Las alertas están prendidas a poco más de un mes para las elecciones al Congreso y los ojos están puestos sobre la Casa de Nariño por posibles guiños a los comicios. Por ello es que desde varios entes de control están revisando la contratación del Estado ad portas de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías y las declaraciones que han dado funcionarios de alto calibre, como el mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre una posible reelección del presidente Gustavo Petro.
No es un debate nuevo. Cada jefe de Estado ha dado, respectivamente, el guiño a un candidato que busque la continuidad de su proyecto político, pero desde varias orillas han señalado que el mandatario ha ido más allá al darle línea al progresismo para ver cómo se moverán en las próximas elecciones. Este mismo jueves, ante la diáspora colombiana en Washington, el mandatario volvió a arremeter contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por las decisiones que ha tomado frente a la participación de Iván Cepeda en la consulta de la izquierda y la revocatoria de las listas del Pacto Histórico a la Cámara en varios departamentos.
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“Nos devolvemos a [Iván] Duque o seguimos, eso es. Y si ustedes miran las noticias, no me puedo meter más en ese asunto, lo único que puedo indicar es que Colombia tiene que seguir, no devolverse a Duque, eso es lo único que puedo decir. Pero lo que estoy viendo como presidente de la República al frente del Estado [es] que el CNE está haciendo política y no es árbitro electoral”, dijo Petro.
Si bien en este pronunciamiento, y en diversos otros en plazoletazos y en intervenciones públicas, el mandatario ha dicho que no tocaría directamente el tema electoral, varios lo han visto como guiños a ese proceso. Desde el Ejecutivo han negado siempre tener cualquier tipo de implicación en señalamientos de ese calibre, pero las críticas son amplias y ya hay, incluso, quejas disciplinarias en el despacho del procurador Gregorio Eljach para que revise esas conductas.
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La Misión de Observación Electoral (MOE) ha estado entre las organizaciones que han levantado la voz sobre este tipo de señalamientos y la misma directora, Alejandra Barrios, alertó de una posible “intervención partidista” del mandatario. La oposición también ha estado al frente de estos señalamientos, entre ellas, la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democático), la última en radicar una solicitud de vigilancia ante la Procuraduría.
Y el Ministerio Público ya tiene una primera respuesta al respecto. Este martes, el jefe del ente de control anunció que se crearía un “grupo élite” para vigilar la indebida participación en política de los funcionarios del Gobierno, con la que se buscará analizar todos los señalamientos y dejarán claros los procesos, con tiempos y garantías para los indagados. Eso se sumará al grupo que ya fue delegado para revisar, punto a punto, toda la contratación por la que se movió el Estado en los días previos al inicio de la prohibición frente a estos temas.
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“Nos tomamos el tiempo que la ley permite para hacer justicia disciplinaria, como corresponda, sin afanarnos, sin atropellarnos”, agregó Eljach, quien en el pasado ha recordado a todos los funcionarios públicos su responsabilidad frente a los comicios.
Pero más allá de esa instancia, en los comités de seguimiento electoral tienen asiento la Fiscalía, la Procuraduría, el Ejército, la Policía, las autoridades administrativas, los candidatos y los partidos políticos, y como señala Alfonso Portela, exregistrador, “es un escenario propicio para ventilar todas las situaciones que se puedan presentar durante la ejecución del proceso electoral y en la medida que se vayan agotando cada una de las etapas del calendario electoral”. Incluso, cita normativas como la Ley 996 de 2005 y la Ley 734 de 2002 funcionan como los principios base para sancionar este tipo de comportamientos.
Para muchos, el historial del Gobierno es amplio. En 2024, se criticó la participación del jefe de Estado el 2024 en la Asamblea de la Colombia Humana en la que planteó por primera vez la idea de un “frente amplio” que hoy está en vilo por la inhabilidad del senador Iván Cepeda (Pacto Histórico) para participar en la consulta del Frente por la Vida y por la que, además, ha calificado al Consejo Nacional Electoral de haber cometido un “golpe”. Y, en esa línea, también se generó una ola de críticas contra Benedetti en marzo de 2025 por haber hablado de la unión entre varios partidos para elegir un único candidato presidencial.
“Si logramos hacer un frente amplio para marzo en las próximas elecciones en 2026, en donde vaya el Partido de La U, el Pacto Histórico, el Partido Liberal, los independientes y los verdes de [Carlos] Amaya, y que de ahí pueda salir un candidato de un frente amplio, muy seguramente se puede ganar versus el de la derecha, que puede ser Claudia López, [Sergio] Fajardo o Vicky Dávila”, dijo en ese entonces el jefe de la cartera política.
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Benedetti, además, fue blanco de críticas a inicios de este año por hablar de la reelección del mandatario. Se dio por un video en el que aseguró que, en caso de que Petro estuviera otra vez en el tarjetón, le ganaría a todos los actuales candidatos. Su respuesta ante los señalamientos, tal y como lo fue el año pasado, es que no sería participación en política porque no estaba invitando a votar por ningún aspirante.
El debate se calienta cuanto más se acerca la fecha de los comicios. El próximo 8 de marzo será definitivo para los partidos, que medirán su músculo electoral con el número de votos que recibirán para el Congreso y los ojos de la Casa de Nariño también estarán puestos sobre ese resultado, que calibrará el éxito de su propia bancada en el Legislativo.
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