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Por estas mismas fechas el año pasado, en el Congreso se vivía un cerrado pulso entre el Gobierno, los partidos independientes y de oposición por aprobar la reforma tributaria, denominada entonces ley de financiamiento. Por esos días, Cambio Radical jugó en contra del Ejecutivo y el país puede recordar al propio exvicepresidente Germán Vargas Lleras llamando al hundimiento de la iniciativa y alzándose como el primer demandante de la ley. Y aunque ese día el oficialismo ganó su primera gran batalla en el Congreso, 10 meses después, la Corte Constitucional lo puso contra las cuerdas tumbándole la norma por vicios de trámite. Eso sí, le dejó una ventana de emergencia al darle plazo hasta este 31 de diciembre para tramitar una nueva iniciativa.
(Para saber más del contexto puede leer: Congreso aprobó ley de financimiento)
El mensaje fue contundente: la posibilidad de una reforma tributaria pasaba por la inclusión del partido de Vargas Lleras y de un sector estratégico de parlamentarios de la U. Por eso, la decisión de Cambio y las mayorías de la U de apoyar la reforma tributaria, en esta nueva oportunidad llamada Ley de Crecimiento, le dio la tranquilidad al Gobierno de que tendría mayorías. Tan tranquilo se mostró el Ejecutivo, que emitió un primer decreto de sesiones extraordinarias hasta el viernes, y a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, poco se le vio en el Capitolio Nacional. Sin embargo, lo que vivió el Gobierno esta semana para aprobar la iniciativa tomó la forma de un auténtico viacrucis.
Se había planeado que la Cámara de Representantes fuera adelante marcando la partitura del articulado, que el Senado esperaría a que se aprobara en el Elíptico para tomar el texto tal cual y evitar así una conciliación que podría poner en riesgo la ley más importante que tiene hoy el Ejecutivo. El lunes, último día de sesiones ordinarias, tanto Senado como Cámara aprobaron los proyectos que corrían riesgo: el paquete anticorrupción, especialmente el de cárcel para los corruptos y el de la no prescripción ni amnistía para delitos sexuales contra menores de edad. Como todo avanzaba según lo previsto, la Cámara resolvió los impedimentos y tomó ventaja del Senado, tal y como el Gobierno lo había planeado.
(Conozca aquí cómo va la agenda legislativa en materia de lucha contra la corrupción)
El martes, primer día de sesiones extraordinarias, la Cámara avanzó célere sobre el grueso del articulado, y el Senado, viendo la buena marcha, decidió iniciar la engorrosa sesión de impedimentos, para luego darles pasó a las intervenciones y a la ponencia de archivo del proyecto. Cuando ya se veía la luz al final del túnel, una alerta dejó al descubierto la falta de pericia legislativa de los funcionarios del Ejecutivo. Un congresista advirtió que llevaban cuatro horas y 40 minutos de discusiones y que no se había declarado la sesión permanente, por lo que todo lo debatido a partir de la cuarta hora quedaba invalidado.
De inmediato empezó la cacería de brujas. Algunos ojos inquisidores apuntaron al presidente del Congreso, Lidio García, a quien acusaron de intentar hundir la reforma, ya que su partido, el Liberal, se declaró en contra de la iniciativa; otros más acuciosos señalaron al secretario general, Gregorio Eljach, quien, muy molesto, dejó claro que el único responsable del trámite de una iniciativa parlamentaria es el interesado, en este caso, el Gobierno Nacional. Los reflectores buscaron entonces a la ministra Gutiérrez, pero ese día poco se le vio en el Capitolio, entonces la responsabilidad cayó sobre los hombros del viceministro Daniel Palacios, quien lleva apenas un par de meses en el Congreso. Sobre el suceso, el senador Roy Barreras dijo burlonamente que “es muy fácil hacerle oposición a este Gobierno porque se hacía autosancadilla”.
(Así fue el episodio en que el Senado casi vicia la ley de crecimiento)
Con voz tranquilizadora, los ponentes del proyecto asumieron que, si bien había faltado atención por parte del Gobierno, el tema no pasaría a mayores, pues sería subsanable retomando la discusión al siguiente día. Al tiempo, la Cámara de Representantes le entró al grueso del articulado y aprobó con facilidad 136 de los 152 artículos.
La sesión terminó sobre las 9 p. m. y se citó para el miércoles a las 10 a.m. Fieles a la costumbre, los congresistas de la bancada de Gobierno empezaron a llegar pasada la hora fijada. La oposición, por su lado, llegó puntual y, ante la ausencia del presidente de la corporación, el representante Carlos Alberto Cuenca, y del primer vicepresidente, el uribista Óscar Villamizar, fue la segunda vicepresidenta, María José Pizarro, la que dio inicio a la sesión. Cumplido el tiempo establecido por el reglamento iniciar la deliberación, la representante opositora levantó por falta de quórum y puso en aprietos al Ejecutivo.
La maniobra fue efectiva y acabó con los cálculos del Gobierno. Pizarro había levantado sin darles lectura a los proyectos a debatir en la sesión siguiente, por lo que, apegados a la ley, la Cámara no podría continuar el trámite del proyecto al siguiente día. El Centro Democrático acusó a la representante progresista de buscar el hundimiento de la reforma y, según cuentan, el regaño del expresidente Álvaro Uribe fue durísimo al representante Villamizar, quien no llegó a salvar la papeleta.
Así las cosas, el Gobierno se vio obligado a prorrogar las extras hasta mañana, meterle el acelerador al Senado, que aprobó la totalidad del proyecto el miércoles en la noche, y pasar el trago amargo que le dejó la objeción de conciencia que esgrimió el senador conservador David Barguil para abandonar su posición de ponente del proyecto.
Los congresistas se vieron obligados a cancelar sus tiquetes navideños y a sesionar en la noche del jueves. Al final, el Gobierno aprobó su reforma tributaria con unas modestas, pero suficientes mayorías. Ahora el Ejecutivo podrá pasar una tranquila Nochebuena y encomendarse a la Corte para que le admita esta vieja, pero actualizada reforma tributaria.
Por Alfredo Molano / @AlfredoMolanoJi
