A menos de un mes del final del periodo legislativo, los pasillos del Capitolio Nacional empiezan a lucir vacíos y en varias comisiones y plenarias hay problemas para alcanzar el quórum decisorio. El foco de la mayoría de senadores y representantes a la Cámara ya no está en los debates y los votos de determinado proyecto de ley, sino en las encuestas, las reuniones para conformar coaliciones, los debates y los recorridos por regiones que muchos hacen en busca de los votos que les podrían garantizar su continuidad en el poder.
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Esta semana, la plenaria del Senado fue escenario de las ausencias de los congresistas. El martes, cuando se sometió a votación la ponencia para el debate del proyecto que pretende extender 10 años más la figura de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la fotografía del recinto casi vacío evidenció que esa no era la prioridad de los partidos. Tras casi 10 minutos de espera, solo votaron 36 senadores, de los 57 que se necesitaban para tomar una decisión, razón por la cual el trámite se suspendió.
Varios legisladores le pidieron a la mesa directiva cambiar las reglas de juego, pues señalaron que muchos de sus compañeros van a las sesiones únicamente para hacer constancias y hasta para liderar condecoraciones, dos movimientos con clara visión electoral. Algunas voces incluso denunciaron que este tipo de actos se están poniendo en los primeros puntos del orden del día, dejando para el final de la jornada, cuando la mayoría ya se ha ido, los debates cruciales.
“Que las constancias queden después de la votación de los proyectos de ley. Se viene presentando una situación muy difícil: se están colgando proyectos muy importantes y estamos impidiendo la debida discusión de asuntos fundamentales para la Nación”, reclamó el senador Carlos Julio González, de Cambio Radical.
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El presidente de la corporación, el liberal Lidio García, dijo estar de acuerdo con la priorización de las discusiones de los articulados. “Yo entiendo que estamos ad portas de unas elecciones y todos quieren invertir y hacer condecoraciones, pero estamos volviendo paquidérmico el ejercicio verdadero del Legislativo”. Según él, el problema es que algunos congresistas se niegan a dejar de intervenir alegando que no les pueden bloquear la participación.
El primer damnificado con este panorama es el gobierno de Gustavo Petro, pues esta legislatura, al igual que las tres pasadas, ha estado protagonizada por sus iniciativas. Además de la desaceleración de la labor legislativa impuesta por la campaña política, el Ejecutivo se enfrenta a las estrategias de los bloques opositores para trabar su agenda. Y se trata no solo de movidas para hundir los proyectos, sino también de la arremetida contra varios funcionarios de la administración en debates de control político y mociones de censura.
El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, es el principal ejemplo. Este miércoles tuvo que rendir cuentas ante la Comisión de Derechos Humanos por los bombardeos contra las disidencias de alias Iván Mordisco, en los que murieron varios menores de edad que habrían sido reclutados. De acuerdo con los promotores de este debate de control, serían 17 los menores de 18 años que habrían muerto en las operaciones. Sánchez deberá enfrentarse a una segunda moción de censura por este mismo tema.
En la cuerda floja también están la reforma a la salud, la ley de sometimiento y la jurisdicción agraria, todas propuestas impulsadas por el oficialismo. En el primer caso, la Comisión Séptima del Senado, de mayorías opositoras, volvió a poner una talanquera a la iniciativa, argumentando que no hay claridad sobre su impacto fiscal. El presidente Petro y sus ministros del Interior (Armando Benedetti) y de Salud (Guillermo Jaramillo) han señalado que se trata de un nuevo intento de bloqueo institucional. En esa misma línea, el senador Fabián Díaz, de la Alianza Verde, anunció esta semana que ya tiene lista una denuncia contra los integrantes de la Séptima por posible prevaricato al no tramitar un proyecto con mensaje de urgencia e insistencia.
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“Pese a que el Gobierno dice que hay aval fiscal, el Ministerio de Hacienda nos dijo que mientras no se apruebe la reforma tributaria, no se puede saber cuál va a ser la inversión en la reforma a la salud, sobre todo en la construcción de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS). Así es muy difícil adelantar este proceso”, respondió la conservadora Esperanza Andrade.
Este diario conoció que desde la cartera de la política se siguen impartiendo instrucciones para negociar con los senadores encargados de aprobar la reforma a la salud en su tercer debate, pero que, como en su momento lo dijo el jefe de Estado, desde la Casa de Nariño y desde el Ministerio de Salud también se trabaja en aprobar por vía administrativa varios de los cambios del texto original.
El tema financiero que tiene en vilo esta reforma se conecta directamente con otro de los proyectos del Gobierno que está a la espera de votación: la ley de financiamiento o tributaria para fondear el presupuesto de 2026. Aunque para este miércoles estaba agendado el primer debate a fondo de la propuesta, las comisiones económicas conjuntas no pudieron avanzar porque la resolución con la que la Cámara autorizó la sesión llegó casi tres horas después del horario de la sesión.
Desde el petrismo advirtieron un posible freno de los vicepresidentes de la corporación. Lo cierto es que, mientras el ministro de Hacienda, Germán Ávila, prepara el anuncio de la iniciativa con el recorte de COP 10 billones (quedará en COP 16,3 billones), la oposición se prepara para hundir el texto. Los partidos Centro Democrático y Cambio Radical ya anunciaron su voto negativo y lo propio hizo el conservador Efraín Cepeda, quien espera llevar a su bancada a la misma postura. A la unidad de la oposición contra la nueva tributaria se suma la impopularidad de aprobar, justo cerca de elecciones, un texto que toca el bolsillo de varios sectores.
La ley de sometimiento, pilar de la política de paz total, atraviesa un momento similar, pues la ola de violencia en Cauca, el Catatumbo, Chocó y otras regiones ha hecho impopular respaldar la vía del diálogo con los grupos armados y bandas criminales. Además, el proyecto se ha visto afectado por la falta de un líder, ya que Eduardo Montealegre, quien estuvo detrás de su diseño, renunció al Ministerio de Justicia lanzando pullas al ministro Benedetti por no apoyar el trámite. Además, César Julio Valencia, a quien el mandatario designó para ocupar el puesto de Montealegre, desistió este miércoles.
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Finalmente, la ley ordinaria de la jurisdicción agraria, prometida en el Acuerdo de Paz de 2016, ha sufrido las dinámicas electorales y la priorización de otros temas, esto a pesar de tener mensaje de urgencia del Gobierno. Esta, al igual que las demás iniciativas mencionadas, tiene las cuatro semanas que restan de este periodo y menos de cuatro meses totalmente electorales, entre febrero y junio de 2026, para convertirse en realidad.
Más allá de la agenda del Ejecutivo, también están quedando en veremos propuestas como la ley de competencias para girar más recursos a las regiones, varios articulados sobre servicios públicos y salud, la posible inhabilidad para que familiares de alcaldes y gobernadores lleguen al Congreso, entre otras.
En el gabinete reconocen que, con el paso de las semanas, el Gobierno va agotando sus restos de capital político y que, además, también entra de lleno en la lógica electoral, pues incluso es el presidente Petro el principal promotor y estratega de unir a las fuerzas progresistas y liberales en el llamado frente amplio. En los pasillos de Palacio aseguran que el jefe de Estado tiene como prioridad la tributaria y la pensional, que está en manos de la Corte Constitucional y podrían ser las claves de la ejecución con miras a los próximos comicios, además del relato de constituyente que sigue latente.
El Congreso saldrá a receso en cuatro semanas, el próximo 16 de diciembre, y volverá a sesionar el 16 de febrero; es decir, apenas 20 días antes de las elecciones legislativas, consideradas también las primeras de las presidenciales. Con un panorama así, apenas quedan poco más de 100 días hábiles, en su mayoría electorales, para aprobar las reformas y proyectos con los que muchos se eligieron hace cuatro años.
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