“El presidente nos desconoció y prefirió a la vieja clase política”: Carlos Caicedo

Carlos Caicedo aseguró que el Gobierno no ha tomado en serio las amenanzas en su contra. / Mauricio Alvarado

Foto: Mauricio Alvarado

En las últimas semanas, Carlos Caicedo pasó a ser otro de los mandatarios regionales y locales que ha tenido choques con el gobierno de Iván Duque. Esa lista la encabeza, sin duda, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pero recientemente han sido más los cruces de palabras entre el gobernador de Magdalena y el ministro del Interior, Daniel Palacios. El motivo de la discusión ha ido en dos líneas principales: la no invitación de Caicedo a un evento con el jefe de Estado, en el que participaron varios alcaldes de la región, y las supuestas amenazas del Clan del Golfo contra el gobernador.

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En diálogo con El Espectador, el también exalcalde de Santa Marta se despachó contra Duque, de quien dijo que cuenta las horas para su salida. También aseveró que desde el Gobierno central se había desconocido la voluntad popular de los magdalenenses, pues no fueron invitados él ni la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, que son reconocidos como los únicos mandatarios del progresismo de la región y ambos son miembros del movimiento Fuerza Ciudadana. En este mismo sentido, Caicedo advirtió que incluso las acciones del presidente “son un guiño” al Clan del Golfo, pues ni siquiera se ha pronunciado frente a las amenazas en su contra y trató de restarles importancia a sus denuncias.

¿Por qué dice que el encuentro en el que el presidente Duque estuvo en el Magdalena y usted no fue invitado está relacionado con las elecciones de 2022?

En más de tres años, el presidente Duque no ha traído programas ni proyecto alguno al departamento. Ni siquiera cuando nosotros, el 4 de febrero, estuvimos en la Casa de Nariño presentando el resumen de nuestro plan de gobierno y las líneas gruesas de nuestro plan de desarrollo, para que se hiciera un proceso de coordinación, pues nosotros representamos al presidente en materia de orden público y desarrollo en el Magdalena. No lo hizo en todos estos años y solo lo hace a pocos meses de que se comience a implementar la Ley de Garantías, en un período preelectoral. Esto es para rodearse y apoyar a los políticos tradicionales que antes saqueaban a la Alcaldía de Santa Marta y el Magdalena. Pero, como ya no lo pueden hacer, están buscando recursos para estos pactos. La vez pasada fue el pacto de Ciénaga, en el que congresistas y estos funcionarios estaban viendo cómo quedarse con los recursos de la regalías.

Estos pactos nos han bloqueado más de treinta proyectos que hemos presentado en la asamblea. La alcaldesa de Santa Marta tampoco fue convocada. Solo llaman a todos los alcaldes de la cuerda política del uribismo. Están los diputados que han bloqueado los proyectos de manera sistemática y también estaban todos los congresistas —dos senadores y cinco representantes—, varios de los que han estado en escándalos como el cartel de la salud y tienen su origen en la parapolítica.

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Toda la estrategia es ver cómo perpetúan a los mismos de siempre para mantener su proyecto político. Es más evidente cuando ni siquiera se refiere al plan para atentar contra mi vida y, siendo la autoridad máxima, no me invita. El presidente desconoció al gobernador y a la alcaldesa, y prefirió a la vieja clase política, que fue derrotada en las urnas en 2019. ¿Qué más explica la actitud del presidente que la participación en política?

Usted dice que también es un guiño al Clan del Golfo. ¿No es un señalamiento muy duro? ¿Cree que en la reunión regional participaron personas de este grupo?

Observen que el presidente no se ha pronunciado sobre el plan descubierto para atentar contra mi vida, que estaría buscando realizar el Clan del Golfo. Lo único que hicieron fue que el ministro del Interior salió a bajarle el alcance de estos hechos y bajarle el nivel a las denuncias, a pesar de que ya había antecedentes de un plan en mi contra por Los Pachenca, que la propia fuerza pública descubrió. Pero ahora estamos hablando de una organización que opera en todo el territorio nacional y ha ido creciendo exponencialmente en el período del presidente Duque.

Es más, este es un grupo del narcotráfico, pero también son paramilitares involucrados en atentados contra la vida de desmovilizados de las Farc, líderes sociales y políticos, también comunales. Todos ellos tienen un signo progresista. ¿Por qué el presidente no se refiere a ese plan? ¿Por qué el presidente, a pesar de la amenaza, ni siquiera me convoca a una reunión institucional? El mensaje es claro a estos grupos, es casi guiñarles el ojo y lanzarnos a los leones. Estamos inermes porque la máxima autoridad nos desconoce, todo porque somos progresistas. Pero aquí no le pedimos que nos tenga en sus afectos, lo que se reclama es una relación institucional y que no atropelle las reglas democráticas. Se supone que yo soy la representación del presidente en el territorio y qué autoridad puedo tener si ni siquiera me convoca a las reuniones.

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Esto es un mensaje muy claro y es que en la historia de nuestro país hemos visto que líderes políticos ponen la queja ante la autoridad y esta se silencia y ellos miran para otro lado, como lo está haciendo el presidente Duque. En el gobierno de Uribe, el alcalde de El Roble le dijo al presidente que su vida estaba en peligro y fue asesinado. Lo que hizo Uribe fue nombrar a los determinadores en altos cargos diplomáticos. Este es un Gobierno de esa misma línea y nos ha vuelto objetivo político porque somos incómodos a su proyecto de saqueo. Pisotearon el Estado de derecho y las instituciones. Imagínense que gobierna el progresismo y que personas de la línea política de los que están en el poder, el Centro Democrático, la extrema derecha, estuvieran en gobernaciones. ¿Creen que los órganos de control dejarían que los desconocieran así?

Sabiendo que en Colombia hay un marcado centralismo y presidencialismo, ¿por qué no tratar de tender puentes con el Gobierno para garantizar recursos?

Claro que lo hemos hecho en varias oportunidades. Es que yo mismo fui a la Casa de Nariño, luego de que solicitamos la cita por distintos canales y, finalmente, el presidente aceptó. No nos atendió en privado, sino que reunió a todos los políticos que estaban con los Cotes, al clan Díaz Granados y los Dávila. Todos los que perdieron con nosotros. Todos a los que derrotamos nos los puso al frente en una sesión de trabajo. Ellos eran los mismos que estaban reunidos con el presidente. Solo faltó Pulgar, que fue destituido por corrupción.

Lo hemos intentado también en la ventana turística de Anato. Allí le di un presente de los pueblos indígenas y le pedí que acompañara varios proyectos para los afros, los indígenas y la comunidad campesina para solventar problemas de pobreza, pues somos el cuarto departamento con más pobreza en el país; y el presidente, de manera jocosa, solo respondió que yo pedía mucho porque yo ya había ido hace unas semanas a la Casa de Nariño para presentarle un plan de $3,2 billones para desarrollar programas de carácter social. También fui al director del DNP, que acabó de salir, pero lamentablemente ninguno de estos esfuerzos tuvo eco en los oídos del presidente. Esto debido a que la mediación con el departamento pasa por estos congresistas que estuvieron vinculados con la parapolítica y el narcotráfico.

Nosotros somos una expresión diferente, social y popular, pero sabemos que para llevar a cabo este proyecto debemos tener una articulación con el régimen centralista. Pero nosotros abogamos por un sistema federal para Colombia, como lo hubo en el siglo XIX, pero adquiriendo las propuestas exitosas que han obtenido varios países en el último tiempo. Pero, mientras esta reforma constitucional llega, lo lógico sería que el presidente trabajara con los gobernadores y alcaldes, sin importar si son los diferentes. Pero es que para ellos el discurso de la democracia es de dientes para afuera. Porque ellos no reconocen que dos candidatos progresistas derrotaron a las fuerzas tradicionales. El pueblo los derrotó y no se lo han perdonado. Por eso han tratado de castigarlos por haber votado libre. Por eso, más allá de las aproximaciones que haga, nos encontramos con una muralla de intolerancia política. Pero ahora quieren aterrizar algunos recursos para favorecer a los alcaldes de esos congresistas que le votan todo a pupitrazo limpio en el Congreso. No gestionan nada para los menos favorecidos del departamento. No hay derecho a que estas élites terratenientes hayan decidido que del Estado solo se benefician ellos.

¿Qué les responde a quienes dicen que todas estas denuncias son solo excusas para ocultar una falta de ejecución en su administración?

En medio de la pandemia fuimos el departamento que mejores mercados entregó en toda Colombia. Eso lo puede constatar el pueblo del Magdalena y se observa en las últimas encuestas. Siempre aparecemos de primeros o segundos. El pueblo piensa así porque nos empeñamos en dirigir los escasos recursos a comprar elementos de protección personal, llevarles agua y comprarles mercados, y no ese remedo de mercados que envió el Gobierno en pequeñas cajas. Nos empeñamos en defender la vida por encima de todo. Hemos estructurado planes de salud que la OPS ha valorado de positivos, como Médico en Tu Casa, que es llevar médicos a las zonas más apartadas para que los atienda de forma preventiva.

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Nosotros somos los únicos que hemos llevado las UCI a zonas como el hospital de Ciénaga, el de Pivijay, Plato y Fundación, esos antiguos negocios de los congresistas y diputados. Somos el gobierno que ha mejorado la respuesta en salud, pese al bloqueo que tenemos de la asamblea. Hemos estado avanzando en el acceso de Santa Marta al agua potable, a pesar del bloqueo en la asamblea y del incumplimiento de una promesa de campaña, que está grabada, del presidente Duque. Todo esto lo hacemos con los pocos recursos propios, porque aquí desactivaron todas las empresas y las privatizaron. Es que antes tenían esto de caja menor y se lo robaban. A pesar de que el uribismo nos ha querido ahogar y bloquear, seguimos adelante.

Lo que les preocupa a ellos es que pongamos distancia de ese sistema político que estaba acabando con el departamento y que no los vuelvan a elegir al irnos tan bien a nosotros. Nunca se ha visto un bloqueo tan grande desde la asamblea. Más de 32 proyectos negados y solo impulsan el que buscaba que no pudiéramos usar el color naranja, que es el del movimiento que nos trajo a este cargo. Toda esta clase política se unió en nuestra contra y hasta el presidente desconoció nuestro mandato; pero esto solo quiere decir que estamos haciendo las cosas bien.

Usted habla de las amenazas, por las que habría salido del país. ¿Ese panorama ya cambió? Porque volvió a los pocos días.

Estuve cerca de veinte días por fuera. Lo que pasa es que el Gobierno Nacional no me autorizó más días y sabemos que estaban preparando una declaratoria de abandono de cargo. Entonces, si no nos van a prorrogar la estancia en el exterior, evidentemente tuvimos que venir a hacerle frente a esta realidad. La gente nos eligió para empujar el cargo aquí y esa es nuestra tarea, estar al frente. Salimos porque nos dijeron que había un plan inminente que se iba a ejecutar. Sabiendo que teníamos un esquema muy básico y que no había ninguna voluntad del Gobierno para fortalecer dicha protección, ya que nos llevó muchos meses para que nos fortaleciera el esquema anterior que tenía frente a la amenaza de Los Pachenca, decidimos tomar distancia. ¿Qué llevó a nuestro regreso? Que la Comisión Interamericana ya le hizo un requerimiento al Gobierno y también que organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch y WOLA, recibieran nuestras delegaciones y expresaron su preocupación.

También que políticos franceses progresistas y eurodiputados de distintas vertientes firmaron una comunicación en la que hacían una radiografía del deplorable estado de la violencia en Colombia y solicitando la protección para nuestra vida. Fueron toda una serie de gestiones fundamentales para que el esquema de protección actual lo incrementaran sustancialmente y se pudieran dar las condiciones mínimas de nuestro retorno. Así volvimos a asumir nuestro gobierno, porque lo quiere ese sector de la politiquería clientelista y corrupta es que abandonemos el puesto.

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Lo que pedimos es garantías a la seguridad. Aquí el Gobierno lo ha hecho a regañadientes, porque ni siquiera el presidente se ha manifestado ante estos hechos. Ni siquiera como lo hacen otros gobiernos que dicen de manera formal que van a adelantar las investigaciones y perseguir a los posibles determinadores del plan criminal; pero no lo hacen porque les sale forzado. Solo fortalecen el esquema por la presión de la comunidad internacional. Es que en Colombia desestimar un plan criminal descubierto a una organización criminal que tiene presencia en todo el territorio crea suspicacias. ¿Por qué lo hacen en un país donde es frecuente la eliminación de militantes de izquierda, de oposición y organizaciones sindicales, entre otros sectores progresistas? Solo regresé por el respaldo de los que se pronunciaron.

Hablando de su esquema de seguridad, según el ministro del Interior, Daniel Palacios es uno de los más grandes del país.

El secretario de Álvaro Uribe, el señor Palacios, mintió cuando dijo que yo tenía 33 policías para mi seguridad. Eso es una absoluta mentira. Ni siquiera multiplicando los turnos de seis agentes permanentes, que era lo que teníamos, por tres, que eran los turnos, alcanzábamos a esa cifra. La información que teníamos es que nos iban a atacar con varios carros, con alta fusilería y con casi treinta personas. Si a uno le informan eso y dicen que es inminente, ¿uno qué hace? Yo hablé con el ministro de Defensa, con el director nacional del Gaula, el comandante de la Segunda Brigada del Ejército y al comandante de la Policía del Magdalena. Incluso lo presentamos ante la representación de la Unión Europea. Todo lo hicimos antes de partir. Pero como vimos que en las próximas 48 horas no iban a reforzar el esquema, viajamos. No había condiciones para permanecer ante ese nivel de riesgo.

El ministro lanzó una absoluta mentira y por eso los emplacé para que enviaran, con el director de la Policía, el nombre de los 33 agentes, pero no lo hicieron. Solo ahora es que han reforzado el esquema con un número que por cuestiones de seguridad no puedo comentar, pero es evidente que lo que teníamos antes no podía responder a la magnitud de la agresión que nos informaron. Es más, no sabemos si lo van a desactivar, porque es casi obvio que no lo harán a menos que el propia Estado asuma perseguir a ese grupo. Pero es que ni siquiera hemos escuchado una palabra en contra de las amenazas por parte del presidente ni de su ministro.

El Clan del Golfo dice que en ningún momento lo ha amenazado, ¿usted les cree?

La pregunta debería ser: ¿ustedes les creen? ¿Se le puede creer a un documento que está redactado casi en la misma línea de lo que decía el señor Palacios? Es que no nos llamaron para decirnos que era una amenaza, porque en Colombia a uno lo amenazan por millares casi que a diario. Lo que estamos hablando acá es de una información que se trianguló. Para estas personas que no creen la única evidencia hubiera sido que les entreguen mi cadáver. Entonces no hubiéramos dicho nada y la respuesta hubiera sido que el Gobierno no sabía que tenía algunos riesgos. ¿Se puede creer en un grupo narcotraficante y paramilitar?

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Los documentos de la Fiscalía dan cuenta de que Richard Maok fue una de sus fuentes. Este ha sido cuestionado, sobre todo en redes sociales, por la dudosa información que daría. ¿Por qué darle confianza a la versión de una persona con ese antecedente?

A nosotros nos confirmó esta información una fuente humana confiable y en el caso particular de Maok hay que decir que en el pasado entregó información que sirvió para detectar la forma en la que los paramilitares infiltraron la Fiscalía en Norte de Santander. No creo que sean asunto de poca monta esas denuncias que llevaron a la captura de varios funcionarios, incluyendo importantes estructuras de la Fiscalía. De suerte que a una persona la impugnen en redes sociales no tiene que ver con la veracidad de su información, sobre todo si en el pasado ha ayudado a capturar delincuentes.

Otro de los cuestionamientos es que usted se va de vacaciones y solo después dice que tiene amenazas en su contra...

La mejor manera de desmentir a los mentirosos que dicen eso es preguntándole al ministro de Defensa cuándo fue que hablé con él. Esa misma pregunta puede ser para el director del Gaula y el comandante de la Policía del departamento. En todos los casos dirán que fue un día antes o el mismo día en el que me fui rumbo a Europa. Eso quiere decir que durante dos días nos reunimos y compartimos la información a autoridades que simplemente la recibían y solo decían que iban a investigar. Por eso nuestra decisión fue salir por unos días y porque nos decían que era inminente el ataque. Solo tenía seis días de vacaciones y los usamos para poder salir, porque la norma lo que dice es que un gobernador, por el centralismo que hay, debe pedir permiso a Presidencia. No disfruté de mis vacaciones, sino que las usé para salir del país y no tener que pedirle el permiso al señor Palacios, que hubiera significado una probable demora y quién sabe qué me hubiera pasado. Luego, cuando se me vencieron los seis días, hice la solicitud para asistir a reuniones con las organizaciones que se manifestaron. Eso que dijeron es una estrategia mentirosa que usan para descalificar a la víctima y ponerse del lado del victimario. Siempre terminan siendo los ciudadanos en riesgo los responsables del peligro sobre sus cabezas y comienzan a confundir a la población para bajarle el grado de peligro y amenaza. La pregunta es: ¿por qué lo hacen? Algo ganarán.

Otro de los puntos de este hecho es que varios sectores cuestionan esa amenaza y dicen que justo llegó en los días posteriores a que se conociera que el exparamilitar alias “Yoyo” Rojas lo mencionara como participante en uno de los homicidios de la Universidad del Magdalena, el de Roque Morelli.

¿Ese sector ha corroborado la veracidad de esas versiones? Lo que está en el expediente de esos paramilitares es totalmente contrario con lo que dicen. Las últimas versiones de esos grupos indican que el clan Cotes, a través del abogado Álex Fernández Harding, había ido a sobornarlos en la cárcel. Ellos aportaron videos y hasta parte del dinero, pero la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez silenció el asunto. Estos señores eran aliados de Germán Vargas Lleras, que era el jefe político de Néstor Humberto Martínez. Incluso, recientemente exmilicianos de las Farc y exmiembros de los paramilitares han dicho que no tuve que ver con esos hechos y que, al contrario, era objetivo militar. En esa época me querían asesinar, pero como no lo lograron, me hicieron un montaje en cabeza del parapolítico Trino Luna, durante el gobierno de Álvaro Uribe, y me sacaron de la Universidad del Magdalena. Curiosamente, esto fue por un fiscal llamado Gabriel Ramón Jaimes Durán. ¿No son un poco coincidentes estos hechos pasados con los de ahora?

¿Cómo han planeado participar del Pacto histórico si llevan una lista aparte?

Responderé lo que no signifique participación en política. Sobre ese tema no puedo opinar porque son dinámicas político-electorales. Lo único que puedo decir es que Fuerza Ciudadana es de carácter progresista y somos la única gobernación que se reivindica como de izquierda en Colombia. Hemos hecho un énfasis social y esto se ha visto en tres alcaldías en Santa Marta y ahora, históricamente, en la Gobernación. Nunca hubo un gobernador progresista en este departamento, porque históricamente había estado en manos de las élites terratenientes. Somos un reto para ellos y esa es nuestra apuesta. Frente a las coyunturas que se vienen, es evidente que no puedo opinar, pero puedo decir que contamos los días para que termine este pésimo gobierno del presidente Duque y se abran caminos de oportunidad y esperanza entre la Gobernación y la Presidencia. Contamos los días para que llegue un gobierno que respete a la Constitución y haga cumplir los derechos que están en ella.