¿Cuáles son las principales conclusiones del 13° Congreso Nacional de Autoridades Territoriales de Tránsito, Transporte y Movilidad?
Este es el Congreso Nacional de Autoridades de Tránsito. Es el único espacio que reúne a todas las autoridades y actores de la seguridad vial en Colombia y nos permite no solo integrarnos, lo cual es fundamental, sino también compartir experiencias de cómo en un municipio se logran bajar las cifras de víctimas, como también nos permite compartir todo lo que se está haciendo a nivel de reglamentación y normatividad y enriquecer esas propuestas. Y también oponernos a otras. Pero adicionalmente, es un espacio donde se eligen a los secretarios y directores de tránsito que llevarán la representación ante el Gobierno Nacional y el Congreso.
¿Cómo es la interlocución de los municipios con el Gobierno del presidente Gustavo Petro?
La interlocución con el Gobierno Nacional ha sido históricamente una buena relación. En estos eventos siempre hace presencia el Gobierno. Hay un buen diálogo con los sectores que tienen que ver con los gobiernos locales. Lamentablemente, la interlocución no se ha traducido en transferencias de recursos, como requieren los municipios para complementar y ejecutar los planes de desarrollo.
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¿Y con el Congreso?
La relación es más fluida. A fin de cuentas, los parlamentarios se deben a las comunidades que los eligen y mantienen su compromiso de apoyar a los gobiernos locales para mejorar sus condiciones.
Habló de la transferencia de recursos. Recientemente se reformó el Sistema General de Participaciones (SGP), ¿cómo reciben esa propuesta? Teniendo en cuenta que aún falta la ley de competencias.
La reforma del SGP ha sido una lucha de muchos años para lograr que la participación en los ingresos corrientes sea mayor. Su aumento será de manera escalonada. Pero la reforma está condicionada a aprobar una ley de competencias y en estos momentos estamos tratando de que el Gobierno presente sus propuestas y, cuando lo hagan, presentaremos las nuestras.
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¿Y les han dado respuesta?
Para nosotros es fundamental que se apruebe lo más rápido posible, porque las consecuencias del proceso electoral pueden afectar al proyecto de ley. Pero estamos luchando para que la reforma se materialice.
¿Cuáles son las propuestas de la Federación para la ley de competencias?
Lo que quisiéramos es que hubiera más autonomía. Y autonomía es que garanticen que los recursos se puedan ejecutar de acuerdo a cada necesidad. No será posible, porque estamos amarrados a ciertos porcentajes, pero lo que queda sí quisiéramos que llegara a los municipios y se ejecutara con mayor autonomía.
Está demostrado que los países más desarrollados del mundo tienen más autonomía y descentralización, porque permiten que los gobiernos locales, como presencia más cercana del Estado y conocedores de las necesidades de la población, respondan con los recursos a los problemas particulares de cada municipio. Mientras haya recursos, que lleguen a través del SGP, mientras logremos que los municipios tengan mayor autonomía fiscal y mientras tengamos claras las competencias, de esa manera podemos cerrar muchas brechas que está sufriendo el país en todos los órdenes.
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Hablemos de seguridad: ¿qué ha ocurrido en el actual Gobierno para que haya crisis en zonas como el Pacífico? ¿Qué diagnóstico tiene Fedemunicipios?
Seguramente, de buena fe, el Gobierno Nacional se equivocó al apostar por la paz total. Y para garantizar que los diálogos llegaran a la paz, se flexibilizaron y se relajaron estrategias que la Fuerza Pública estaba implementando para controlar a los violentos. Pero esta gente no solo traicionó la buena fe, sino que se aprovechó de la debilidad y vulnerabilidades que se le crearon a las fuerzas armadas y por allí se metieron, cooptando nuevos territorios.
Entendidas las causas, ¿ha sido suficiente la respuesta y el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales?
Los alcaldes son jefes de Policía, pero no de la Policía. El alcalde puede solicitar que se adelanten programas de prevención, pero si la Policía no tiene los recursos ni el número de hombres necesarios, si el Ejército se ve maniatado o con menos posibilidades de actuar, los alcaldes y gobernadores se quedan impotentes.
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