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Quien llegue a la Presidencia en agosto tendrá en sus manos un reto decisivo: recuperar la educación como verdadera herramienta de movilidad social. Para lograrlo, deberá enfrentar dos prioridades inaplazables: garantizar que niños, niñas y jóvenes permanezcan en el sistema educativo y transiten hacia la educación posmedia, y asegurar que cada estudiante obtenga aprendizajes que le permitan participar plenamente en la sociedad.
En la última década hemos avanzado en reconocer la necesidad de asegurar trayectorias educativas completas: desde la primera infancia hasta la educación superior. Sin embargo, Colombia está lejos de lograrlo, en parte debido a problemas silenciosos y persistentes: la deserción, el rezago y la extra-edad.
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Esta realidad se refleja en cifras alarmantes: solo el 55 % de quienes inician en grado primero llega a grado 11 en el tiempo esperado. Esto se traduce en cerca de 1,2 millones de jóvenes entre 18 y 27 años fuera del sistema educativo y sin bachillerato, con profundas pérdidas de capital humano, costos económicos significativos y efectos negativos sobre el bienestar de los jóvenes.
Entre quienes permanecen en el sistema, el panorama del aprendizaje es igualmente preocupante. Ya en 2019, el Banco Mundial advertía que cerca del 50 % de los niños de 10 años no comprendía un texto simple. Seis años después, esa advertencia sigue vigente. En 2023, de acuerdo con datos del ICFES, 48 % de los estudiantes de grado 3 y 41 % de grado 5 se ubicaron en nivel insuficiente en lectura. No sorprende, entonces, que al final de la educación media no sólo lleguen pocos, sino que lleguen sin los aprendizajes necesarios.
Una de las pocas cifras que ha mejorado en la última década es el acceso a educación superior. Entre 2014 y 2024, la proporción de bachilleres que ingresa de manera inmediata a programas universitarios, técnicos o tecnológicos pasó de 37% al 46%, y la matrícula total aumentó 12,8%. Mientras que el aumento en el tránsito inmediato es reciente, la expansión de la matrícula se concentró en los primeros años del periodo.
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Todo esto ocurre en un país donde las brechas territoriales siguen marcando destinos. Niños, niñas y jóvenes de municipios pequeños, zonas rurales dispersas o territorios afectados por el conflicto tienen mayor riesgo de desertar y mínimas oportunidades de acceder a la educación superior. Detrás de estas brechas persisten la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades, pero también una ausencia histórica de políticas que pongan verdaderamente a la niñez y la adolescencia en el centro.
El balance ha cambiado poco a lo largo de distintos gobiernos, lo cual debería llevarnos a pensar con urgencia las estrategias que se han implementado, porque parecen haber fracasado.
La combinación de baja permanencia y bajo aprendizaje es una receta para el fracaso nacional. Ningún país puede aspirar a la prosperidad o a la paz duradera si sus jóvenes no adquieren las herramientas necesarias para trabajar, innovar y participar plenamente en sociedad.
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Por eso, recuperar el propósito esencial del sistema educativo debe ser la prioridad del próximo gobierno. Garantizar trayectorias educativas exitosas y aprendizajes reales para todos los niños, niñas y adolescentes no es una opción: es la base para lograr un desarrollo económico y social que no deje a nadie atrás.
*Los autores son profesores de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.
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Por Sandra García, Stephanie Majerowicz y Darío Maldonado, Escuela de Gobierno de los Andes
