En tan solo 48 horas la consulta para elección de candidato presidencial del Pacto Histórico se puso en tela de juicio y generó una tormenta dentro de la izquierda. Todo se dio por cuenta de un calculado anuncio de Daniel Quintero en torno a abandonar esta cita a urnas, lo que sacudió las toldas del petrismo y dejó herida la viabilidad de las votaciones previstas para el próximo 26 de octubre.
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Luego de un diálogo con el presidente Gustavo Petro que terminó en la madrugada del miércoles, Quintero anunció pasada la media noche que se bajó de la consulta y acusó al “establecimiento” de un supuesto intento de frenar su aspiración. Sin embargo, lo que confirmó que poco apoyo tenía esa candidatura en las bases, sí se mantienen hasta el momento Iván Cepeda y Carolina Corcho, quienes en todo caso tienen el respaldo más amplio de la izquierda tradicional.
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¿Y qué pasó? Fuentes del interior del petrismo purasangre le dijeron a El Espectador que, si bien han existido medidas que han “perjudicado” al Pacto Histórico y los colectivos que le integran –señalando al Consejo Nacional Electoral (CNE) –, estas no frenan el desarrollo de la cita a urnas que costará COP 190.000 millones y por la que ya hay impresos 39 millones de tarjetones.
De hecho, en un sector de la coalición de Gobierno estiman que en lugar de una salida sustentada en motivos jurídicos, Quintero Calle no estaría seguro de lograr los votos para posicionarse en la carrera presidencial con miras a marzo del 2026 en el pulso que en ese momento tendrá la centroizquierda. También habría repercutido el proceso judicial que tiene en contra, por el cual está imputado por presunto peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción.
En su declaración de renuncia – que aún no es formal –, Quintero remarcó que el sentido de la consulta mutó de un proceso partidista (o interno) a uno interpartidista, y que eso impediría la participación del vencedor en el Frente Amplio. Incluso, en el documento que expone el exalcalde, denominado ‘Acuerdo de Voluntades’, se señala en su parágrafo primero: “El Movimiento Político Pacto Histórico, acuerda participar en una consulta partidista a realizarse el 26 de octubre del 2025”.
Fue con este texto con el que los partidos Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo y Partido Comunista dieron el aval a los precandidatos presidenciales para su participación en la consulta. Y si bien son los tres colectivos los que otorgan el permiso a Corcho, Quintero y Cepeda, argumentaron que el CNE permitió la fusión de las colectividades bajo la personería única del Pacto Histórico y que una medida cautelar permitió la inscripción de los aspirantes ante la Registraduría. Pero esta última decisión se cayó y el tribunal electoral no ha ampliado ese registro de la nueva fuerza de izquierda.
Ahora bien, el proceso, pese a ser partidista, no permitiría una participación del vencedor en la consulta ampliada de 2026. Para la Misión de Observación Electoral, el proceso estaba condicionado en la formulación que hizo la bancada de Gobierno, ya que en el tarjetón quedó que la intención de la votación es la “consulta de candidatos a presidente de la República”; por lo anterior, esta misma solicitud impediría la participación en un nuevo proceso en marzo, según la ley 1475 del 2011.
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Esta normativa estipula, en su artículo séptimo, que “quienes hubieren participado como precandidatos quedaran inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas”. No obstante, en la bancada del petrismo aseguraron que prevalecen sus derechos de participación política, por lo que insistieron en la realización del procedimiento.
Para el presidente Gustavo Petro, quien alternó en 12 horas de opinión, “el Consejo Nacional Electoral no ha dado las garantías para la realización de la consulta del Pacto Histórico”. Sin embargo, luego de ese mensaje en sus redes, cambió la formulación de su tesis y pasó de calificar todo como un supuesto “golpe antidemocrático”, a advertir que ese 26 octubre habrá consulta y que él saldrá a votar. Eso demuestra realmente quién toma las decisiones en la izquierda.
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Operatividad y recursos
Bajo esta óptica de continuidad, con o sin Quintero, es claro para la Registraduría que no habrá cambios en el material electoral. Pese al fallo emitido por parte del CNE frente a la negativa de usar el logo del Pacto Histórico para la consulta presidencial, expertos en derecho electoral han señalado que esta decisión no se encuentra en firme y que, al ser de carácter administrativo, existen una serie de recursos que pueden ser invocados por el Pacto para poder seguir adelante con la elección de su candidato.
Asimismo, pese a la petición de Carolina Corcho de una reimpresión del material electoral, el registrador Hernán Penagos descartó esta posibilidad por falta de recursos y tiempo para el despliegue logístico. Así lo consideró en una entrevista a Acento Colombia, en la que aseguró que la Registraduría no está logística ni presupuestalmente preparado para ello. “Los plazos son perentorios”, dijo el funcionario. Además, señaló que al no haber sido notificado de algún cambio en el proceso electoral o suspensión del mismo, la consulta se mantiene.
Entre tanto, en el CNE siguen pendientes algunas decisiones como, por ejemplo, el uso de los logos del partido Pacto Histórico para la consulta del Congreso. Esta situación sería similar a la del proceso presidencial, con la diferencial que laelección sí se hace con el presupuesto de ser una consulta interpartidista. Sin embargo, aplicaría la misma lógica sobre las medidas cautelares que permitirían el uso de estos representativos el próximo 26 de octubre.
Aquí la respuesta de la Registraduria
Afectación a otra consulta
Inevitablemente desde esta bancada han reconocido que la turbulencia del trámite repercutirá de forma negativa en las urnas. Su proyección inicial estaba en más de 3 millones de votos para la consulta presidencial, según el senador Alberto Benavides, mientras que para Congreso el estimado se situaba en 2 millones. No obstante, y en medio de la incertidumbre sobre la realización de la contienda, congresistas apuntan que si logran parte de esas cifras podrían hablar de éxito.
Ahora bien, la mayor repercusión se refleja en la ausencia de María José Pizarro en el tarjetón. La senadora quedó fuera de la consulta para Congreso debido a que su movimiento ‘Progresistas’ aún no cuenta con personería jurídica, ya que la misma ha sido condicionada por el CNE hasta la resolución de investigaciones de Mais, partido del que busca escindirse. Los procesos se encuentran en este tribunal electoral y deben ser definidos antes del 8 de noviembre.
Sin embargo, de obtener la personería jurídica sin condicionantes, Pizarro señaló que existen acuerdos que le garantizarían su posición como cabeza de lista al Senado. Lo estipulado en este escenario sería conformar una posible coalición entre Pacto Histórico, ya como partido y su personería jurídica definida, y Progresistas.
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Por otro lado, aquí también existe un condicionante para los integrantes de la Colombia Humana. El partido del presidente Gustavo Petro también debe esperar a la resolución de las medidas cautelares en el Tribunal Superior de Bogotá, por lo que está en un proceso similar al de Pizarro y Progresistas para las consultas a Congreso.Aunque este sí participará en la elección del próximo 26 de octubre, en caso de que no puedan integrar la fusión del Pacto – escenario actual – sus congresistas no podrían estar en los comicios de marzo.
La crisis de la centroderecha
Si bien en el proceso de la izquierda llueve, en el de la derecha no escampa. Los partidos tradicionales siguen en la búsqueda de consolidar candidatos, algo que solo ha hecho el Conservador, de manera parcial. La U y liberales analizan sus escenarios, mientras que el Centro Democrático ya ha marcado una hoja de ruta, pero a la que le vuelven a surgir nuevos interrogantes.
El colectivo uribista definió que una encuesta internacional revelará su candidato el próximo 28 de noviembre que se disputan Miguel Uribe Londoño, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra. Esta decisión permite dar un lapso para que quienes pierdan en este proceso puedan – si así lo desean – inscribirse para conformar las listas al Congreso.
No obstante, el sentido del fallo a la apelación presentada por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez será fundamental en el desarrollo la elección. Si bien el exmandatario cuenta con libertad hasta la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, la audiencia se desarrollará el próximo martes 21 de octubre, hecho que puede repercutir tanto en la campaña de la derecha como de la izquierda.
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