, colegios, vías y redes de acueductos y alcantarillado.
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