El lío por la sanción de la estatutaria de la JEP

El fiscal, Néstor Humberto Martínez, junto a la presidenta de la JEP, Patricia Linares. / Archivo El Espectador.

Un nuevo round en la dura pelea por implementar la Jurisdicción Especial para la Paz está a punto de reventar. Se trata de la Ley Estatutaria del sistema de justicia transicional pactado en La Habana (Cuba), aprobada por el Congreso en diciembre de 2017 y declarada exequible por la Corte Constitucional en julio de 2018. A esta iniciativa solo le falta la sanción presidencial, pero una compleja tramitología lo ha impedido. Tan extraña ha sido la demora que un grupo de congresistas ya le solicitó al presidente Iván Duque sancionar la iniciativa e, incluso, al escritorio del primer mandatario llegó una carta de la presidenta de la JEP, Patricia Linares, pidiéndole que firme cuanto antes la ley.

Quienes evidenciaron esta disputa fueron los llamados disidentes de la U, encabezados por el senador Roy Barreras, quienes enviaron un comunicado al Gobierno en el que le reclaman por el largo tiempo transcurrido entre el pronunciamiento de la Corte y la sanción presidencial aún pendiente. “El simple tránsito entre el Capitolio Nacional y la Casa de Nariño de cualquier ley para sanción nunca tarda más de ocho días. Engavetar durante un mes la ley estatutaria en la oficia del presidente del Senado, Ernesto Macías, y luego no dar razón clara de dónde se encuentra, puede interpretarse como una maniobra dilatoria”. Incluso, con ironía, los parlamentarios anotaron que esperan que la ley no haya sido enviada mediante el correo 4-72.

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Pero la interpretación de los congresistas de la U no incluyó una arista que complica la situación. Desde la oficina de la Presidencia del Senado aseguran que la demora es culpa de la Cámara. Tanto así, que el propio Macías rechazó la acusación de la U y en un trino señaló: “Rechazo por injuriosa e infame la nota de 13 congresistas del partido de la U, mediante la cual me sindican de ‘engavetar’ la ley estatutaria de la JEP como ‘maniobra dilatoria’. Mentiras. La firmé el mismo día que llegó a mi despacho y de allí salió al día siguiente”.

Efectivamente, Macías recibió de manos de la Oficina de Leyes del Senado de la República el texto de la ley estatutaria de la JEP el pasado jueves, 31 de enero, a las 3:22 de la tarde. Pero, ¿por qué tan tarde si la Corte Constitucional envió una carta al Congreso desde diciembre pasado corroborando la exequibilidad de la norma? La razón es que cuando se recibió esta comunicación, la ley estatutaria pasó por una estricta revisión que partió de corroborar el texto de la JEP enviado por la Corte con lo aprobado por el Congreso, de tal modo que se acogieran todas las modificaciones de forma y de fondo que hizo el alto tribunal.

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Ese proceso tardó un mes largo, lo cual explica que Macías haya recibido la ley estatuaria hace apenas una semana. La firmó ese mismo jueves, a las 7:30 de la noche y de inmediato la envió a la Cámara de Representantes para recoger la firma del presidente de la corporación, Alejandro Carlos Chacón, y de su secretario general, Humberto Mantilla. Y es allí donde la estatutaria de la JEP se encuentra represada. El Espectador consultó con la Secretaría de la Cámara baja, que confirmó que el congresista liberal no ha firmado el texto. “Tan pronto tenga la firma de él, yo mismo la envío a la Secretaría de Senado para que sea enviada a Presidencia y se proceda con la sanción de la norma”, dijo Humberto Mantilla a este diario.

Pero el enredo no termina allí. Algunas voces especulan que el presidente Duque estaría pensando en objetar la norma. Fuentes consultadas por este diario explicaron que el presidente no podría hacerlo argumentando motivos de inconstitucionalidad, porque un fallo de la Corte es considerado como cosa juzgada, a menos que ocurra un caso excepcional como que el alto tribunal haya olvidado estudiar un artículo, tarea que tendría que revisar en detalle la Secretaría Jurídica de Presidencia. Otras interpretaciones afirman que no es posible objetar la iniciativa, ya que fue estudiada por el máximo órgano constitucional y se estarían violando principios de la separación de poderes.

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Otros juristas consideran que el primer mandatario podría objetar la norma por razones de conveniencia, un asunto entendido como algo meramente político, pues las razones a las cuales podría acudir es que la norma se opone a sus políticas de Gobierno. Si eso llega a ocurrir con la estatutaria de la JEP, el presidente tendría que enviar esas objeciones al Congreso, que aprobó la norma, para que se encargue de avalarlas o no. La consecuencia de que no se sancione la norma es que la justicia ordinaria mantendría las competencias respecto a casos sensibles como el de Jesús Santrich, quien a pesar de ser firmante del Acuerdo de Paz y, por ende, sujeto al sistema transicional, fue capturado por la Fiscalía por una solicitud de extradición de Estados Unidos.

Lo cierto es que en la disputa de carácter jurídico se empiezan a ver huellas políticas. Si bien el presidente Duque ha expresado su reconocimiento a la JEP, no hay día en que los miembros de su partido, Centro Democrático, no ataquen al sistema desde las redes sociales, promoviendo modificaciones sustanciales desde el Congreso, incluyendo un referendo propuesto por la senadora Paloma Valencia para tumbar la justicia transicional. En síntesis, todo un berenjenal político-jurídico al que únicamente le falta la firma del presidente para su solución.

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