El giro en el manejo de la política exterior de Abelardo de la Espriella tiene un capítulo especial a nombre de Estados Unidos. Por ello es que en las últimas horas se han concretado varias movidas que reafirman que buscan más guiños de la Casa Blanca de Donald Trump y el Ejecutivo ha emprendido operativos más fuertes contra las disidencias y los acercamientos que permitirían, eventualmente, las operaciones conjuntas con tropas estadounidenses.
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No es casualidad que el mismo día que el jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Francis Donovan, pisara territorio colombiano, se oficializara el cambio en la cúpula militar, así como las cinco extradiciones que firmó el mandatario junto a su ministro de Justicia, Iván Cancino. Incluso, este jueves se reunió con el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, y el comandante de las Fuerzas Militares, el general Erick Rodríguez, en Tumaco (Nariño), una de las zonas estratégicas para las rutas de la droga en Colombia.
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“Enviamos un mensaje inequívoco. Los espacios de diálogo y de falsa paz no son refugios judiciales y la paz no será en nuestro gobierno una patente de corso para delinquir”, aseguró el jefe de Estado.
Con eso, se confirmó el traslado de los capturados Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, de los Comandos de la Frontera; Willington Henao, alias “Mocho Olmedo”, de las disidencias de alias “Calarcá”; y Carmen Evelio Castillo, alias “Muñeca”, de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). También fue avalado el de Gabriel Yepes Mejía, alias “HH”, de los Comandos del Sur; y Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, de las ACSN, quienes todavía no están en manos de la justicia.
Todos esos jefes criminales fungieron como “negociadores” en la política de paz total de la administración de Gustavo Petro, una iniciativa que De la Espriella busca desmontar por completo. Y eso también toca la relación con Estados Unidos, que nunca vio con buenos ojos esa estrategia de seguridad y que cuestionó por la falta de persecución contra grupos armados ilegales.
Por allí pasa, por ejemplo, la descertificación de Colombia, por primera vez en 30 años, en materia de lucha contra las drogas para estas fechas el año pasado. En ese momento, la decisión fue calificada como “política” por la Casa de Nariño de Petro y, si bien no tuvo repercusiones en la financiación al país para los temas de seguridad, sí marcó un precedente en los lazos bilaterales. La expectativa está en si este año, con un giro total en el manejo del Estado colombiano, la Casa Blanca cambiará de parecer.
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Precisamente, en la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 de Estados Unidos, Colombia tiene una mención explícita. Allí se detalla que el gigante norteamericano usará todas las herramientas para que los países desde los que operan las redes de narcotráfico tomen medidas contra la producción de drogas y, en esa vía, se indica que será una prioridad que Bogotá actúe para reducir los cultivos de uso ilícito y desarticular los grupos criminales. Es decir, resultados tangibles que vayan en línea con la política de seguridad estadounidense.
De acuerdo con fuentes de la Cancillería, “todavía no hay una directiva oficial” en torno al tema de la descertificación, pero las movidas del ministro de Defensa están allanando el camino para otro tema clave: el de la posibilidad de que comiencen los operativos conjuntos con tropas estadounidenses en territorio colombiano. Eso está directamente conectado con la próxima parada de Donovan en la región: Ecuador. El ministro ecuatoriano de Defensa, Gian Carlo Loffredo, aseguró que espera dialogar con el jefe del SOUTHCOM sobre ese tema y reveló que ha hablado directamente con el ministro Mora sobre “operaciones sostenidas en el cordón de frontera norte [ecuatoriana]”.
La adhesión de Colombia al Escudo de las Américas a inicios de agosto le abrió la puerta a esa posibilidad, aunque todavía no se conoce en su integridad el documento que fue firmado, ni lo que permite. En todo caso, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez (Centro Democrático), dijo que ve con buenos ojos que el Gobierno endurezca los operativos contra los grupos terroristas, pero la intervención de tropas extranjeras en Colombia tiene que pasar primero por la aprobación del Legislativo. Por su lado, la oposición califica estos operativos como una pérdida de soberanía frente a EE. UU.
De todo eso también se encargará María Consuelo Araújo, quien fue la primera embajadora ratificada vía decreto del gobierno De la Espriella. La excanciller y exdirectora de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) —quien además es hermana de Sergio Araújo, una de las figuras más cercanas al mandatario desde la campaña— aterriza en el cargo con un enfoque comercial y la tarea de mantener el diálogo bipartidista en ese país. También tiene en sus manos la planeación del que sería el primer encuentro entre De la Espriella y Trump, así como la reducción de los aranceles impuestos, algo en lo que también trabaja en el ministro de Comercio, Mauricio Gómez.
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Pero lo primero que tendrá que finiquitar esta administración es la participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, que tendrá lugar el 8 de septiembre. El mandatario ha dicho que no hará viajes internacionales, por lo que sería el vicepresidente José Manuel Restrepo quien encabece esa comitiva. También estarían el canciller Omar Bula —quien se reunió esta semana con el embajador rabino Yehuda Kaploun, el Enviado Especial del Departamento de Estado para Monitorear y Combatir el Antisemitismo— y el embajador designado de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona, quien todavía no tiene nombramiento en firme.
Mientras eso se concreta, el Gobierno está enfocado en seguir mostrando los resultados de sus operativos militares y en atender la crisis causada por el terremoto. Más de USD 1.000 millones serán entregados a Colombia en el marco del llamado “Plan Patriota 2.0”, enfocados en temas de seguridad y de desarrollo, y con eso en mira es que el despacho presidencial seguirá buscando mejorar la interlocución con Estados Unidos.
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