Al Congreso de la República llegó un informe de 109 páginas, remitido por la Defensoría del Pueblo, que está cargado de alertas relacionadas con la falta de garantías políticas y de seguridad para los partidos de oposición a nivel nacional y regional. Se trata de una radiografía a temas cruciales para dichas organizaciones, entre estos la financiación estatal, los espacios en medios de comunicación y la protección ante agresiones y amenazas derivadas del oficio político.
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El documento, que se terminó de construir en esta última semana, ya ha generado inquietud en varias bancadas, pues refleja cifras preocupantes de cara a una elección presidencial que tendrá su primer round el domingo 31 de mayo. De hecho, los datos se conocen en medio de los intentos del Gobierno del presidente Gustavo Petro de “blindar” el proceso, pues incluso el pasado jueves se realizó la decimoquinta sesión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección (CORMPE), en la que se revisaron los esquemas de seguridad de los 14 candidatos presidenciales.
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En el marco de este debate, las colectividades detractoras de la actual administración han cargado duramente contra el presidente y su gabinete, especialmente por los problemas de inseguridad. En varios espacios han resaltado que el nivel de violencia política ha aumentado y que prueba de ello, además del asesinato de Miguel Uribe Turbay, están los atentados contra el representante Julio César Triana y el senador Temístocles Ortega (Cambio Radical), el senador Jairo Castellanos (ASI), el exconcejal de Arauca Luis Naranjo (Centro Democrático), entre otros.
Para la Defensoría, que analizó con especial énfasis los reportes del último semestre de 2025, detrás de todo hay unas preocupantes falencias del sistema de protección para quienes ejercen política desde la oposición. De hecho, sobre el caso puntual de Uribe Turbay, la entidad que lidera Iris Marín señaló que el senador más votado en 2022 recibió amenazas durante casi tres años e hizo varias solicitudes para reforzar su seguridad que no fueron atendidas por la Unidad Nacional de Protección (UNP).
“El asesinato de Miguel Uribe demuestra que la tardanza, la rutinización burocrática y la falta de análisis diferencial no son meras fallas administrativas, sino condiciones que pueden generar daños irreparables para la vida de las personas y de la democracia misma”, se lee en el informe al que accedió El Espectador.
La UNP, en cabeza de Augusto Rodríguez, ha señalado frente a este y otros casos que existen limitaciones presupuestales, lo que en otras palabras se traduce en que no hay carros blindados ni escoltas para tanta gente. Esta semana, mientras la Fiscalía daba a conocer detalles sobre la investigación por el asesinato y la relación de la Segunda Marquetalia, Rodríguez pidió ser escuchado en medio de los cuestionamientos en su contra por presuntas omisiones. En varias entrevistas, el director ha dicho que el senador Uribe decidió dividir su esquema de protección en los días del atentado, lo que, a su juicio, incrementó las vulnerabilidades para el atentado.
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La Defensoría aseguró que en este caso se advierte una “respuesta institucional insuficiente” y una vulneración del deber estatal de garantizar la vida, pero además agregó otras denuncias del Centro Democrático que agravarían la situación. De acuerdo con el partido del expresidente Álvaro Uribe, ninguno de los militantes ha sido incluido en el Plan de Protección Integral y Diferenciado y los apoyos de la UNP y la Policía son “meramente simbólicos, genéricos y de baja intensidad”. En diálogo con este diario, una senadora de esa bancada dijo que, tras el atentado contra su compañero, lo único que recibió fue dos uniformados que no tenían cómo movilizarse.
El Centro Democrático también ha señalado que sus 29 congresistas actuales pidieron refuerzo de los esquemas, pero no han recibido respuesta. En este punto aumentan los el nivel de los cuestionamientos de la Defensoría a las autoridades: “Convierte al Estado, por acción u omisión, en un facilitador pasivo de las amenazas contra la oposición y refleja un deterioro democrático y un abandono institucional hacia quienes piensan distinto”.
El problema es aún mayor cuando se analiza que varios concejales, diputados y en general líderes regionales están amenazados y ni siquiera cuentan con evaluaciones de riesgo concluidas. Por otra parte, Cambio Radical se sumó a los reclamos y dijo que 21 congresistas (14 representantes y 7 senadores) han sido objeto de riesgos o han manifestado preocupaciones urgentes por su rol de opositores.
Los casos que más preocupan en esas toldas son los del senador Carlos Julio González y el representante Julio César Triana, ambos huilenses y declarados “objetivo militar” en abril de 2025 por disidencias de las Farc. Las amenazas contra la congresista araucana Lina Garrido también están bajo la lupa de las autoridades. Además, Cambio Radical agregó otra arista al problema, pues pidió tener en cuenta los “ataques” que lanza el presidente contra sus congresistas en varios discursos.
Según el partido, la situación también afecta a líderes locales: al menos 9 diputados y concejales amenazados directamente o víctimas de negligencia en la asignación de esquemas de protección. Finalmente, desde la colectividad señalaron que la falta de una respuesta institucional clara ha obligado a varios de sus integrantes a buscar respaldo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A estos reportes se sumaron los de La Liga Gobernantes Anticorrupción y Oxígeno, que reportaron graves casos de riesgo para sus militantes en departamentos como Arauca, Valle y Chocó. “Se evidencia que persiste una homogeneidad preocupante en las decisiones, evidenciando la ausencia de análisis individualizados, enfoques diferenciales y consideraciones de género, a pesar de que el Estatuto de la Oposición ordena incorporarlos en las valoraciones de riesgo”, dijo la Defensoría.
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Por su parte, la UNP aclaró que durante 2025 protegía a 440 personas declaradas en oposición, de las cuales 80 eran mujeres y 360 hombres. Además, tan solo entre el 1 de enero y el 13 de noviembre del mismo año se recibieron 328 solicitudes de protección individual de personas pertenecientes a ese espectro político. Eso sí, desde la entidad insisten en que no tienen presupuesto diferencial para atender a los miembros de la oposición y que los recursos se destinan conforme a la demanda de las solicitudes que lo ameriten.
La Defensoría resaltó que el Estado ha avanzado en el cumplimiento de los derechos de la oposición si se habla de acceso a la información oficial y participación en espacios institucionales, pero que se mantienen las deudas en materia de seguridad e incluso en la financiación y acceso a medios de comunicación. Este último factor es más complejo desde hace dos años, pues durante este tiempo el presidente Gustavo Petro incrementó considerablemente sus alocuciones, lo que generó “un enorme desequilibrio”, pues la oposición solo tiene derecho a tres réplicas.
Según el informe, solo entre el 4 de febrero y el 17 de octubre de 2025, el jefe de Estado hizo 29 alocuciones que, en conjunto, sumaron 36 horas y 10 minutos de transmisión. Además, la frecuencia de estos espacios fue alta, equivalente a un discurso televisado aproximadamente cada 8 o 9 días, con picos de concentración en los meses de mayo, junio, agosto y septiembre. Todo esto sin sumar que las emisiones fueron en las franjas de máxima audiencia de los canales nacionales. El Consejo de Estado frenó las apariciones y determinó un uso inadecuado, pero el presidente insiste en que lo están censurando.
En cuanto a la financiación especial para los partidos declarados en oposición (5 % de la bolsa de funcionamiento para todas las colectividades), en 2025 se destinaron COP 4.132 millones, de los cuales la mayoría se fueron a Cambio Radical (COP 2.164 millones) y el Centro Democrático (COP 1.726 millones). Sobre este aspecto, la Defensoría pidió tener en cuenta que ese monto extra de financiación se reconoce únicamente a los partidos en el ámbito nacional, lo que implica que las organizaciones en el nivel territorial no acceden a este beneficio y quedan en evidente disparidad.
Con esta información, el Congreso podría llamar a las entidades a responder en control político y, de hecho, la Defensoría ya instó al Gobierno para que tome acciones inmediatas. La entidad remató su informe instando a las entidades competentes a cerrar esta brecha y, como ya se indicó, ratificó la urgencia de resolver la falta de articulación institucional, la debilidad de los componentes de prevención y la ausencia de un enfoque diferencial que ponen en riesgo la vida de muchos líderes que hacen oposición al gobierno nacional o a las administraciones de gobernadores y alcaldes.
Este es el informe sobre los riesgos de la oposición en Colombia
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Por David Efrén Ortega
