La Misión de Observación Electoral (MOE) ha registrado, en enero de 2022, ad-portas de los comicios de marzo, 37 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales. Esto significa un aumento con relación a enero de 2018, cuando también se presentaron elecciones a Congreso y Presidencia.
Para enero de 2018, se presentaron 29 hechos de violencia en el marco de las elecciones. Ninguno de estos fue dirigido a candidatos al Congreso y precandidatos a la Presidencia, situación que sí se presenta en este 2022, cuando sí se ha contado nueve amenazas contra aspirantes al Legislativo, una de ellas contra un candidato a las curules de paz; un atentado contra un candidato a las curules de paz; y una amenaza contra un precandidato presidencial.
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Con relación a 2018, este 2022 los hechos violentos en el marco de las elecciones aumentaron en un 27.6%. “Lo anterior marca un panorama preocupante (…) por lo que, de no adoptarse medidas urgentes para garantizar la seguridad de los contendientes, si se sigue con la misma tendencia en los próximos meses, el saldo para el 2022 podría ser devastador”, recalca la MOE en su último informe de seguimiento al proceso electoral.
En la discriminación de los ataques, según el liderazgo, los más afectados son los líderes políticos. Que ellos sean las principales víctimas no se veía desde 2016, según la MOE. Así pues, de los 37 hechos, 20 corresponden a líderes políticos. “Los hechos de violencia contra este liderazgo aumentaron un 81.8%”.
Referente a acciones bélicas promovidas por grupos armados, la MOE ha descrito 69 ataques, el 10.7% menos de las contabilizadas en enero de 2018.
Preocupación sobre auditorías
“Para las elecciones de Congreso y Presidencia, por primera vez, se contará con un software de propiedad del Estado para el desarrollo del escrutinio que realizará el Consejo Nacional Electoral, cuya contratación fue adjudicada el 29 de diciembre de 2021 a la empresa Indra”, explica la MOE.
A la organización le preocupa que la Registraduría le entregó a otra empresa el desarrollo de los escrutinios territoriales. “Esto es separar el desarrollo de los escrutinios en dos contratos que se concentran en etapas distintas del proceso de escrutinio, mientras uno se hace cargo del procesamiento de información de los escrutinios a nivel territorial, el otro se hace cargo de lo que es el escrutinio general, lo que genera varios inconvenientes”, señala la MOE.
Los problemas que evidencia la organización son las dificultades para hacer trazabilidad de los resultados de las auditorías de manera integral; la falta de tiempo que tendrán las organizaciones políticas para hacer la correspondiente auditoría, debido a que a mitad de enero se les presentó el plan de auditorías; y, por último, hay desconocimiento sobre la posibilidad de adelantar plan de auditoría territorial.
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Por este motivo, la MOE junto a la Fundación Karisma han reiterado su preocupación con relación a las auditorías a los softwares de escrutinios y en general a los escrutinios zonales, locales, municipales, distritales y departamentales. Y le han pedido a la Registraduría que los acredite como observadores para hacer el respectivo control.
Otras dudas y recomendaciones
La MOE en su informe también dejó inquietudes sobre procesos como el de selección de jurados de votación. ¿Habrá acceso al software de sorteo en tiempo real?, ¿Se podrá revisar la información generada por el software?, ¿El software tiene mecanismos de verificación?, ¿El software tiene capacidad para identificar sesgos en la postulación y selección de jurados?, ¿Hay posibilidad de impugnar la conformación de jurados?, ¿Cómo se cumplirá la paridad de género en la conformación de las mesas?
Además de preguntas, la MOE recomendó a la Registraduría prever el censo electoral por mesas de votación para evitar escenarios como el de las elecciones a Congreso de 2018, cuando se agotaron tarjetones de consultas interpartidistas. “Se debe garantizar una cantidad suficiente de tarjetones para las tres consultas de forma que no se agoten en las mesas de votación para ninguna de las coaliciones”, recalcó.
Igualmente, le pidió al ente de registro brindar un espacio de formación para dar claridades sobre las entregas de tarjetones por parte de los jurados de votación a los ciudadanos. Esto debido a que habrá tarjetones diferentes por cada circunscripción.
Las recomendaciones y las dudas no están dirigidas exclusivamente a la Registraduría. La MOE también le hace algunas preguntas al Consejo Nacional Electoral con relación al protocolo para promover la participación política de las mujeres y prevenir las violencias. Los interrogantes van dirigidos hacia la financiación, apertura de cuentas y entrega de pólizas a mujeres; cómo se hará seguimiento con perspectiva de género a los hechos de violencia y qué pedagogía se ha hecho con el protocolo con los partidos y las candidatas.
Y no solo pregunta sobre el protocolo para la participación política de las mujeres, sino el que se expidió para las personas trans, trasladando las mismas dudas sobre la pedagogía.
Inscripción de cédulas
Por otro lado, la MOE criticó la interfaz usada por la Registraduría para acceder y consultar los datos sobre inscripción de cédulas. “Fue solo hasta el 27 de diciembre de 2021 que se nos dio acceso a una plataforma diversa, que permite observar cada puesto de votación con el total de inscritos, aunque incluso esta carece de determinada información, que siempre había sido compartida, como, por ejemplo, la desagregación por sexo”.
Otro problema que recalcaron es la imposibilidad de descargar todos los datos, para evitar la consulta municipio por municipio. “Establecer el flujo de información por esta vía significa un retroceso en temas de transparencia y acceso a la información en el marco de la observación electoral”, insistió la organización.
Estos problemas, explicó la MOE, suponen una restricción al monitoreo y al análisis desarrollado, que permite, por ejemplo, emitir alertas oportunas y acciones concretas.
Las informaciones que no se pudieron obtener son el desagregado por rural y urbano; desagregado por puesto de votación; puesto de origen; desagregado por inscripción presencial o vía aplicativo; y discrepancia en el número de cédulas inscritas.
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“El 14 de enero, la Registraduría emitió un comunicado titulado ‘Más de 2′611.000 ciudadanos inscribieron su cédula para votar en las elecciones del Congreso de la República del 2022′. No obstante, al comparar el número de cédulas inscritas a la fecha, con los datos internos de la misma entidad, por medio de la plataforma, encontramos un total de 2′545.108 inscripciones al día de hoy. Por lo tanto, hay un desfase de al menos 66.642 inscritos”, deja de presente la MOE.
Haciendo comparaciones con las inscripciones de cédulas en otras jornadas electorales y determinar una tasa de inscripción nacional, la MOE pidió poner el ojo en 11 municipios donde la tasa de inscripción supera por siete veces la del promedio nacional. Estos son La Guadalupe, Guainía; Tarapacá, Amazonas; Puerto Gaitán, Meta; Nariño, Nariño; Puerto Santander y Cúcuta, Norte de Santander; Arenal, Bolívar; La Jagua del Pilar, La Guajira; Yavaraté, Vaupés; y Sabaneta y Briceño, Antioquia.