El presidente Gustavo Petro confirmó su intención de impulsar una gran asamblea de pueblos indígenas en Santa Marta, Magdalena, antes de terminar su periodo en el poder el próximo 7 de agosto. Aunque aún no se tiene una fecha definitiva para su realización, los diferentes grupos indígenas vienen tomando un mayor protagonismo en el escenario electoral por el que atraviesa el país; el paso más reciente se reflejó en la decisión del candidato del oficialismo, Iván Cepeda, de designar a la senadora y lideresa indígena Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial.
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En esta línea, vienen desarrollándose con fuerza varias movilizaciones de estas comunidades, algunas por motivos proselitistas y otras por reclamaciones directas hacia el Gobierno nacional y administraciones locales. Hace tan solo 24 horas hubo presencia de indígenas provenientes de San Pedro de Urabá en La Alpujarra, en pleno centro de Medellín –donde se encuentran la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de la capital del departamento–. El grupo de manifestantes aseguró que el objetivo de la protesta estaba relacionado con exigencias en materia de educación y de necesidades específicas de sus territorios hacia el gobierno local y que no tenía conexión con el presidente Petro. Además, en Bogotá también se han presentado manifestaciones este martes y se espera que también se vean en el Valle del Cauca y en Pasto.
Al respecto, fuentes cercanas a la candidata Aida Quilcué le confirmaron a El Espectador que la minga indígena acordó, como acto de campaña, hacer presencia en diferentes territorios del país como símbolo de apoyo a la lideresa en su carrera política como fórmula de Cepeda.
Es en ese contexto que este diario se dio a la tarea de revisar la manera en que se han construido las relaciones entre comunidades y organizaciones indígenas con el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que además suman dos curules en Senado: Aida Quilcué –miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric)– y Richard Fuelantala (distanciado del petrismo); el Ministerio de la igualdad: Luis Alfredo Acosta –quien estuvo al frente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) durante 14 años–; y la embajada de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas, con Leonor Zalabata. Esto sin contemplar otras fuerzas que también tienen representación, como es el caso de la senadora Martha Peralta con las comunidades Wayuu, quien logró su reelección con más de 61.000 votos, a pesar de estar presuntamente implicada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). Ella alega su inocencia.
En referencia específica a la relación entre el Gobierno y el Cric, los focos de contratación están centrados, principalmente, en materia de seguridad y restauración vial. En lo que va del año, se han firmado un total de seis contratos. La Unidad Nacional de Protección ha invertido COP 2.000 millones en protección, “con el fin de desarrollar la propuesta de medidas de protección individuales y colectivas con enfoque diferencial étnico a favor de los 28 líderes indígenas cobijados actualmente con la medida cautelar”, además de “implementar actividades de los planes de acción zonales de la guardia indígena de manera efectiva para los puntos de control territorial”.
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Por su parte, desde el Ministerio de Educación, en contratos celebrados a finales de enero, se destinaron COP 68.307 millones con el propósito de “afianzar y continuar vivenciando la política educativa propia del Cric en los niveles locales y regional en el marco del plan cuatrienal 2023-2026”. Mientras tanto, respecto al mejoramiento de vías en los territorios se han invertido alrededor de COP 1.500 millones. Además, en el primer semestre de 2025 se contabilizaron cinco contratos que sumados superan los COP 100.000 millones a través de la figura de contratación directa.
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Por su parte, con la Onic también se han celebrado varios contratos, especialmente relacionados con aspectos de fortalecimiento en torno a la jurisdicción especial indígena y a cuestiones educativas. En lo corrido del año se han suscrito cinco. El primero con la Agencia de Desarrollo Rural, por COP 2.835 millones; el segundo con el Departamento Nacional de Planeación, por COP 4.817 millones; el tercero con el Ministerio de Justicia, con el fin de fortalecer la jurisdicción especial indígena en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo por COP 1.150 millones; el cuarto con el Ministerio de Educación buscando “avanzar en la concertación e implementación de los lineamientos y la ruta metodológica orientados a identificar, estimar y consolidar los costos integrales del sistema educativo indígena”, por COP 1.720 millones. Y el quinto con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas para “aunar esfuerzo y recursos técnicos, humanos y financieros en el fortalecimiento de las formas organizativas de los pueblos y comunidades indígenas”, por un total de COP 400 millones.
Además, en el segundo semestre de 2025 se celebraron contratos que van desde los COP 400 millones hasta los COP 9.000 millones, principalmente, con el Ministerio Salud para la definición de un plan de infraestructura propia de las comunidades; con el Ministerio del Transporte para diseñar una “ruta metodológica para la regulación de la operación de los servicios de transporte escolar en las zonas de frontera”; y con el Ministerio de Cultura para la “implementación de procesos de formación artística y oficios tradicionales” en el marco del cumplimiento del acuerdo que busca implementar programas para fortalecer el fomento y revitalización de los espacios para la cultura.
No obstante, fuentes cercanas a la Onic le aseguraron a El Espectador que existe un déficit en la contratación y ejecución de los proyectos y recursos del Plan Nacional de Desarrollo en relación con esta organización. Al respecto, el senador por el Pacto Histórico, Alexander López y actual jefe de debate de Quilcué, sostuvo que esto “puede ser verdad”, pero lo atribuyó a la falta de presupuesto del Gobierno afirmando que “cumplir los derechos de los pueblos indígenas no ha sido fácil porque gobiernos anteriores no los cumplieron, entonces hay un rezago histórico”. Además, el legislador aseguró que este Gobierno ha “venido dándole espacios a los pueblos indígenas” como parte de un mandato constitucional que se había incumplido en periodos anteriores.
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Este mismo senador estuvo envuelto en una polémica tras conocerse un video en un acto de campaña de Quilcué, donde se hizo un llamado a la minga indígena para apoyar a la candidata. Tras varias críticas, le confirmó a este diario que se trataba de una réplica a una invitación directa de la CRIC, que había convocado en diferentes ciudades. Precisando además, que el significado de esta palabra se ha estigmatizado, y que originalmente representa una tradición de trabajo comunitario y solidario.
Por su parte, el Jefe de Estado manifestó, durante el más reciente consejo de ministros que “el compromiso más claro y el compromiso constitucional más robusto está con el campesinado, los pueblos indígenas, las comunidades negras”. Además, este diario intentó contactar al viceministro de Diálogo Social, Gabriel Rendón, quien será el encargado de gestionar la gran asamblea propuesta por el presidente Petro, sin embargo al cierre de esta edición no contestó. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también ha jugado un papel importante en el panorama y fue precisamente a quién Petro se refirió para delegar las funciones del gran encuentro que planea llevar a cabo, además, ha estado a cargo de las negociaciones cuando se han presentado manifestaciones y desacuerdos con los grupos indígenas.
En el panorama entran en juego factores de peso, pues aunque se evidencia un fortalecimiento en materia de contratación en el Cric y en la Onic, otros grupos indígenas dentro de las organizaciones se han sentido relegados de la discusión. Este fue el caso de algunos liderazgos del pueblo Zenú, que aseguraron –tras conocerse la fórmula de la izquierda– que desde su grupo no se sienten representados por estas organizaciones. La realidad es que al presidente Gustavo Petro le quedan un poco más de cinco meses en el poder, y la estrategia de fortalecimiento de estas comunidades sucede en medio de una campaña presidencial del oficialismo que estrecha lazos con organizaciones indígenas.
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Por Luna Mejía Farías
