Poco antes de que se dé el primer encuentro entre el Gobierno saliente y el entrante para iniciar el empalme de transición, programado para el próximo jueves, se comienzan a vislumbrar las primeras diferencias de fondo entre el mandato de Juan Manuel Santos y el próximo de Iván Duque, las cuales dejan en evidencia que entre ambos hay asuntos absolutamente irreconciliables. Es lo que ha venido pasando esta semana en el Congreso —la última de este período legislativo—, en la discusión de las reglas de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Y el mensaje fue claro: “Si no se aprueba mañana, convocaré a extras. La paz tiene que estar por encima de cálculos políticos”, advirtió hoy Santos ante la propuesta de aplazar de manera indefinida el proyecto reglamentario de dicha jurisdicción.
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Al final, el pulso lo está perdiendo el primer mandatario con los 43 votos que le dieron el triunfo al recién electo Duque, frente a su propuesta de no hacer la discusión mientras la Corte Constitucional no se pronuncie sobre la exequibilidad de la ley estatutaria de la misma JEP. Un asunto que para el Gobierno no tiene conexión a la hora de darle el sí a la iniciativa. No obstante, lo que está de fondo, según han alertado algunos legisladores amigos del Acuerdo de Paz, tiene que ver con la gobernabilidad que se le configuró a Duque en el Capitolio y que, por lo visto, ya empezó a funcionar a toda máquina antes de su posesión.
De hecho, esa fue la gobernabilidad que defendieron este martes los senadores —de nuevo uribistas— al reivindicar los más de 10 millones de votos que lo eligieron como el nuevo mandatario de los colombianos. “Respeten esa voluntad. ¿Por qué insisten en tomar el atajo de burlar la Constitución Política de Colombia?”, dijo airado el congresista del Centro Democrático Jaime Amín. Postura a la que adhirió el senador del Partido de la U, y antiguo aliado de Santos, Manuel Enríquez Rosero. Si bien aclaró que no desconoce que al presidente saliente le queda poco más de un mes para abandonar la Casa de Nariño, “tampoco se puede desconocer el mandato de los que aceptaron la propuesta del presidente electo cuando manifestó que va a hacer correctivos al Acuerdo de Paz”.
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Pero el asunto no sólo se quedó en el Senado, con escasos 25 apoyos que aún levantan la bandera de la paz. La dilación sobre las reglas de la JEP quedó en evidencia también en la Cámara de Representantes. Hoy se reunió un grupo de congresistas en una subcomisión conformada para estudiar los artículos que faltan por aprobar, pero la propuesta inicial, a todas luces, parecía desconocer que el presidente sigue siendo Santos. Inicialmente se planteó la posibilidad de que a ese encuentro asistiera Iván Duque. ¿El primer triunfo del uribismo como nueva bancada de gobierno? “De ninguna manera, porque ya se aprobaron 54 artículos y lo que pretendían algunos era aplazar indefinidamente esta discusión”, atinó a decir el presidente de la corporación, el representante de Cambio Radical Rodrigo Lara.
Lo que viene ahora, en efecto, es convocar a sesiones extras por el tiempo que sea necesario hasta que el Congreso decida legislar a favor de la que ha sido llamada la columna vertebral de lo que se pactó con la desarmada guerrilla de las Farc. Si mañana no hay discusión y aprobación, el as bajo la manga al que acudirá el Gobierno son dos sentencias de la Corte Constitucional —ya mencionadas— que defienden el mensaje de urgencia y de insistencia con que son radicados algunos proyectos de iniciativa del Ejecutivo, como la ley de procedimiento de la JEP.
“La presentación de un mensaje de urgencia por el presidente de la República no confiere a los congresistas una facultad para resolver si atienden o no el llamado gubernamental de tramitar con mayor rapidez un proyecto de ley, sino que comporta una obligación ineludible, que deben cumplir, so pena de sanción”, dice una de esas sentencias. Y así les advierte a los legisladores que al hacer caso omiso al llamado que hizo el presidente, podrían resultar investigados y sancionados disciplinariamente. Además, cuando los proyectos son radicados bajo este rótulo, el Congreso cuenta con un plazo máximo de 30 días para darles vía libre.
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Desde la perspectiva del ministro del Interior, Guillermo Rivera, los principales afectados con la decisión del Senado son las víctimas del conflicto armado y los miembros de la Fuerza Pública que han recobrado su libertad para acogerse a un sistema aún sin reglas para su funcionamiento. “El Gobierno deplora que las mayorías del Congreso no quieran apostarle a la paz”, señaló. Lo claro es que lo que está a prueba en los próximos días, evidentemente, es el pulso entre la oposición a Santos que se prepara para gobernar y la soberanía de un presidente aún en ejercicio, pero ya sin aliados en el Capitolio.
El senador Armando Benedetti atribuyó la responsabilidad de la crisis en torno a la implementación de lo acordado en Cuba al mismo Santos. “Desde diciembre ha tratado con desdén el Acuerdo de Paz. Sólo se pronunció cuando el barco estaba hundido. Ahora toca pedirle que empiece a pensar en usar el estado de excepción para sacar por decreto la reglamentación de la JEP”, dijo. Habrá que ver si, en efecto, como lo dijo la senadora de la Alianza Verde Claudia López, prima la coherencia, pues los propios uribistas eran los que pedían a gritos una reglamentación propia para que los magistrados de la JEP no actuaran a su libre albedrío y sin claridad, especialmente en casos como el de Jesús Santrich. De momento, el marcador indica un punto para Duque y cero para Santos.