Cali y el Valle en clave electoral: pulso entre maquinarias y nueva política

Muchos esperan que la indignación del paro nacional de 2021 se traslade a las urnas el 13 de marzo. / AFP

Foto: AFP - LUIS ROBAYO

Para hablar del actual panorama político-electoral de Cali y el Valle del Cauca hay que tener presente el estallido social de abril del año pasado, que inició con movilizaciones ciudadanas, plantones, cacerolazos, manifestaciones artísticas y derribo de estatuas, y derivó en disturbios, bloqueos de vías, choques entre protestantes y Fuerza Pública, quema de estaciones de transporte público, abusos policiales e incluso asesinatos, cuyas repercusiones se sienten aún en la ciudad. Ahora, más allá de todo eso, lo sucedido dejó en evidencia las profundas problemáticas de exclusión y desarrollo humano que afectan a las clases populares y medias en Cali y la región, como lo explicó el profesor Adolfo Álvarez Rodríguez, director del Programa Institucional de Paz de la Universidad del Valle, en un documento desarrollado para la Corporación para la Integración y Desarrollo de la Educación Superior en el Suroccidente Colombiano (Cidesco) y el colectivo “Acuerdo por Cali”.

Lea más de la actualidad política y electoral en https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2022/

“El desempleo entre los jóvenes y la vulnerabilidad económica que padecen amplios sectores de la población son parte de los principales malestares que aquejan a la capital del Valle del Cauca, cuya economía se vio gravemente afectada por la pandemia del covid-19. Muestra de ello es que en Cali la pobreza pasó del 25 % en 2019 al 40 % en 2021. Cerca del 50 % de la economía de la ciudad es informal y se enfoca en el sector terciario y de servicios (hoteles, restaurantes, bares e industrias culturales), que se vieron aquejados con las medidas que buscaban contener la propagación del covid-19”, señaló el académico. En su análisis, refiere además la acumulación y el agravamiento de las problemáticas de educación, la crisis de gobernabilidad y liderazgo público, y la conexión entre dinámicas estructurales y agentes de violencia en el oriente y la ladera de la ciudad: “Cali es el centro de operaciones de la economía ilegal en el suroccidente y sigue manteniendo altos niveles de criminalidad y homicidios, por encima de la media nacional”.

En efecto, la inseguridad y la violencia han sido un asunto de preocupación permanente de la agenda pública y política desde hace más de dos décadas no solo a nivel local, sino también nacional. De hecho, el pasado 21 de enero se llevó a cabo un consejo de seguridad en el que estuvieron los ministros de Defensa, Diego Molano, y del Interior, Daniel Palacios, en respuesta a una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, en la que se advirtió sobre las condiciones de vulnerabilidad de algunas zonas, así como por la presencia de grupos armados ilegales involucrados en recientes ataques contra la Fuerza Pública. Al final, se determinó desplegar una operación especializada contra el frente de guerra urbana del Eln y para contener las acciones de las disidencias, se dispuso un grupo de seguimiento antiterrorismo y se definió un plan articulado de seguridad en el centro, oriente y plazas de mercado de Cali. Además, se activaron mecanismos de inteligencia y un monitoreo al cordón de movilidad desde el norte del Cauca hasta el sur del Valle.

“Se tendrá un puesto de mando en el Batallón de Alta Montaña número 3, por la incidencia del frente Jaime Martínez, y se comenzará a aplicar el plan ‘1.000 contra el narcotráfico’, en conjunto con la Secretaría de Seguridad de Cali, para desarticular organizaciones de microtráfico”, explicó el ministro Molano. La alerta temprana de la Defensoría advertía de la presencia de actores armados en la ciudad, lo que se debe, en parte, a su posición geográfica, que la hace un centro estratégico de tres corredores criminales por los que se movilizan armas, drogas e insumos para estas últimas. En ella se dio cuenta de por lo menos 182 grupos de crimen organizado y bandas delincuenciales establecidas en la zona urbana, de acuerdo con cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), así como de otras que se estarían apalancando para tener presencia intermitente y el tránsito asegurado, como facciones de las disidencias de las Farc, que integran el Comando Coordinador de Oriente y miembros del frente urbano Omaira Montoya Henao y el frente de guerra Che Guevara del Eln.

Ese tema del orden público es una de las preocupaciones que expresa la Misión de Observación Electoral (MOE), a través de su vocero en Cali, Alejandro Sánchez, profesor de ciencia política de la Javeriana: “Preocupa la zona alta de Tuluá, Bugalagrande y Caicedonia, en la vereda de Aures, por la presencia de las disidencias. Igualmente, la zona rural de Buenaventura, donde el tema de la seguridad se ha deteriorado en los últimos meses y la zona alta de Jamundí, por Villacolombia”. Para la MOE, la escalada de violencia por parte de los diferentes actores armados ilegales, si bien en la mayoría de los casos no ha sido por causa de las elecciones, sí impacta el proceso, pues los candidatos no pueden movilizarse o realizar actos de campaña de manera libre, sumando los desplazamientos forzados en los que si no hay retorno, se impide ejercer el derecho al voto. Se sabe que en las últimas semanas han llegado a Cali varias familias desplazadas desde Buenaventura.

Le puede interesar: Santander: ¿entre el tradicionalismo y Rodolfo Hernández?

Sumas y restas en lo electoral

Es este, entonces, el telón de fondo de la campaña en Cali y el Valle del Cauca, tanto a Congreso como a Presidencia de la República, en la que la expectativa está por saber si a la hora de la cita en las urnas se va a expresar la indignación que los jóvenes mostraron en las protestas de 2021. Una expectativa que, en concepto del académico Camilo Mayor, director también de la emisora comunitaria Oriente Estéreo, está cargada de pesimismo, pues el proceso de inscripción de cédulas en la ciudad no fue tan masivo como se esperaba. “Lo que va a quedar es si el estallido social significó una concientización en los jóvenes de que es a través del voto que pueden tratar de lograr los cambios exigidos en las calles”. De hecho, hablando con nombre propio, el periodista José Alberto Tejada, del Canal 2 de televisión local y quien ganó reconocimiento durante el paro nacional al reportar las manifestaciones y denunciar el abuso policial, es ahora la cabeza de la lista cerrada a la Cámara de Representantes en el Valle por el Pacto Histórico, como vocero de varias de esas organizaciones sociales focalizadas en Puerto Resistencia, lo que antes era conocido como Puerto Rellena y que se convirtió en el bastión de las protestas.

En criterio de la actual representante a la Cámara Catalina Ortiz, de la Alianza Verde y quien no vuelve a aspirar, Cali y en general el Valle del Cauca viven una tensión, algo así como un estrés postraumático, por lo ocurrido en el paro, que se traslada a lo político y lo electoral. E identifica una radicalización de las posturas: por un lado, unos sectores derechizados, que exigen mano dura, claman por el porte libre de armas y rechazan expresiones como las de la Primera Línea o la minga indígena. De otro lado están los sectores sociales y los movimientos de jóvenes que claman por más oportunidades en educación, salud, cultura y empleo, al tiempo que cuestionan la estigmatización en su contra y niegan vínculos con grupos ilegales. Para Ortiz, sin embargo, será la clase media, que es mayoría y prefiere estar alejada de los extremos, la que definirá a los representantes en el Congreso, y el asunto no es de derechas ni de izquierdas, sino de lucha contra la politiquería. “Acá la pelea es contra las maquinarias, porque todos son socios de todos, todos se tapan, se reparten la burocracia y los contratos”, dice.

A la hora de las sumas y restas en el pulso por llegar al Legislativo, tanto a Senado como a la Cámara, durante los últimos procesos electorales lo que se ha visto en Cali y el Valle del Cauca es una fragmentación con diferentes grupos políticos en el juego. Otro factor a tener en cuenta es que muchas de esas organizaciones están pensando a futuro, proyectándose hacia los comicios locales y regionales de 2023. Así las cosas, la apuesta de unos es por mantener sus cuotas y la de otros es por arrebatarles parte de la torta electoral. Steven Ospina, líder social de Siloé y vinculado a la campaña de Tejada, reconoce, por ejemplo, que las maquinarias de los grandes barones electorales de la región siguen aceitadas y que la lucha es desigual, pero hay que darla. “Los políticos tradicionales ya no hacen campaña en la calle, porque la gente los rechaza y se les enfrentan. Prefieren mostrarse con vallas, afiches o en uno que otro evento cerrado. Se han debilitado, y este es, sin duda, el mejor momento de los alternativos”, recalca.

Lea también: No más rodeos: así serán finalmente las consultas presidenciales

En la actualidad, el Valle del Cauca cuenta oficialmente con 13 representantes a la Cámara: cuatro de la U, cuatro del Partido Liberal, dos del Centro Democrático, uno de los verdes, uno de Cambio Radical y uno del Partido Conservador. A ellos habría que sumarles las curules de Luis Alberto Albán, a nombre del antiguo partido FARC (hoy Comunes) y las dos de la circunscripción afros, en cabeza de Hernán Banguero (Consejo Comunitario La Mamuncia) y Jhon Arley Murillo (Consejo Comunitario La Playa Renaciente), pues contaron con una alta votación en el departamento. Los cálculos que muchos hacen es que la U puede perder uno de sus escaños, al igual que el uribismo. La disputa por esas dos plazas la estaría dando el Pacto Histórico, que va en lista cerrada, con Tejada en el primer renglón. Hay quienes incluyen en la pelea a los movimientos cristianos, MIRA y Colombia Justa-Libres, cuya disciplina y potencial son considerables.

Hablando de jugadores fuertes y de maquinarias, palabra de moda, el poder de Dilian Francisca Toro sigue vigente, más ahora como directora del Partido de la U e impulsora de la coalición Equipo por Colombia. “Dilian nunca pierde y su operación es eficiente y ya está asentada”, dice una fuente pidiendo el anonimato, que incluso habla de la “diversificación” de su estrategia, refiriéndose a la renuncia a la colectividad del hoy senador Roosvelt Rodríguez, uno de los más votados en el Valle, y los rumores de su llegada al petrismo. En voz baja, hay quienes mencionan las supuestas movidas que viene haciendo el destituido exgobernador Juan Carlos Abadía, con tentáculos en la alcaldía de Jorge Iván Ospina y considerado el “padrino” político del actual representante Álvaro Monedero, en las filas del Partido Liberal. Dicen que Abadía está preparando el camino para su regreso al escenario electoral en 2023. Y no faltan quienes incluyan entre esos “poderosos” a la uribista Susana Correa, actual directora del Departamento de Prosperidad Social. “Es la que maneja, nada más ni nada menos, que los subsidios en el país. Eso cuenta”, agregó la fuente.

El “ospinismo” y el papel clave de los empresarios

Por cierto, el alcalde Ospina, aseguran, es otro actor clave. Si bien en la Alianza Verde, su partido, dicen que “Ospina es Ospina” y no azara la incidencia electoral que pueda tener la baja aceptación de su gestión, se dice que su apuesta está en jugar a favor del Pacto Histórico, que tiene a Alexánder López, del Polo, como uno de sus cimientos en el Valle. Incluso se habla de un choque interno entre los dos “protegidos” del “ospinismo”: los candidatos Julián Zapata y Harvey Hurtado. Por otra parte, en todo este ajedrez político-electoral hay que mencionar a Roy Barreras, a quien muchos ven debilitado, pero con algunas fuerzas y poder clientelista en sectores como el de la salud y que cuenta con su hijo, Roy Alejandro, como director de Planeación de la Alcaldía; al grupo de los Arroyabe -con Fabio padre (hoy concejal) y Fabio hijo (hoy representante)-, que tiene ficha propia y familiar en la lista liberal: el primo Leonardo Arroyabe, y al mismo uribismo, que espera mantener sus dos curules con Cristian Garcés y Milton Angulo, la sorpresa de 2018, cuyo poder electoral está en Buenaventura. Los conservadores, hoy con una curul, la de José Gustavo Padilla, podrían ser los damnificados en un proceso en el que, se estima, pesará más la opinión.

Cabe aclarar que esta mirada se hace desde el punto de vista del debate por los escaños en la Cámara de Representantes, pues al fin y al cabo es donde se pueden conocer los intríngulis del poder regional. Otra arista tiene que ver con la clase empresarial vallecaucana y sus expectativas por lo que vaya a suceder en lo electoral. Desde los tiempos del estallido social, junto a la Iglesia católica, la academia, los medios y la misma ciudadanía, se empezó a trabajar en la línea de implementar acciones para reconstruir la confianza perdida y defender como prioridad el respeto por la vida y la búsqueda de una sociedad incluyente, con espacio para todos. “Somos conscientes de las brechas económicas y que la empresa se ha quedado corta en llegar y plantear soluciones a unas comunidades golpeadas aún más con la pandemia. Nuestras expectativas frente a las elecciones a Congreso y Presidencias apuntan a que haya una mayor participación de la gente, a dejar la apatía y entender, en el caso del Legislativo, que es la columna fundamental de la democracia, que no puede seguir con tan alto nivel de descalificación y que se necesita gente nueva, variada, que rompa con las maquinarias clientelistas tradicionales y signifique un cambio de verdad”, dice Gustavo Muñoz, director del Grupo Multisectorial, en el que confluyen líderes de al menos 25 sectores económicos de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Lea también: En enero de 2022, se presentaron 37 hechos violentos contra líderes: MOE

El profesor Juan Pablo Milanese, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi, aterriza quizá todo este panorama. Para él, si bien es difícil prever lo que pueda pasar, es claro que las dinámicas que se imponen en los comicios legislativos son mediadas por las maquinarias y que, si bien se pueden dar expresiones de voto de opinión, estos serán más espontáneos y en focos específicos, sobre todo en Cali. “Es una elección de nicho, donde los candidatos se concentran en ciertos sectores poblacionales, apoyados por intermediarios. Seguramente todo ese malestar social que se vio antes no estará presente esta vez, y eso ya se vio con los Consejos de Juventud”, señala. Para el académico, más que apatía de lo que se debe hablar es de una inercia, aunque la presencia de nuevos actores en el escenario -caso del Pacto Histórico o Nuevo Liberalismo, por ejemplo- deja más incertidumbre sobre la manera como se va a mover el tablero electoral en Cali y el Valle del Cauca.