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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
La decisión de aspirar al Senado de la República surge de una convicción profunda: los grandes problemas estructurales del país requieren escenarios de decisión nacional, capaces de traducir las realidades territoriales en normas claras, viables y ejecutables. Mi experiencia como emprendedor, dirigente social y mediador entre sectores formales e informales me ha permitido comprender que muchas de las barreras que enfrentan los ciudadanos y los pequeños empresarios no se resuelven únicamente desde lo local. Mi aspiración no responde a intereses personales, sino al propósito de llevar al Congreso una voz con capacidad de diálogo, criterio técnico y sentido práctico, orientada a construir acuerdos y a medir la gestión pública por resultados concretos
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
Ninguna.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
De obtener la curul, mi principal proyecto en el Congreso será impulsar la atracción de inversión extranjera directa para el desarrollo de la industria colombiana, aprovechando mi experiencia y mis contactos en el exterior, especialmente en China, uno de los principales motores industriales y de inversión a nivel global. El objetivo es fortalecer la capacidad productiva del país, promover la instalación y expansión de industrias en Colombia y generar empleo formal y sostenible, permitiendo que el país no sea solo un mercado de consumo, sino una economía que produce, transforma y exporta.
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De manera complementaria, el proyecto buscará aliviar la carga que hoy impone el Estado sobre comerciantes y empresarios, mediante la simplificación de trámites, la reducción de barreras regulatorias innecesarias y la creación de un entorno más favorable para la inversión y el emprendimiento. Los impactos de esta iniciativa se reflejarán en la generación de más empleo formal, el fortalecimiento de la industria nacional, la transferencia de tecnología y conocimiento, la dinamización del comercio y las economías locales, la reducción de la informalidad y un crecimiento económico sostenible que permita mayor recaudo a largo plazo sin recurrir a la sobrecarga impositiva. Se trata de una propuesta orientada a fortalecer la economía real, apoyar a quienes producen y comercian en el país y posicionar a Colombia como un destino competitivo, confiable y atractivo para la inversión internacional.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
A mi criterio, el principal problema de Colombia es la corrupción, ya que debilita profundamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones y afecta de manera directa el desarrollo social y económico del país. La corrupción genera una mala asignación de los recursos públicos, reduce la inversión social en sectores clave como educación, salud e infraestructura, y profundiza las desigualdades, especialmente en los territorios más vulnerables.
Para enfrentar este problema, es fundamental fortalecer las leyes de transparencia y control, garantizando su aplicación efectiva y sanciones reales. Asimismo, se debe hacer mucho más accesible y comprensible para la ciudadanía la información sobre en qué y cómo se invierten los recursos públicos. El uso estratégico de la tecnología a través de plataformas abiertas de datos, sistemas de trazabilidad del gasto y mecanismos digitales de rendición de cuentas permitiría optimizar la gestión pública, reducir espacios para prácticas corruptas y promover una cultura de vigilancia ciudadana que fortalezca la democracia y la confianza institucional.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No apoyaría un proceso de asamblea constituyente. Considero que la Constitución Política de 1991 cuenta con mecanismos suficientes para permitir que Colombia avance hacia un país más fuerte institucional y económicamente. Los cambios que eventualmente se consideren necesarios pueden realizarse a través de los instrumentos de reforma previstos en la propia Constitución, sin necesidad de sustituirla por completo.
Además, el país no requiere actualmente una transformación constitucional de esa magnitud. Una asamblea constituyente implicaría un proceso largo, complejo y costoso, que podría generar inestabilidad jurídica y política innecesaria, desviando la atención de los verdaderos problemas estructurales que pueden resolverse mediante una correcta aplicación y desarrollo del orden constitucional vigente.
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¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No acompañaría ninguna de estas dos propuestas. Ambas medidas afectan de manera directa el principio de separación de poderes, en la medida en que el presidente de la República concentra una influencia determinante sobre el nombramiento de altos funcionarios del Estado y el funcionamiento de órganos clave. La reelección inmediata o la extensión del periodo presidencial debilitan el sistema de frenos y contrapesos, aumentan el riesgo de concentración del poder y reducen los controles efectivos sobre el Ejecutivo, lo que puede afectar la estabilidad institucional y la calidad de la democracia.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
La paz total solo es legítima y sostenible si se construye con una trazabilidad estricta, supervisión permanente y una transparencia absoluta en cada una de sus etapas. No puede tratarse de acuerdos cerrados entre élites políticas y actores armados, sino de procesos abiertos al escrutinio público, con reglas claras, verificables y accesibles para la ciudadanía. La negociación no puede convertirse en un espacio opaco donde se intercambien beneficios sin control, porque eso erosiona la confianza institucional y debilita el Estado social de derecho. Una paz auténtica exige condicionalidades reales, cumplimiento comprobable y mecanismos de seguimiento independientes que permitan evaluar avances, retrocesos y responsabilidades. Sin transparencia, la paz deja de ser un proyecto colectivo y se transforma en una apuesta riesgosa que normaliza la impunidad; con trazabilidad y control público, en cambio, puede convertirse en un proceso serio, democrático y verdaderamente orientado a la no repetición del conflicto.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Debe haber diálogos, pero basados en compromisos reales, medibles y alcanzables, esto debe ser un proceso que debe estar lleno de oportunidades para quienes quieren cambiar, que sea un proceso acompañado y coherente, aterrizado a la realidad del país, no el de países desarrollados que tienen otras realidades.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Esto es un tema sensible, lo digo porque existen alrededor de esto tratamientos médicos probados que demuestran mejoría en el bienestar de los pacientes. Esto debe ser un tema a tratar donde la producción y consumo sea auditado por el estado. Se pueden construir aplicaciones en un marco donde sea legal cómo producción y consumo medicinal.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
La eutanasia debe entenderse, ante todo, como una manifestación del derecho a la autonomía personal y a la dignidad humana. En situaciones de enfermedad grave, incurable o de sufrimiento intenso, es el paciente, y no el Estado ni terceros, quien debe tener la facultad de decidir sobre el final de su vida. Obligar a una persona a prolongar un padecimiento que considera incompatible con su dignidad vulnera su libertad individual y desconoce su capacidad de tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo y su proyecto de vida.
Desde esta perspectiva, la eutanasia no es una imposición ni una negación del valor de la vida, sino el reconocimiento de que la dignidad humana implica respetar la voluntad consciente, libre e informada del paciente.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Con el hueco financiero que está dejando la actual administración, va a ser necesaria.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Por supuesto, nosotros llegamos allá con el propósito de servir a la gente, aunque muchos no lo entiendan, debemos estar allá por convicción no por necesidad, Por eso debemos estar gente nueva y con ganas de sacar el país adelante.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Por supuesto, nosotros llegamos allá con el propósito de servir a la gente, aunque muchos no lo entiendan, debemos estar allá por convicción no por necesidad, Por eso debemos estar gente nueva y con ganas de sacar el país adelante.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí, haría una simplificación en la legislación. Lo digo porque hoy venimos cargando con Leyes que han sido modificadas en muchas ocasiones y hace que todo sea mucho más lento y engorroso. Debemos ser simples y prácticos, esto le da agilidad a los sistemas que conforman el estado.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Quiero que estén seguras, quiero que puedan volver a casa sin ser acosadas, quiero que la mujer colombiana llegue a casa a tiempo para estar con sus hijas e hijos, que puedan tener oportunidades en trabajo, educación, que cuenten con un estado que ayuda y protege. Lo más importante que tengan tiempo para ellas porque son más de 4.7 millones de mujeres cabeza de hogar que deben luchar día a día para salir adelante.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Vamos a llegar como un rayo a ponerle orden al estado. Debemos tener una auditoría clara, que sea externa, que no sea pueda corromper, la cual debe estar atenta de las principales plataformas donde se pueda reconocer fugas y que el gasto a ejecutar sea destinado a donde debe ir.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Mostrando resultados, eso es lo que debe hacer el congreso, pero esto se logra con un congreso alineado, que no ponga los intereses personales o de un partido por encima del común de la nación.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
El país tiene una oportunidad única, puede ser ese enlace entre una potencia y un país que tiene un nuevo inicio. Estamos en la posición más estratégica al ser vecinos y esto nos da una ventaja para entrar a hacer parte del nuevo comienzo del país hermano.
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¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Nuestra campaña es una campaña muy austera. Somos esos nuevos jugadores (outsiders) que venimos a hacer política para generar el cambio real que busca el país. Estamos entendiendo el camino y nuestra campaña está financiada con recursos propios.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Sin lugar a dudas la lista de Oviedo respalda a su candidato Juan Daniel Oviedo, quien está hoy participando en La Gran Consulta. Somos personas con perfiles distintos, que no hemos estado en política y que venimos a cambiar las reglas de juego, a mostrarle a un país que tenemos somos preparados y que estamos dispuestos a luchar por los colombianos.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Debería mantenerse la política de reforma agraria, en la medida en que busca corregir desigualdades históricas en el sector rural y promover una distribución más equitativa de la tierra, fortaleciendo las condiciones de vida de los campesinos y el desarrollo productivo del campo colombiano.
Por el contrario, debería darse por terminado el proceso de “paz total” impulsado por el gobierno actual, debido a que ha mostrado serias debilidades en su implementación, ha generado incentivos inadecuados para los grupos armados y no ha producido resultados sostenibles en materia de seguridad, justicia y control territorial. Continuar por esa vía puede profundizar la incertidumbre institucional y la desconfianza ciudadana.
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