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El expresidente Juan Manuel Santos reaccionó a las declaraciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre la fusión y eliminación de oficinas de paz.
“Culpar al acuerdo, por el accionar de estas estructuras [criminales], es desconocer deliberadamente la realidad y, sobre todo, ignorar que lo que permite cerrar el paso a esos grupos es precisamente implementarlo, no sabotearlo ni debilitarlo”, aseveró el exmandatario. Además, Santos aseguró que el “fracaso no es del acuerdo, es de quienes han impedido que se implemente de manera integral”.
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Esta rección surgió luego de que De la Espriella manifestara que se acabará la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y también la figura del Alto Comisionado para la Paz. Esas funciones, según dijo, pasarán al Comisionado Nacional de Seguridad: “No habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”.
“A partir del 7 de agosto, mi objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se acaba desde que asuma el cargo en mi propiedad”, precisó. Y añadió: “El Comisionado para la Seguridad, el ministro de Justicia designado [Iván Cancino] y el ministro del Interior designado [Rodrigo Lara] tienen la orden de desmontar toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz”.
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Este mensaje fue reiterado tan solo minutos después de que se terminara el empalme con el departamento de Santander, cuando a través de redes sociales continuó con su discurso. “No hay nada que haga borrar la sangre que derramaron estos narcoterroristas. Yo pienso todos los días en los cientos de miles de civiles, policías y militares que asesinaron estos salvajes, cuyas familias no han tenido ni verdad, ni justicia ni reparación”, dijo.
Esta postura ha generado polémica en el mundo político y aunque ha recibido el apoyo de personas como el senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, quien dijo que la decisión de recortar consejerías y cargos con duplicidad de funciones era acertada y aseguró que “son COP 10 mil millones que podrán invertirse en las necesidades reales de los colombianos”, también ha recibido críticas desde otros sectores.
La directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Alejandra Miller, se refirió a esas palabras y subrayó que el “85 % de los y las firmantes siguen comprometidos con la paz y la democracia”.
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“Además de anunciar que eliminará la institucionalidad creada para la implementación del acuerdo de Paz, ahora va detrás de quienes firmaron el acuerdo. (...) ¿Quiere empujarlos a que regresen a la guerra?”, dijo.
Además, Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo, pidió que la Fiscalía investigue al mandatario entrante “por los delitos que haya podido incurrir al hacer señalamientos contra el presidente del partido Comunes” y a la Corte Constitucional activar todos los mecanismos de protección al Acuerdo de Paz.
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