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La agenda de Alejandro Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), no ha parado desde que inició formalmente el calendario electoral en Colombia. Es decir, desde el 13 de marzo de 2021, ella y su equipo han sido veedores de todo el proceso electoral del país, con el fin de emitir alertas y recomendaciones a la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Pero también esas sugerencias se extienden al Gobierno, cuando se trata de hacer un contexto sobre los factores de riesgo de violencia, los cuales pueden afectar el desarrollo normal y libre de los comicios. El Espectador habló con Barrios para conocer su perspectiva sobre la jornada que se vivirá este domingo. Ella insistió que no hay riesgo de suspensión de las elecciones y que Colombia no tiene tradición golpista que deba preocupar a la ciudadanía.
¿Cómo califica la recepción de la Registraduría a las críticas tras las elecciones del 13 de marzo?
Lo que hemos visto es que se ha dado respuesta a las diferentes solicitudes de las organizaciones políticas. Eso se sintió en la Comisión de Seguimiento Electoral del pasado jueves. Obviamente, cualquier cosa puede pasar, pero después de la reunión de la Comisión se siente que ha habido una organización con muchísimas más salvaguardas que las que hubo en las elecciones a Congreso. Esperamos que todo salga muy bien, que no se presente ningún tipo de problema en materia logística y que haya unos resultados limpios, que generen confianza en todos los sectores.
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¿A qué se refiere con eso de que “cualquier cosa puede pasar”?
Vemos que se han venido adoptando las medidas correctivas, pero cuando digo que cualquier cosa puede pasar son todos esos imprevistos que se salen de las manos o que por lo menos no se han visto en la organización del proceso electoral. Las recomendaciones de preconteo frente a las tarjetas electores o la selección de los jurados de votación fueron acogidas, así como las que tienen ver con sistemas mucho más fuertes para que no se caiga la página web e Infovotantes. Vemos un proceso organizado de manera diferente, con participación de los partidos, con adopción de medidas. Obviamente, cualquier cosa puede pasar: un terremoto, un temblor o la viruela del mono.
¿Es normal que algunos sectores expresen temor o sentimiento de que no tienen las garantías?
Es completamente normal que se presenten este tipo de quejas, porque tuvimos una elección al Congreso en las que hubo diferencias importantes entre lo informado en preconteo y el resultado de lo que iban de los escrutinios. Por eso todas estas medidas de mejora son importantes, porque aquí estamos en un ejercicio de recuperación de confianza, no de confianza dada. Es decir, a los comicios del Congreso se llegó con una confianza dada, se presuponía que todo iba a desarrollarse como en anteriores procesos electorales, pero se presentó una serie de fallas que generaron incertidumbre y dudas en las campañas. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Que se adoptaron medidas que deberían generar que las elecciones funcionen muy bien y que todo salga limpio. Y si todo sale muy bien, pues lo que uno se imagina sobre lo que sigue es confianza y certeza en los resultados.
¿Hay que preocuparse por la ausencia de una auditoría independiente al proceso electoral de este domingo?
La auditoría que estaba pidiendo el Consejo Nacional Electoral tenía un papel fundamental que lo que buscaba era generar confianza luego de un escenario de incertidumbre y falta de esta a la auditoría que hace el propio Consejo. Una auditoría independiente, en ese sentido, se pensaba como otra medida de seguridad y de contraste, con una voz independiente, con un ejercicio de verificación para los partidos, las autoridades de control y la ciudadanía. Lo recomendable ahora es que la Registraduría entregue, de manera abierta, los informes de sus propias auditorías para que el Consejo Nacional Electoral pueda conocer y revisar al detalle el contenido de esos informes y hacer sus propias verificaciones, pues la auditoría de la Registraduría no es pública y las organizaciones políticas necesitan tener un parte de tranquilidad de que todo funcionó bien. También hay un mecanismo supletorio, que es un informe de auditoría de McGregor que se entregó al tribunal electoral y del que se puede hacer una versión pública, obviamente sin incluir información sensible. Eso depende del mismo Consejo Nacional Electoral y la Registraduría.
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¿Cuál es la mayor preocupación sobre los actos de violencia en municipios y posible incidencia en las elecciones?
Colombia es un país que ha venido haciendo elecciones con escenarios de violencia y de riesgo. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que en el informe sobre factores de riesgo que sacamos la semana pasada no está señalando que el domingo puede pasar algo en ese universo de municipios que señalamos, donde hay alrededor de 95 o 96 en riesgo extremo. Lo que dimos fue el contexto en que se ha desarrollado el proceso electoral en términos de libertades políticas, movilización, que pueden tener impacto en el día de los comicios, frente a la libertad del voto. En las regiones del país, grupos armados ilegales han señalado que no se puede hacer campaña por uno u otro candidato, pero también tenemos un factor positivo y es que el Eln declaró cese unilateral del fuego. Eso significa que por lo menos hay un grupo armado que no va a estar activo. En segundo lugar, no hemos tenido información de que el Clan del Golfo tome la decisión de activarse para el día de las elecciones. Lo que sería muy positivo es que no se presente ningún hecho de violencia ese día. Pero como ya han ocurrido situaciones, tememos que haya un impacto durante los comicios y disminuya la participación, porque eso es lo que usualmente pasa.
Siguiendo con el tema de violencia, pero trasladada entre campañas y ataques frontales que se han hecho los unos con los otros, ¿qué implicaciones tiene que el debate electoral haya sobrepasado la raya alrededor de estos?
Es un final de campaña que no es precisamente el deseado. El remitirse a los ataques personales poco ayuda a la información de los ciudadanos y, más bien, puede generar más desconfianza en el proceso electoral, así como en la gobernabilidad. Eso, a su vez, produce debilidad en la democracia, porque no hay confianza por las candidaturas que son elegidas. La recuperación de la confianza después es muy difícil, requiere mucho trabajo y tiempo. Es una lástima que el cierre haya sido así. Para la democracia es más productivo un debate de ideas.
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Otro elemento que ha marcado estas elecciones ha sido el tema de la participación política indebida por parte de funcionarios. ¿Hay que regular el tema en el Congreso, como lo ha mencionado Daniel Quintero en alguna de sus entrevistas tras ser suspendido?
Obviamente. Eso precisamente es una de las tareas pendientes que se tienen para el próximo Congreso de la República. Se debe regular no solo el tema de la participación en política de funcionarios públicos, sino la de los electos. Se necesita ser muchísimo más claro frente a estas prohibiciones. No es lo mismo cuando tú estás hablando de un funcionario público que es un profesor de un colegio o de una universidad, o el conductor del transporte de determinada institución, o cuando estás señalando que un funcionario público es un presidente de la República, un ministro, un secretario de gobierno, alcalde o gobernador. Las restricciones tienen que ser diferenciadas y esa es una tarea que sí creo que queda en primer lugar para la próxima agenda, igual que la reglamentación de las coaliciones.
¿Qué se debe reglamentar de las coaliciones?
Una de las características del proceso electoral es que nos fuimos con coaliciones y hoy las coaliciones no están reglamentadas. Eso significa que no hay ningún tipo de obligación de trabajar en bancada, no hay claridad de cómo son las sanciones, el tipo de sanciones que se podrían poner y cómo se aplican para todos los partidos y movimientos que conforman esas coaliciones. También todo lo relacionado con la financiación de las organizaciones políticas. Todo eso está por definirse, especialmente en un Congreso que está conformado de manera importante por coaliciones, que no tienen reglas claras para su comportamiento en términos de posiciones de bancada y dentro del mismo Gobierno.
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¿Han recibido denuncias a través de Pilas con el Voto?
Sí, tenemos más de 200 informaciones ciudadanas que nos han presentado sobre constreñimiento al elector, compra de votos y participación en política de funcionarios públicos. Digamos que tenemos casi que toda la tipología de denuncias para elecciones presidenciales frente a anomalías, irregularidades y delitos electorales.
¿Esas 200 denuncias son solo para elecciones presidenciales?
Así es. La mayoría que recibimos la semana pasada tienen que ver con constreñimiento por parte de empresas privadas. Ese tema al ponerse en redes y medios de comunicación, algo que parecía normal, empezó a cuestionarse y entenderse que no estaba bien que el jefe dijera que se tenía que votar por x candidato o que no diera permisos a quienes trabajan los domingos para ejercer su derecho. Llegaron alrededor de sesenta quejas sobre este tema de constreñimiento por parte de empresas privadas, además de las recibidas por parte de funcionarios públicos que obligaban a contratistas a ir a eventos que terminaban siendo espacios políticos.
¿Se sabe por qué no se permitió el ingreso a Colombia del observador Alejandro Rusconi, del movimiento Evita?
En la Comisión de Seguimiento pusimos el tema sobre la mesa, porque nos preocupa y no ha sido el único caso. Hicimos una recomendación que se adoptó y es la creación de una mesa de diálogo y trabajo entre el Consejo Nacional Electoral, la Cancillería y Migración Colombia.
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¿Cuántos observadores no han podido ingresar al país?
Hay más de 400 observadores inscritos y acreditados por el Consejo Nacional Electoral. Nosotros tenemos reportes de no ingreso en dos casos y tres casos de que se estaban poniendo problemas para el ingreso, pero finalmente pudieron entrar a Colombia.
Las tensiones en temporadas electorales son normales, se está en competencia, pero ¿antes había precedente de unas elecciones atravesadas por rumores de suspensión y de una labor de la Registraduría tan cuestionada?
Eso es inédito, por lo menos desde que nosotros estamos observando procesos electorales en 2006. Es la primera vez que hay tanta desconfianza y es normal que se tenga, debido a lo que pasó en las elecciones a Congreso. Anteriormente lo que se escuchaba eran rumores de compra de votos o que era norma que el que escrutaba era el que elegía, suma y resta de votos. No obstante, el transcurrir de los anteriores procesos electorales, en últimas, no se cuestionó y tampoco sus resultados. Aquí se han ganado elecciones con diferencias de 50.000 votos, se ha pasado a segunda vuelta presidencial con diferencias de 200.000 votos y no se ponen en cuestión esos resultados. Por eso es tan importante que la Registraduría haya escuchado y adoptado medidas para hoy.
¿Qué tan arriesgado es hablar de golpe de Estado en un ambiente caldeado como el actual, de acuerdo con las denuncias que han hecho figuras del Pacto Histórico de que van a suspender las elecciones, van a mover la fecha o van a poner a un registrador “ad hoc”?
Nada de eso va a pasar. Colombia no tiene en su legislación el aplazamiento de elecciones. Tiene que pasar un desastre natural, una emergencia sanitaria como la que tuvimos por el covid, para aplazar una jornada electoral. Se tendría que presentar una emergencia que afectara a todo el país. No sé si recuerdan que en el proceso de refrendación por la paz hubo un tornado y afectación en siete municipios en la costa Caribe, ahí se habló de suspender elecciones o convocar en otra fecha. Las elecciones van porque van y Colombia, además, no tiene una tradición golpista. Colombia es un país que, con todas sus dificultades, ha resuelto sus diferencias en el escenario electoral y no hay nada que nos indique que esta vez será diferente. Hay que tener mucha tranquilidad y los rumores de un posible golpe de Estado generan mayor desconfianza y miedo en el proceso electoral. Y el miedo también es una forma de evitar el voto libre.
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¿Qué indica lo reportado como ingresos y gastos por las campañas en Cuentas Claras? ¿No están siendo juiciosos con la transparencia?
Vamos a la primera vuelta presidencial y tenemos registros no realizados ni para las elecciones a Congreso. Los datos que se han puesto para elecciones a Congreso y Presidencia aún no se corresponden con la realidad. ¿Qué necesitamos ahí? Fortalecer la capacidad técnica y de presencia del Consejo Nacional Electoral para que de verdad se pueda hacer un seguimiento minucioso, real, con herramientas, para que puedan obligar a las organizaciones políticas a tener que reportar en tiempo real lo que está pasando con el monto, origen y destino de los recursos.
