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11 Feb 2022 - 8:12 p. m.

Registraduría canceló 50 cédulas de excombatientes por anulación de sus registros

Aunque la resolución es de 2021, apenas los firmantes del Acuerdo advirtieron que no podrán participar como votantes en las elecciones del 13 de marzo.
Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes, también alertó que sus derechos políticos fueron suspendidos, el pasado mes de enero.
Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes, también alertó que sus derechos políticos fueron suspendidos, el pasado mes de enero.

Esta semana, 50 excombatientes de las Farc se enteraron de que sus registros civiles fueron anulados y, por ende, sus cédulas canceladas. Lo que significa que para las elecciones del 13 de marzo no podrían votar hasta que se resuelva la situación de sus registros.

La Registraduría, a través de la Resolución 14705 de 2021, anuló los registros civiles por irregularidades, anomalías o incumplimiento en las formalidades establecidas, como se lee en el documento.

En la mayoría de los casos, la entidad determinó que fue por el incumplimiento del decreto 1260 de 1970, artículo 104, causales 4 y 5. Es decir, se anulan las inscripciones cuando (4) “no aparezca debidamente establecida la identificación de los otorgantes o testigos, o la firma de aquellos en estos” o (5) “no existan los documentos necesarios como presupuestos de la inscripción o de la alteración o cancelación de esta”.

A la vez de anular los registros civiles de 50 exguerrilleros, canceló 22 cédulas por motivo de identidad falsa. Aunque, por la primera acción, hay una cancelación automática del documento de identidad y, por ende, el cese de los derechos civiles y políticos, hasta que se restablezcan los mismos.

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Con ánimos de tener respuestas, la senadora Victoria Sandino, de Comunes que organizó su propio movimiento Avanzar, envió una carta al registrador Alexánder Vega, al presidente de la JEP, Gabriel Cifuentes, y al director de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), Andrés Stapper, enviando una alerta sobre lo que significa no contar con una cédula de identificación.

“(Esta situación) ubica en una situación de riesgo (a los excombatientes) por no tener identificación válida no solo para su proceso de reincorporación a la vida civil, sino para cualquier tipo de proceso que adelante tanto la JEP como la ARN. Así mismo, les impedirá el ejercicio de su derecho fundamental al voto en los siguientes comicios”, advirtió Sandino.

Por ahora, no ha habido ninguna acción de restablecimiento del derecho administrativo. Se conoce por ejemplo que, en un caso particular, el registrador especial de Villavicencio informó a uno de los excombatientes de la resolución el pasado 26 de enero.

“Valga resaltar que como quiera que este procedimiento es de naturaleza administrativo, el investigado puede hacer uso del derecho de contradicción y defensa”, se lee en la carta remitida a un firmante de paz que, por motivos de seguridad, no se revela su nombre.

Este año también, Rodrigo Londoño, presidente de Comunes, partido de los excombatientes, denunció que, una vez fue a consultar su puesto de votación, encontró que sus derechos políticos se encontraban suspendidos desde febrero de 2021, al parecer, tras una condena proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá por los delitos de secuestro extorsivo y rebelión. Tras la denuncia pública, sus derechos políticos fueron restablecidos en cumplimiento del Acuerdo de Paz y la justicia transicional a la que está sometido.

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