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“Es abiertamente inconstitucional”: gobernadora Toro sobre emergencia económica de Petro

En una entrevista exclusiva con El Espectador, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, explica las razones por las cuales 18 departamentos del país se han opuesto al decreto de emergencia económica presentado por el presidente Petro. La gobernadora advierte un golpe a las finanzas regionales y un posible aumento del contrabando.

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17 de enero de 2026 - 12:59 a. m.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dialoga con El Espectador sobre la rebelión de los gobernadores ante la emergencia económica del presidente Petro.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, dialoga con El Espectador sobre la rebelión de los gobernadores ante la emergencia económica del presidente Petro.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
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¿Por qué han decidido tomar esta vía de no aplicar los impuestos que propone el Gobierno Nacional dentro de la emergencia económica?

La medida es abiertamente inconstitucional. Las rentas de los licores y cigarrillos son rentas cedidas por la Constitución a los departamentos. Resulta que ahora los recursos del impuesto se van a venir para el Gobierno central en lugar de convertirse en rentas cedidas; prácticamente nos quitan esa renta para llevársela a la nación.

Esto nos afecta directamente porque hoy ya enfrentamos un grave problema de contrabando, tanto en licores como en cigarrillos. En el caso del cigarrillo, el contrabando es tan alto que nuestras rentas han disminuido ostensiblemente, al punto que hemos tenido que usar rentas propias para pagar lo que giramos al régimen subsidiado. Tenemos una disminución de aproximadamente el 40 % en la renta de cigarrillos. Si nosotros aumentamos un impuesto, habrá más contrabando y, por ende, menos recursos para salud, educación y deporte en el departamento.

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¿Qué acciones concretas han decidido tomar los gobernadores?

Hemos propuesto presentar un documento de intervención de los gobernadores ante la Corte Constitucional para exponer nuestra postura.

Debido a la inconstitucionalidad de la medida, podemos no ejecutar el decreto hasta que la Corte se pronuncie al respecto. La Federación de Departamentos está trabajando con constitucionalistas para darnos las bases jurídicas necesarias para actuar, especialmente en lo que respecta al impoconsumo. Finalmente, interpondremos tutelas por la vulneración de derechos fundamentales como la salud y la educación.

Hablando en términos económicos, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Tienen una cifra global o específica para el Valle del Cauca?

Si se aumenta el impuesto, el valor de las botellas subiría considerablemente; por ejemplo, una botella podría pasar de COP 40.000 a COP 70.000, lo que desplaza el consumo hacia el contrabando. En cuanto al recaudo, aunque todavía estamos en el proceso de cálculo, para nuestra licorera esto representaría una pérdida de al menos COP 30.000 a COP 40.000 millones. En el caso de Antioquia, la cifra asciende a los COP 200.000 millones. Es un mundo de plata.

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Ustedes decidieron que no van a aplicar estos impuestos al tabaco y al licor. ¿Van a seguir costando estos productos en sus departamentos?

Sí, simplemente no vamos a aplicarlos.

¿Saben cuánto pretende recaudar el Gobierno Nacional con estos aumentos?

No tenemos esa cifra. El decreto se emitió sin un sustento claro que nos permita saber cuánto esperan recaudar.

El ministro Armando Benedetti ha mencionado que esta postura de ustedes podría considerarse una “usurpación de funciones” y que incluso podrían enfrentar sanciones o cargos por prevaricato. ¿Qué opina sobre estas advertencias?

Nosotros ya tomamos una decisión sobre la base jurídica en que la medida es inconstitucional y nos afecta a nosotros. Vamos a sustentar esto jurídicamente con el apoyo de constitucionalistas.

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¿Qué departamentos se oponen a esta medida?

En la reunión estuvimos 18 departamentos y todos votamos a favor de esta posición. Entre ellos estaban Chocó, Meta, Boyacá, Nariño, Antioquia, Atlántico, Caldas, Caquetá, Guainía, Valle, Tolima y Huila. Aunque no todos asistieron a la reunión por diversas razones, se llamará a los demás para informarles que la mayoría votaron por estas decisiones.

¿Hubo algún choque directo con el Gobierno en la reunión?

No, pero el punto es que el Gobierno Nacional, al realizar cualquier acción, debería tener en cuenta a los implicados. No es posible que nosotros, que somos las regiones, no seamos consultados para evaluar los efectos negativos. Solo piensan en cuánto recauda el Gobierno Central, cuando la idea es cómo lograr un diálogo constructivo entre las regiones y el Gobierno nacional.

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¿Qué opina sobre la Ley de Competencias que radicó el Gobierno en diciembre?

Lo poco que hemos leído nos empeora la situación. Es un proyecto muy álgido y difícil que requiere mucha responsabilidad y estudio. No puede aprobarse “así por así”; lo que presentaron no es lo que solicitamos. Le triplican las competencias en comparación con los recursos que van a girar; vamos a quedar con las mismas o peor.

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