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Debate de control político sobre feminicidios, opacado en el Congreso

Aída Avella, senadora por la lista de los Decentes, y Adriana Magali Matiz, representante del Partido Conservador, reclamaron la inasistencia de los jefes de las carteras que tienen responsabilidad en el tema de violencia contra la mujer.

Laura Ospina - @LaurisOspina

05 de junio de 2019 - 07:47 p. m.
Adriana Magali Matiz, representante del Partido Conservador, y Aída Avella, senadora por la Lista de los Decentes, pidieron al Gobierno mayor compromiso para enfrentar el aumento de los feminicidios durante lo que va del año. / Izquierda: Twitter oficial de la representante. Derecha: EFE
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Este jueves la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer llevó a cabo el debate de control político sobre la violencia contra la mujer y los feminicidios, promovido por  las senadoras Aída Avella (Decentes), Victoria Sandino (FARC) y Ana María Castañeda (Cambio Radical), y las representantes Mónica Valencia (la U) y Adriana Magali Matiz(Conservador).

Para las congresistas, el aumento de crímenes contra la mujer es un tema que no da espera, según expresaron en el debate. Sin embargo, muchos de los citados no asistieron al espacio y otros mandaron delegados que no tienen la facultad de tomar acciones frente a estos casos. Tal fue el caso de los ministros María Victoria Angulo, de Educación; Margarita Cabello, de Justicia; José Manuel Restrepo, de Comercio, Guillermo Botero, de Defensa; Juan Pablo Uribe Restrepo, de Salud, quienes no hicieron parte del encuentro.

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Fueron invitadas entidades como la Consejería presidencial para la equidad de la mujer, la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación a las Víctimas, y la Procuraduría General de la Nación. De estas, participaron de la discusión política sus coordinadores o asesores, pero no los directores, quienes fueron los convocados. Jaime Camacho, vicefiscal general sí asistió.

En ese escenario casi desierto, las congresistas abordaron el tema. “Nos alarma el panorama nacional. Nos impresiona. Nos sentimos impotentes. Todos los días tenemos mujeres bajo tierra. En el mes de mayo, 42 mujeres fueron asesinadas. Lo que va de junio van cuatro”, expresó Ana María Castañeda. A la par, la senadora pidió que haya más claridad sobre esas cifras que presentan diferentes entidades sobre los asesinatos a mujeres y las denuncias por violencia en contra de ellas.

“Queremos esclarecer cifras. No hay concordancia entre ellas. Medicina Legal da unas, la Fiscalía y el Gobierno dan otras. Queremos saber sobre cada una de las mujeres que ha fallecido en este país y que no queden personas impunes. Queremos la verdad absoluta”, manifestó. Y en efecto fue así. Mientras Claudia Adriana del Pilar García, directora de Medicina Legal, puntualizó que han sido asesinadas 37 mujeres de lo que va corrido del año, la Fundación Feminicidios Colombia destacó que son 104.

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Sumado a eso, la representante Adriana Magali Matiz enfatizó en que la violencia intrafamiliar también debe ser rechazada y atacada, pues las mujeres que sufren abusos por parte de sus parejas terminan, por lo general, siendo casos de “feminicidios”. “Según la Fiscalía de 2010 a 2018 se encontraron 612.000 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales el 81% tuvieron como víctima a la mujer. Y, de 2010 a 2019, esa misma entidad investigó más de 800.000 casos por delito de violencia intrafamiliar. Sin embargo, solo están activos, es decir, avanzando en el trámite, 170.000. El resto están inactivos. Le pedimos celeridad a la Fiscalía”, manifestó Matiz.

Las cifras, sin embargo, son solo el resultado más visible de la desarticulación de las entidades encargadas de rodear los abusos que viven las mujeres y que, sin una estrategia de prevención, desemboca en los feminicidios. Así lo dejó saber la comisión que realizó este debate. Las congresistas señalaron que, entre los esfuerzos que se deberían hacer para enfrentar este fenómeno, faltan campañas educativas que le enseñen a la ciudadanía que agredir a una mujer es un delito y eso, por ejemplo, es una acción que debería llevar a cabo el ministerio de Educación.

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“Sin cifras reales no se pueden crear políticas públicas efectivas. En términos reales, es una ineficiencia del Estado porque no hay una ruta unificada entre los ministerios que que enfrente el fenómeno, no tanto para ser investigado y juzgado, sino para prevenir de que suceda. Por ejemplo, la cartera de Justicia le dicta a los operadores judiciales a que se adecuen de manera diferencial para atender esto y manejarlo de una forma distinta penalmente. Pero, ante la carga laboral, según nos dice ese ministerio, no miran los homicidios a mujeres con criterios unificados que identifiquen cuáles fueron en efecto feminicidios”.

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Sobre el caso del Ministerio de Justicia, Camacho también aseguró que, además de ese esfuerzo que ellos hacen, necesitan el apoyo no solo del Ministerio de Educación para generar estrategias de prevención, sino de entidades como el Instituto de Bienestar Familiar.

“Ese ministerio nos dijo que el ICBF tampoco hace un trabajo articulado porque solo centra su atención en los niños, no en los problemas intrafamiliares que afectan a la mujer. Y el Ministerio de Defensa nos explicó que ellos solo atienden los casos que involucran a los militares. Así las mujeres van quedando a la deriva”.

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Y, si bien existen rutas de atención para darle un conducto regular a estos casos, tiene factores que lo hacen irregular. La Comisión de la Equidad de la Mujer recordó que cuando se atenta contra la integridad de una mujer, la respuesta del Estado en las regiones empieza por la comisaría de familia que atiende en caso y luego se migra a medicina legal y a la Defensoría del Pueblo.

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Sin embargo, la dificultad inicia desde esa primera instancia pues en las zonas apartadas del país, por lo general el comisario no tiene un criterio amplio para identificar las agresiones en contra de las mujeres de su pueblo para analizar sus casos, según reiteró la comisión.

Por esa realidad es que las legisladoras pidieron un trabajo en conjunto de las entidades y a las afueras de la sala se cuestionó, incluso, que la vicepresidenta, que ha sido una defensora férrea de los derechos de la mujer, no esté al tanto de estos encuentros.

Por su lado, Aída Avella mencionó que no quedó satisfecha con el debate porque no asistieron a las cabezas de las carteras del Gobierno: “Pedimos que los ministerios y las entidades que brindan atención cuando una mujer es agredida humanicen su servicio. No es posible que la línea 555, destinada orientar a las mujeres víctimas de violencia -lanzada por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer- no sirva. Hicimos el ejercicio durante el debate, hemos estado llamando tres horas y no contestan. Una mujer que es golpeada no tiene muchos segundos para hacer esa llamada. Entonces, ¿De qué sirve?”.

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Por Laura Ospina - @LaurisOspina

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