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En medio de los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro por la transparencia de los contratos para la organización de las próximas elecciones, la Registraduría firmó esta semana un nuevo convenio que será clave para el desarrollo de los comicios. Se trata de la adquisición de los servicios y sistemas para la consolidación y divulgación de las votaciones de las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud, Congreso y Presidencia.
Hace algunas semanas, El Espectador anticipó que la empresa más opcionada para quedarse con este contrato era la española Indra, que tiene un amplio recorrido en los procesos electorales colombianos. Así, esta semana la Registraduría le otorgó el contrato de $48.000 millones a la Unión Temporal Soluciones Electorales, conformada por dos firmas de Indra.
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Según la Registraduría, el proceso de consolidación y divulgación consiste en verificar y consolidar los datos electorales obtenidos del procesamiento electrónico del preconteo para su posterior publicación en la página web de la entidad. “Este proceso garantiza la seguridad de la información, tanto a nivel local como perimetral, con el objetivo de mantener informada a la ciudadanía colombiana sobre el avance del proceso electoral de forma oportuna, ágil y bajo altos estándares técnicos y operativos”, explicó el ente que está encabezado por el registrador Hernán Penagos.
La misma entidad reconoció que “el sistema de transmisión de resultados desempeña un papel crítico en la percepción de legitimidad del proceso electoral. La publicación de los resultados en línea, junto con las imágenes digitalizadas de las actas de escrutinio, ha demostrado ser un mecanismo efectivo para fortalecer la auditoría pública y la transparencia”.
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Como lo contó este diario a mediados de julio, Indra, que lleva más de 28 años en el país y tiene cerca de 5.000 empleados, es una gran contratista del Estado y una vieja conocida en los procesos electorales, pues ha participado –entre otras– en las territoriales de 2011, 2015, 2019 y 2023, las legislativas y presidenciales de 2014, 2018 y 2022, el plebiscito por la paz de 2016 y la consulta anticorrupción de 2018. En la mayoría de los casos, su papel ha sido desarrollar sistemas para consolidar y divulgar los resultados de las votaciones.
Además, fue la encargada de diseñar el software o “solución informática” para el escrutinio electoral, que por orden del Consejo de Estado fue comprado por la Registraduría y entregado al Consejo Nacional Electoral (CNE). Este sistema ha generado controversia por la transparencia electoral, ya que el presidente Gustavo Petro asegura que “desconfía” del proceso porque, entre otras razones, no se ha permitido auditar los algoritmos del software “para saber si es transparente o no”.
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Cabe anotar que la cruzada del presidente Gustavo Petro es contra otra multinacional contratada por la Registraduría, Thomas Greg & Sons, que por cerca de $2,1 billones estará a cargo de la logística de los comicios. “Señor registrador, entonces, ¿podemos confiar en los escrutinios? No. Fracasamos en dos leyes de código electoral”, dijo el presidente Petro esta semana.
Como lo reveló El Espectador, tres grandes ejecutivos de Indra visitaron la Casa de Nariño a finales de 2024, lo que llamó la atención debido a la relación de esta empresa con las elecciones y a los otros grandes contratos que tiene con el Estado. La firma le dijo a este medio que la reunión se llevó a cabo con un asesor de Palacio y que fue exclusivamente para tratar temas de una alianza en temas de seguridad. Sin embargo, un documento de la Presidencia señala que tres directivos “ingresaron a la Casa de Nariño para reunión con el señor presidente Gustavo Petro”.
Registraduría contrató a la empresa española Indra para elecciones 2026
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