En medio de los debates que ha planteado el presidente Abelardo de la Espriella sobre el recorte del Estado, hay cifras clave que el Gobierno tiene en cuenta para materializar esa promesa de campaña. De acuerdo con Función Pública, son 1′422.061 personas las que están registradas como servidores públicos y más de la mitad de ellos (53 %) corresponde a funcionarios cuyo sueldo sale directamente del Ejecutivo.
La mayor parte de esos trabajadores, con corte de 2026, es el personal uniformado (417.013), seguido por los docentes (338.623) y los empleados públicos (201.723). El primero depende del Ministerio de Defensa únicamente y el segundo, del Ministerio de Educación.
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Todas esas cifras han venido creciendo en los últimos años. Sin embargo, la rama de uniformados tuvo una disminución significativa de 2016 hasta 2023, pero volvió a crecer en 2024. Ahora, en 2026, superó por primera vez la cifra de hace 10 años, cuando estaba en 410.243.
Algo similar ocurrió entre los trabajadores oficiales. En 2020, se reportó una disminución importante en el número de estos funcionarios, pues pasó de 23.237 en 2019 a 16.796 en el año siguiente. Pero, en este momento, esa cifra superó todos los reportes históricos y subió a 23.949.
Todos esos números corresponden directamente al Gobierno nacional, pero Función Pública también presenta cifras de otras ramas. En el orden territorial son 303.952, en la rama judicial —es decir, juzgados y cortes— son 65.829, en los entes autónomos son 61.389, en los órganos de control —como la Contraloría y la Procuraduría— son 23.973.
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A partir de allí, los números bajan significativamente. En la organización electoral, que comprende tanto la Registraduría como el Consejo Nacional Electoral hay 4.332; en la rama legislativa —es decir, el Congreso— son 3.198; y en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, donde está la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), son 2.029.
¿Qué ha dicho el presidente De la Espriella sobre el recorte del Estado?
Desde su campaña, el presidente prometió que materializaría el recorte del Estado. A la fecha, no se ha concretado ninguna de las medidas que anunció en ese momento, pero sí envió la orden a todos sus funcionarios para revisar punto a punto la contratación en cada entidad y ver cómo puede comenzar a realizar ese “tijeretazo”.
Parte de eso está enfocado en el cierre de embajadas y fusión de misiones diplomáticas. Las que cerrará están en Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica. Pero, sumado a eso, dijo que reabriría la que está en Israel, pero la trasladaría desde Tel Aviv a Jerusalén.
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“Colombia necesita una diplomacia que sea moderna, eficiente y al servicio de los intereses nacionales, no de la politiquería y de la burocracia. Nosotros no podemos mantener una estructura tan costosa que no produce resultados concretos para el país”, dijo el presidente en su momento.
Ese recorte también está entre las instituciones relacionadas con la paz. De la Espriella también ha dicho que el despacho del alto comisionado para la paz pasará a ser la Consejería de Seguridad y abarcaría entidades como la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Incluso, absorbería a la Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia para la Reincorporación y Normalización. Por ahora, no hay un nombramiento oficial para ninguna de esas oficinas.
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