La campaña presidencial terminó. Después de meses de promesas, discursos y, como no, de polémicas, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero llegará a la Casa de Nariño con una certeza: los principales desafíos del país no quedaron resueltos en las urnas. La economía atraviesa uno de sus momentos fiscales más delicados en décadas; los grupos armados siguen expandiendo su presencia territorial; el sistema de salud acumula tensiones financieras y estructurales; el sector energético enfrenta riesgos de abastecimiento y el Congreso se convirtió en un escenario más fragmentado y desconfiado. La magnitud de estos desafíos obliga a mirar más allá de los primeros 100 días de gobierno.
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Varios centros de pensamiento, académicos y expertos coinciden en que la próxima administración tendrá menos margen de maniobra que sus antecesoras para cometer errores. El reto no será únicamente impulsar nuevas políticas, sino corregir problemas que llevan años acumulándose y que hoy condicionan buena parte del futuro económico, institucional y social del país. La estrechez fiscal limita la capacidad de gasto del Estado; el deterioro de la seguridad exige respuestas más sofisticadas; la crisis de salud demanda acuerdos que hasta ahora han sido esquivos; la transición energética requiere decisiones de largo plazo; y la fragmentación política obliga a construir consensos en un escenario de creciente desconfianza. ¿Amanecerá? Veremos.
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1. Gobernar con la chequera ajustada
De la Espriella recibirá unas finanzas públicas bajo una presión pocas veces vista fuera de períodos de crisis. En 2026, el Ministerio de Hacienda estima que el déficit fiscal cerrará el año en 5,3 % del PIB. De acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el nuevo Gobierno tendrá que hacer un ajuste de alrededor de 4 % del PIB, lo que para el presidente de esa entidad, Juan Carlos Ramírez, será “inconmensurable”, ya que en períodos anteriores los ajustes no han llegado al 1 %. La deuda pública está por encima del 60 % del PIB y expertos han advertido que, si se mantiene la tendencia de establecer presupuestos desfinanciados, eventualmente llegará a una senda insostenible.
El desafío no se limita a cerrar el hueco fiscal. La inflación lleva cinco años por fuera de la meta, de ahí que la junta directiva del Banco de la República ha hecho dos aumentos de tasas de interés este año, hasta llevarlas a 11,25 %. Otra de las prioridades del nuevo Gobierno será la sostenibilidad del crecimiento económico, que actualmente está impulsado por el consumo de los hogares y por el gasto público. Paralelamente, instancias como el Centro de Estudios Económicos de Colombia también advirtieron que el país necesita recuperar la inversión privada como motor de crecimiento, ampliar el acceso al crédito formal y fortalecer el mercado de capitales.
2. Un país con más actores armados y tras el fracaso de la paz total
La seguridad es una las herencias más complejas que recibe el próximo gobierno. Lejos de debilitarse, los grupos armados ilegales cerraron 2025 con más de 27.000 integrantes, un crecimiento de 23,5 % frente al año anterior, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP). En términos prácticos, eso significa que más de 5.000 personas se sumaron a estas estructuras en apenas 12 meses. El Clan del Golfo, el Eln y las disidencias del Estado Mayor Central encabezaron esa expansión. El deterioro también se refleja en la intensidad de la violencia. Según la FIP, los enfrentamientos entre grupos armados aumentaron 34 % durante 2025, mientras los ataques contra la fuerza pública crecieron 62 % y los dirigidos contra infraestructura y bienes civiles aumentaron 58 %.
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A ello se suma la rápida adaptación tecnológica de estas organizaciones: solo el año pasado se registraron 277 ataques con drones cargados con explosivos, más del doble que en 2024. Para centros de pensamientos como el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), el desafío será entender que el país ya no enfrenta únicamente un conflicto armado tradicional, sino una red de organizaciones criminales que combina narcotráfico, minería ilegal, extorsión y control territorial. Por eso, la discusión no pasa solamente por aumentar el pie de fuerza, sino, dice el Cerac, fortalecer las capacidades estatales para proveer seguridad, modernizar la justicia, recuperar la inteligencia criminal y diseñar una estrategia capaz de desmantelar estructuras completas, no solo capturar jefes criminales.
3. Salud: la reforma que nadie ha logrado resolver
La próxima administración heredará un sistema de salud atrapado entre dos urgencias. La primera es inmediata: millones de usuarios enfrentan demoras en la entrega de medicamentos, dificultades para acceder a citas médicas y crecientes tensiones financieras entre EPS, hospitales y clínicas. La segunda es estructural y lleva años sin resolverse. En entrevista con este diario, Wilson Giovanni Jiménez, investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, advirtió que el país necesita una reforma capaz de superar la polarización que ha marcado el debate reciente y construir un modelo que responda tanto a los problemas de acceso como a los de sostenibilidad financiera. “Lo que había antes no estaba bien, pero lo que hizo este gobierno tampoco está bien. Necesitamos un nuevo camino”, explicó el académico.
En esa vía, el desafío va más allá de destrabar citas o sanear cuentas. Para el observatorio “Así vamos salud”, el próximo presidente deberá fortalecer una atención primaria resolutiva, ampliar la capacidad de respuesta en zonas rurales y dispersas, modernizar la infraestructura hospitalaria, implementar un sistema interoperable de información y definir criterios claros sobre qué servicios y tecnologías puede financiar un sistema cuyos recursos son limitados. En ese contexto, Jiménez identifica tres condiciones indispensables para cualquier transformación: recuperar la confianza entre los actores, construir información confiable y abrir espacios reales de concertación. “Sin diálogo no hay posibilidad de avanzar”, puntualizó el experto.
4. La energía: entre el abastecimiento y la transición
El próximo presidente también heredará un sector energético sometido a presiones simultáneas. Por un lado, deberá enfrentar los riesgos asociados al fenómeno de El Niño, que según el Ministerio de Ambiente podría ser uno de los más intensos registrados desde 1950. Incluso la cartera de Minas y Energía ha advertido que hay un riesgo para la prestación del servicio eléctrico. Por otro, tendrá que responder a crecientes inquietudes sobre la disponibilidad futura de energía y gas, en un contexto marcado por retrasos en proyectos estratégicos, incertidumbre regulatoria y menores niveles de inversión. El desafío inmediato será garantizar la confiabilidad del sistema sin provocar mayores presiones sobre la inflación o las finanzas públicas.
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A mediano plazo, el reto será encontrar un equilibrio entre seguridad energética y transición. El Centro Regional de Estudios de Energía ha explicado que el país necesita impulsar inversiones públicas y privadas, fortalecer la infraestructura física y tecnológica y garantizar condiciones estables para el desarrollo de proyectos que permitan atender la creciente demanda del país. A ello se suma la discusión sobre los subsidios a los combustibles, que continúan ejerciendo presión sobre las cuentas fiscales. Para varios analistas en diálogo con este diario, la próxima administración deberá definir una hoja de ruta clara que permita avanzar hacia fuentes más limpias sin poner en riesgo el abastecimiento energético ni la competitividad de la economía.
5. Gobernabilidad: un presidente sin mayorías automáticas
La próxima administración llegará a la Casa de Nariño con una realidad indiscutible: gobernar Colombia exige construir mayorías políticas, pero los mecanismos para hacerlo están hoy bajo una profunda sospecha. El resultado es que el próximo presidente encontrará un Congreso más desconfiado, una opinión pública más vigilante frente a cualquier negociación política y un ambiente institucional en el que la palabra “gobernabilidad” quedó asociada a uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años: el desfalco a la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres. La construcción de consensos seguirá siendo indispensable para aprobar reformas, presupuestos y proyectos estratégicos.
A esa dificultad se suma otro reto: la fragmentación política. No solo porque el presidente electo apenas tiene cuatro congresistas recién elegidos, sino porque los partidos tradicionales han perdido cohesión y las lealtades políticas cada vez son menos estables. Por eso, más que un desafío exclusivamente político, la gobernabilidad será una condición para enfrentar todos los demás problemas. La crisis fiscal requiere reformas difíciles; la seguridad demanda recursos adicionales; el sistema de salud necesita decisiones urgentes; y la transición energética implica cambios regulatorios complejos. Ninguna de esas transformaciones podrá avanzar sin acuerdos legislativos sólidos.
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