Congreso arranca el debate sobre la ley de sometimiento del gobierno De la Espriella

Se trata de un proyecto para establecer una ruta jurídica que permita someter a grupos criminales y que, en el fondo, tocan a la llamada Ley de Orden Público (1994). La iniciativa del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella se complementa con el estatuto antiterrorista, que también ha sido objeto de críticas y disputas sobre la visión del orden público de esta administración.

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Desde el Ministerio de Justicia se realizó una reunión con los coordinadores y ponente del texto que reglamenta las condiciones y beneficios jurídicos del sometimiento criminal de esta administración. A esta reunión, que se citó para este lunes en horas de la mañana, no acudieron todos los congresistas invitados, pues algunos estuvieron hasta la madrugada en el debate del Presupuesto General de la Nación, que ahora se conoce que está viciado y saldrá por decreto.

En el espacio, el minJusticia Iván Cancino resolvió dudas sobre el articulado, el cual llega a primer debate con mensaje de urgencia y cambios mínimos con respecto al texto inicial que salió de las carteras de Justicia e Interior. La ponencia positiva del proyecto, radicada el pasado viernes por la mayoría de los ponentes de las comisiones primeras del Capitolio, cambia el concepto de “rol de liderazgo” por “rol de mando” y detalla los límites para la “valoración conjunta” de rebajas y beneficios para los roles de mando.

Las modificaciones sobre “liderazgo” y “mando”, explican ponentes oficialistas, se realizaron para adecuarse al marco legal nacional e internacional, como el Derecho Internacional Humanitario. Daniel Briceño, ponente de la propuesta, le dijo a El Espectador que este texto es clave para el “desmonte” real de la política de paz del gobierno anterior de Gustavo Petro. Sobre las limitaciones en los beneficios a los “roles de mando”, el congresista del Centro Democrático advierte que la clarificación es clave para “identificar realmente las personas dentro de la estructura de mando de las organizaciones criminales”.

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Otro cambio clave al texto original es el mínimo de pena impuesta para estos “roles de mando” en relación con la “valoración conjunta” de rebajas. Estos beneficios son modalidades especiales de cumplimiento de penas, libertad condicional y redenciones. El texto que debatirá el Congreso señala que la valoración de estos beneficios “se aplicará exclusivamente a quienes no hayan ejercido rol de mando en la organización”.

Santiago Barreto, congresista ponente del Partido Conservador, le dijo a este diario que esta propuesta “soluciona las falencias que tenía la política de paz del gobierno anterior, especialmente sobre los beneficios que se les daba a los criminales”. Sin embargo, también advierte que dentro del texto se abre la puerta a un incentivo perverso sobre la confesión de criminales alrededor de colaboradores que sean actores políticos. En esa línea, el congresista godo advierte que se podría abrir la puerta a situaciones como las que se denuncian en el llamado “Pacto de Valledupar” del anterior Ejecutivo.

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