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Mientras las fuerzas políticas ultiman detalles para asegurar los votos que necesitan para retener su influencia en el Capitolio y abonar el terreno para las presidenciales, organizaciones electorales mantienen alertas por posible fraude en relación con la compra de votos, la trashumancia y la coacción de grupos criminales. Las alarmas se encendieron por temas diferentes a los recurrentes en las redes sociales del presidente Gustavo Petro, pues no se trata solo de las versiones de presunto fraude a través de los “softwares” para el escrutinio y el preconteo de votos, sino por problemas estructurales que a menos de una semana de la jornada de votaciones toman más relevancia.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, ha advertido sobre posibles riesgos de trashumancia electoral en al menos tres departamentos del país (Meta, Norte de Santander y Vichada), pues allí se ha detectado un número inusualmente alto de inscripciones de cédulas para votar el 8 de marzo y el 31 de mayo. Además, en su último informe la MOE alertó riesgos de fraude y violencia en 170 municipios del país y el registrador Hernán Penagos asegura que “el fraude electoral está en la compra de votos, en la financiación ilegal, la trashumancia y el constreñimiento”. Por otro lado, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que han “visto vallas en Cauca donde está la imagen de algunos candidatos a la Presidencia de la República, de candidatos de derecha o de oposición al gobierno actual, en las que grupos armados dicen que les es vedado entrar a ese territorio”.
En esta misma línea, la organización asegura que en el 96,8 % de los municipios donde se votará por las circunscripciones de paz hay presencia de al menos un actor armado. Por su parte, el Ejército de Salvación Nacional (ELN) anunció que habrá un cese al fuego por elecciones del 7 al 10 de marzo.
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En relación con la compra de votos, desde el Ministerio de Defensa ya se está implementando una estrategia para identificar y poder evitar delitos electorales. Según el ministro Pedro Sánchez, “se decidió ofrecer una recompensa de hasta COP 50 millones por información que permita identificar y capturar a quienes incurran en conductas que atenten contra la transparencia del proceso electoral”, dentro de ellas la compra de votos, el fraude, la suplantación y el constreñimiento.
Sumado a esto, el Ministerio del interior emitió un decreto con el que se busca garantizar el orden público en medio de las elecciones, por lo que habrá una “restricción en los pasos terrestres y fluviales durante las 6:00 p.m. del 7 de marzo hasta las 6:00 a.m. del 9 de marzo, así como de las 6:00 a.m. del sábado 30 de mayo a las 6:00 a.m. del 1o. de junio”.
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La primera medida en urnas es el próximo domingo y el panorama no da tregua. Varias desapariciones y atentados en las últimas semanas han hecho que la mirada se pose sobre el Gobierno y las instituciones, que en todo caso saben que será un reto blindar las elecciones en medio de la compleja situación de seguridad. Los días anteriores a las elecciones serán cruciales en esta materia y hay expectativa sobre el desarrollo de las mismas.
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