El gabinete designado del presidente electo, Abelardo de la Espriella, ya tiene línea para empezar varios movimientos de cara a la posesión del 7 de agosto. Y esto pasa por dos carteras claves: la Cancillería de Omar Bula y el Ministerio del Interior de Rodrigo Lara, que tienen órdenes directas que tocan las demandas contra Israel por genocidio en el territorio palestino y la revisión de contratos de la Unidad Nacional de Protección.
El primer punto fue parte del encuentro entre el ministro designado y su homólogo israelí, Gideon Sa’ar, que tuvo lugar este miércoles en Washington. Por ahí pasó, por ejemplo, un acuerdo sobre la apertura de una embajada de Colombia en Jerusalén y el reconocimiento de esa ciudad como la capital de Israel.
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Y, en una movida que marca de plano el respaldo inequívoco por ese país y que ya había sido revelado por El Espectador, también se habló que Colombia retirará su intervención en el caso promovido por Sudáfrica contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. En el gobierno de Gustavo Petro, el país rompió relaciones y, desde 2024, ha presentado declaraciones en ese mismo órgano respaldando las denuncias.
“La relación histórica que el Gobierno Petro rompió de manera unilateral volverá a fortalecerse. Colombia recuperará sus aliados, su palabra diplomática y su lugar como socio confiable en el mundo”, aseguró el equipo de De la Espriella.
Pero en temas de política interna también hay varias directrices desde la oficina del presidente electo. Una de ellas es para Lara, a quien le ordenó presentar una solicitud formal ante el procurador Gregorio Eljach —con quien se reunió este miércoles— para intervenir “de manera urgente e indispensable en varios procesos” que actualmente adelanta la UNP. ¿La razón? Desde ese equipo consideran que " involucran asuntos de la más alta sensibilidad para la seguridad del Estado, la protección de los derechos fundamentales y la correcta administración de los recursos públicos".
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“La principal preocupación del Gobierno electo se centra en el proceso de Selección Abreviada PSAUNP-054-2026, cuyo presupuesto supera los COP 78.000 millones, mediante el cual se contratará la prestación del servicio de escoltas para las zonas de protección que incluyen al presidente de la República y a los miembros del nuevo gabinete ministerial”, se lee en un comunicado emitido por el equipo de De la Espriella.
Por ello, argumentan que la adjudicación de ese contrato, que ocurriría antes del cambio de Gobierno, “impediría a la administración entrante participar en la revisión de los perfiles, la experiencia, la idoneidad y las condiciones de quienes tendrán a su cargo la protección inmediata del nuevo jefe de Estado y de sus ministros”. A la Procuraduría se le solicitará asumir una “vigilancia preventiva”, requerir el expediente contractual y evaluar la conveniencia de recomendar o solicitar su suspensión preventiva.
“La solicitud también incluye la intervención preventiva del Ministerio Público frente al proceso mediante el cual la UNP prevé proveer más de 5.100 cargos de Oficiales de Protección en provisionalidad, pese a que únicamente cerca de 900 vacantes fueron convocadas mediante concurso de méritos. De igual manera, el presidente electo ordenó solicitar vigilancia preventiva sobre el proceso contractual SC-UNP-050-2026, mediante el cual la Unidad Nacional de Protección busca adquirir 188 botes y 264 motores fuera de borda, destinados a 29 municipios de nueve departamentos del país”, indica el documento.
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Todo esto ocurre, además, en momentos de mucho movimiento en esas mismas carteras. Bula sigue en Estados Unidos acompañando la comitiva liderada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, mientras que Lara está en plenas negociaciones para las presidencias del Senado y la Cámara de Representantes.
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