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La agenda que Abelardo de la Espriella tenía planeada para iniciar su gobierno cambió en cuestión de minutos y se sigue moviendo de manera agitada tras un mes de su posesión. El primer lunes de su mandato, cuando se preparaba para iniciar varios recorridos por la región, un terremoto de magnitud 7,4 lo sorprendió a él y a todo el país. La emergencia, que ha dejado 331 personas fallecidas, lo obligó a trasladarse, junto a su equipo, para entonces aún incompleto, por los departamentos y ciudades más afectados.
En el marco de esta catástrofe, el presidente declaró la emergencia económica, anunció subsidios y alivios tributarios para los damnificados y convocó al sector privado para la reconstrucción. Precisamente, este lunes está en Chocó junto a varios empresarios para avanzar en esa ruta. Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés son algunos de los llamados “cacaos” que lo acompañan.
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La atención de la emergencia también implica la creación del llamado “Fondo Milagro”, que aún no entra en funcionamiento, pero que ya cuenta con un gerente, Jaime Uribe. Este fin de semana, durante una visita a Buga, el jefe de Estado anunció un plan de reactivación económica para las regiones afectadas por COP 40.000 millones para microempresas, comercios y actividades turísticas afectadas.
“La dimensión de la destrucción es inmensa, pero más grande será nuestra determinación para reconstruir a Colombia”, dijo el presidente en su última alocución. La fase en la que avanza el Gobierno incluye la recuperación de la infraestructura pública, la reactivación del campo y la construcción de soluciones de vivienda para las familias que perdieron sus hogares. Según dijo, en este proceso ninguna familia afectada se sentirá abandonada y menos quienes aún buscan a sus seres queridos.
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Sobre este primer mes de gobierno, el vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que se inició una nueva era para el país. “Durante este mes, el liderazgo del presidente nos ha permitido responderle a nuestra gente damnificada, y en simultáneo seguir avanzando como nación. Colombia tiene un gobierno que está construyendo con el corazón la Patria Milagro y no nos detendremos hasta lograr este objetivo”, dijo.
El segundo foco de las actuaciones del gobierno ha estado orientado a la seguridad, pues, como desde el mismo Ejecutivo lo señalaron, la atención del terremoto no dejará a un lado esta prioridad de la campaña. Durante estos 30 días, el presidente ha anunciado importantes bajas de jefes de organizaciones criminales, como la de alias “Bendito Menor”, quien delinquía, como parte de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, en buena parte de La Guajira.
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Esta apuesta se complementa con la firma de extradiciones, varias de estas a Estados Unidos por el delito de narcotráfico. El mandatario ya firmó órdenes sobre cabecillas como alias Araña (Geovanny Andrés Rojas), de la disidencia Comandos de la Frontera y quien es pedido por la justicia de ese país por narcotráfico. Lo propio hizo con alias “Mocho Olmedo” (Willington Henao Gutiérrez), “Muñeca” (Carmen Evelio Castillo), “HH” (Gabriel Yepes Mejía) y “Pinocho” (Fredy Castillo).
A esto se suma que tras varios atentados con explosivos en diferentes regiones del país, el gobierno anunció que intensificará la ofensiva contra los grupos armados y organizaciones criminales con el eje de un estatuto antiterrorista que será puesto a discusión en el Congreso. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que el estatuto contempla crear una lista de esos grupos y darle luz verde a unas herramientas más potentes en materia jurídica para combatirlos. Así mismo, explicó, se contempla fortalecer las labores de inteligencia militar y crear órganos nuevos órganos en la justicia que estén enfocados en estos grupos.
Por la misma línea, en las últimas cuatro semanas se ha desarmado el andamiaje de los diálogos de paz con grupos armados y otras organizaciones ilegales. De acuerdo con el jefe de Estado, esa vía ya quedó “agotada” y solo queda el sometimiento a la justicia. Por esta razón, a través de varios actos administrativos, el Gobierno canceló varias mesas de conversación y anuló las delegaciones del gobierno y de los grupos involucrados, entre estos las disidencias de alias “Calarcá” y las bandas de Medellín y su área metropolitana.
Estos dos frentes (terremoto y seguridad) se chocan de frente con el tercero: las finanzas públicas. Bajo la promesa de no aumentar impuestos y la tarea de conseguir más de COP 30 billones para la atención del sismo, la Presidencia busca que el Congreso le apruebe un presupuesto de COP 634,9, billones para 2027. La cifra ha generado críticas en el Congreso, pero Hacienda responde que era necesario “sincerar” las cuentas que dejaron Petro y su equipo.
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