¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Contribuir al respeto de los derechos humanos y la paz de la población colombiana.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
Sí, fui sancionado por la entonces procuradora Margarita Cabello Blanco, cuando era superintendente de Subsidio Familiar, tomando como razón el hecho de estar promoviendo la paz en Buenaventura, ayudando a conseguir recursos para la paz total en Buenaventura con empresarios, gerentes de las cajas. La señora Margarita Cabello consideró que no estaba dentro de mi manual de funciones ser una hermanita de la caridad y terminó suspendiéndome 12 años. Inhabilitándome en mis derechos políticos por 12 años y destituyéndome, fallo que fue revocado por el procurador Gregorio Eljach y me reestableció mis derechos políticos y revocó ese fallo por considerar que se violó la Constitución y la ley en ese proceso en mi contra.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
El primero es el de conseguir la reforma a la salud que no ha sido posible hacerse aprobar durante este Congreso, porque la salud es un derecho fundamental y no puede seguir siendo tratado como una mercancía, que toda la población pueda acceder a medicamentos, pueda acceder también a los exámenes y tratamientos que requiera. Ese sería uno de los proyectos bandera, no solamente mío, sino del pacto histórico. El otro sería el derecho a que las familias trabajadoras de Colombia tengan su vivienda y se faciliten las medidas necesarias para que las familias trabajadoras del país puedan acceder efectivamente a un techo. En tercer lugar, el de contribuir a convocar una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una reforma profunda de la justicia, una reforma profunda de la política y una reforma profunda que garantice que Colombia cumpla con ser un Estado social de derecho.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
El principal problema de Colombia son las grandes desigualdades sociales que Colombia siga siendo la tercera nación más desigual del mundo. Ese es un problema esencial porque la inequidad social, la falta de oportunidades genera violencia, así que hay que enfrentar esa desigualdad social y la única manera es impulsando el pago de salarios justos, creando oportunidades de empleo para los jóvenes, poder desarrollar los empleos azules y empleos verdes para la protección de nuestras aguas, de nuestra naturaleza, de nuestra Amazonía, de nuestra biodiversidad y eso hace parte, pues, de la necesidad de ser conscientes de que el país hay que protegerlo, la naturaleza hay que protegerla. Colombia el país de la belleza necesita ser protegido.
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¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
Se necesitan las mayorías absolutas para poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente hace parte de los mecanismos de participación ciudadana que mediante un referendo puede incidir si quieren o no el pueblo colombiano. Es la oportunidad que tiene el pueblo de Colombia de elegir unos representantes que han de modificar la Constitución política en temas cruciales como los que antes yo manifestaba, es una forma en el que pueblo puede ejercer su voluntad soberana. Hoy el artículo tercero establece que sobre la voluntad popular se edifica todo el poder público y de eso se trata una Asamblea Nacional Constituyente, que sobre la voluntad popular se pueda reconstruir un poder público que hoy carece de legitimidad, muy pocas personas creen en la justicia, pocas personas creen en los organismos de control, muy pocas personas creen en el Congreso, muy pocas personas creen en los distintos gobiernos porque de la política se ha hecho un negocio y no un servicio a la comunidad.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
Yo prefiero que se extienda e periodo presidencial a seis años como sucede en México, pero con las posibilidades de que a los tres años el pueblo decida si así lo cree bien porque esté inconforme con el Gobierno revocar el mandato y lo mismo debería hacerse en relación con todos los cargos de elección popular, también los congresistas si no están cumpliendo con el interés general también deberían ser revocados. No estoy de acuerdo con una reelección, sí con una extensión del mandato presidencial, porque las transformaciones profundas de una sociedad o de una institucionalidad no pueden depender de una persona, no soy amigo de los caudillismos, pero sí soy amigo de la renovación de la política, de la generación de nuevos liderazgos y de la importancia de que esos nuevos liderazgos lleguen al poder público.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
Sí, por supuesto. La paz total es la búsqueda de desarmar todas las organizaciones criminales, organizaciones ya sean de carácter insurgente o ya sean de naturaleza criminal. Tenemos que quitarle la juventud a los violentos, a las organizaciones narcocriminales o terroristas y eso implica que podamos impulsar la paz con programas adecuados de sometimiento a la justicia. Yo creo en la justicia restaurativa y creo que la justicia lo que debe garantizar, son garantías de no repetición de los crímenes, si aseguramos la garantía de no repetición de los crímenes estaremos avanzando a hacia superar uno de los flagelos más grandes de nuestra historia republicana que ha sido la violencia.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Claro que sí, porque, aquí estos grupos han demostrado tener control territorial, han demostrado su capacidad de afectar la gobernanza, que siguen reclutando jóvenes y el dialogo haría parte de una estrategia de destructuración y sometimiento a la justicia de los integrantes de estas organizaciones criminales.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Es necesario avanzar hacía la legalización del consumo de la marihuana con fines recreativos, ya esto se ha hecho en Canadá, se ha hecho en Dubái, se ha hecho en Holanda, se ha hecho en distintos estados de los Estados Unidos y se ha demostrado que la legalización no contribuye a que se incremente el consumo, pero sí contribuye a darle tratamiento de salud pública a las personas que caen en la drogadicción y también se puede aprovechar esos recursos para que el Estado pueda contribuir al a prevención del consumo. También la legalización ha permitido erradicar la venta de la marihuana en cercanía a establecimientos educativos de jóvenes de adolescentes y ese es el camino, más adelante habrá que hacerlo con el consumo de cocaína porque a la drogadicción hay que darle un tratamiento de salud pública, porque la criminalización lo que hace es incrementar las ganancias de negocios, provocar el lavado de activos y promover mucha más violencia.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Sí, estoy de acuerdo, porque cuando una persona es consciente de que no puede recuperarse de una enfermedad muy grave, y sufre y desea ponerle fin a sus días, hay que respetar esa voluntad. La vida no es solamente poder respirar; la vida es el poder tener las condiciones mínimas de dignidad, y hay enfermedades que no permite eso a las personas, y sus enfermedades se convierten en un sufrimiento en una tortura, entonces uno no puede obligar a que las personas tengan que vivir ese suplicio por negarles la posibilidad de que se les aplique la eutanasia.
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¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Sin duda, porque en Colombia se requieren dos cosas: uno, que los que más tienen paguen más impuestos. Eso no es socialismo, es lógica del capitalismo social: los que más tienen deben pagar impuestos. Las transnacionales que explotan recursos no renovables en Colombia deben pagar impuestos. Hoy una gran cantidad de empresas que se han aprovechado de normas que han generado elusiones tributarias, y en eso se pierden más de 90 billones de pesos al año con ingresos que debería recibir el Estado colombiano para mejorar sus programas sociales.
Entonces, es indudable que sí se requiere una reforma tributaria, donde también tengamos un catastro multipropósito, en el que efectivamente quienes tienen grandes extensiones de tierra paguen los impuestos que tienen que pagar, en función de la riqueza que representan esas tierras. Esas son algunas de las ideas que debería contener una reforma tributaria. Además, una reforma tributaria debería contribuir a bajar el IVA a medida que se incrementan los impuestos a las grandes fortunas. Debería posibilitar que las personas más desfavorecidas del país no paguen IVA sobre alimentos u otros implementos de primera necesidad de la canasta familiar.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí, sin duda. Por eso hemos apoyado el hecho de que el presidente de la República expida el Decreto 0030 de 2026 para reducir una prima que cuesta hoy alrededor de 17.000.000 (diecisiete millones de pesos) mensuales por congresista. Esta brecha salarial tan enorme, entre quienes ganan mucho y quienes ganan un salario mínimo, hace parte de todos estos factores que han llevado a Colombia a ser la tercera nación más desigual del planeta. La única manera de enfrentar esto es cerrando esas brechas, y estoy de acuerdo en que, efectivamente, los altos funcionarios del Estado reduzcan sus ingresos.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Sí, por supuesto, yo considero que esas acciones tributarias, esas elusiones tributarias para favorecer la multiplicación de distintas formas de iglesia, no rigen con la libertad constitucional de cultos, pueden seguir ejerciendo su vocación religiosa en relación con la fortuna que adquieren, deben pagar impuestos.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí, yo promovería una reforma constitucional para establecer el voto obligatorio, en primer lugar. El voto es un derecho, pero también es una obligación social, y en la medida en que es una obligación vamos a tener una democracia mucho más sólida. La gente igual podrá expresar siempre su inconformidad: si no está de acuerdo con ningún partido o candidatura, puede votar en blanco y ejercer su derecho. Pero participar democráticamente es parte de una gran responsabilidad frente al Estado mismo, frente a la democracia misma y frente a toda la sociedad en general.
Lo otro es que los partidos políticos, los movimientos políticos y todas las candidaturas sean financiados exclusivamente por el Estado, porque la penetración de los dineros de las mafias y de intereses transnacionales ha debilitado mucho la democracia colombiana. La única manera de tener un control efectivo sobre las campañas políticas es que las financie el Estado. ¿Y cómo se financian? A través de la distribución de espacios públicos para la propaganda electoral, del control de las vallas de propaganda electoral que se puedan establecer en pueblos y ciudades, etcétera. Por otra parte, también se requiere obligar a todos los partidos políticos a que hagan consultas para ordenar democráticamente sus listas y que nadie pueda decidir quién va a integrar el orden de las listas, sino que sea el pueblo propiamente quien decida cómo deben estar representadas sus simpatías políticas, a través de listas que deben ser cerradas y en cremallera, para garantizar una participación creciente y efectiva de las mujeres en la vida política del país.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Bueno, como lo acabo de decir, el establecimiento de las consultas que sea obligatorio para todas las fuerzas políticas y obligar a las listas cerradas en alternancias y cremallera, de manera que las mujeres puedan tener una representación real en los cargos de elección popular, pero también podría llegarse a establecer la obligación de alternar alcaldías y gobernaciones con candidaturas en determinados periodos exclusivamente de mujeres, eso también es otra de las posibilidades que habría que contemplar.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Bueno, lo primero es eliminar todos los mecanismos de fueros constitucionales que generan impunidad para los presidentes, para los ministros, para los congresistas, para los responsables de los organismos de control, se requiere constituir un tribunal de aforados que tenga la suficiente autonomía, independencia, imparcialidad e idoneidad para que pueda investigar y juzgar a todas las personas que tienen fueros y mantener la impunidad cuando cometen crímenes. En segundo lugar, hay que establecer un cuerpo técnico especializado en investigar todos los hechos de corrupción que afectan a la administración pública, no solamente lo público, la corrupción también afecta el sector privado y habría que contemplar la forma en que se puedan combatir todas las formas de corrupción en el país.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Creo que todos los congresistas deben rendir cuentas sobre su gestión, lo he manifestado antes; un congresista también debería poder ser revocado en su mandato, eso en relación también con que los congresistas deben asumir un compromiso, a través de sus bancadas, en torno al respeto y al interés general, los derechos humanos, la participación popular, etc. Y cuando representan intereses privados y no los intereses públicos, están faltando a su obligación constitucional; por lo tanto, se requiere que los congresistas rindan cuentas ante quienes han contribuido a elegirlos.
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¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Bueno, yo considero que, en primer lugar, las relaciones internacionales hay que manejarlas de manera desideologizada; lo que importa es generar relaciones respetuosas entre los pueblos, de autonomía y respeto a su soberanía, y eso no solo en relación con Estados Unidos y Venezuela, sino en relación con cualquier nación del mundo. Eso es parte de también crear una escuela dentro de la Cancillería, de tener una política exterior que sea el resultado no de la improvisación de un gobierno de turno, sino que sea el resultado de estrategias que le convengan al país y de las alianzas que pueda tener Colombia en sus procesos de integración también. Soy amigo de promover una integración real de los pueblos latinoamericanos y del Caribe; si queremos contar en los destinos de la humanidad, tenemos la inmensa responsabilidad de avanzar hacia una integración en términos económicos, en términos políticos, en términos militares y en términos también de justicia, y hacia allá tendremos que avanzar.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Bueno, estamos en una lista cerrada del Pacto Histórico, por ahora la lista se financia con préstamos sobre reposición de votos y por ahora tenemos un crédito de la Cooperativa Confiar que nos puede permitir adelantar esta campaña política.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Respaldo a Iván Cepeda Castro porque es un defensor de los derechos humanos, un hombre transparente, un hombre de diálogo, un hombre que sabe escuchar, un hombre que se ha jugado la vida por defender los derechos de las víctimas y por buscar la paz; por buscar la paz ha sido difamado, calumniado, perseguido, pero la paz, recuerdo, está en el artículo 22 de la Constitución Política, es un derecho y una obligación social. Iván ha honrado esa obligación constitucional, creo que es un hombre coherente y, desde su coherencia, se convierte en la mejor opción para presidir los destinos de Colombia.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Bueno, seguir favoreciendo la inclusión social, tomando medidas para disminuir esas brechas sociales, es parte de la continuidad de este gobierno del cambio; y en relación de las cosas que no haría, yo no gobernaría con los enemigos. Porque finalmente contribuye a la corrupción, entra a la toma de decisiones y no representan los intereses genuinos legítimos de la función pública, sino de sus particulares.
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