Luego de que el ministro de Hacienda confirmó que el gobierno del presidente Gustavo Petro está alistando una declaración de emergencia económica tras el hundimiento de la ley de financiamiento del presupuesto de 2026, varios políticos de diversas orillas se pronunciaron en sus redes sociales, la mayoría en contra de los gravámenes que traería esa estrategia del Ejecutivo para solventar sus problemas de caja.
Varios incluso agregaron el tema en sus agendas de campaña para el próximo año. El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, candidato presidencial por firmas, dijo que el presidente Petro debería primero recortar el gasto de su administración. “Los impuestos de los colombianos no pueden ser para financiar su campaña”, aseguró en un video publicado en sus redes.
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Cárdenas calificó la medida como “más impuestos por la puerta de atrás” y criticó que esa emergencia incluya, posiblemente, la imposición de un 5 por 1.000 en las transferencias. Por otra parte, insistió en que se debe hacer un recorte al presupuesto y planteó iniciar por las órdenes de prestación de servicio que calificó como “empleo militante”.
“Todo parece indicar que el presidente Gustavo Petro y su ministro de hacienda estaban esperando que empezara la vacancia judicial para sacar un decreto abiertamente inconstitucional”, dijo el representante a la Cámara Andrés Forero, quien además será la cabeza de lista al Senado del Centro Democrático.
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También desde el uribismo habló el senador Ciro Ramírez, señalando que con la emergencia económica “Petro le va a poner más impuestos mientras todos están de vacaciones”. El propio mandatario le contestó al congresista diciendo que los nuevos cobros serían para personal como él y “sus megarricos. La emergencia económica implica bajar los salarios a los congresistas”.
“La emergencia económica no puede ser el atajo de este gobierno para corregir su pésima gestión”, cuestionó desde la Alianza Verde la senadora Angélica Lozano. Y desde esa misma bancada habló la representante Katherine Miranda, quien tildó la propuesta como un “abuso” y una especie de reforma tributaria por decreto.
Los gremios también reaccionaron a la emergencia económica
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), Bruce Mac Master, aseguró este viernes que: “Es realmente preocupante que el Gobierno esté acudiendo a estos mecanismos para tratar de solventar hechos que tienen que ver mucho más con un gasto que está desbordado, con unos presupuestos que han venido creciendo significativamente, con un gasto financiero que ha venido creciendo en razón de que las tasas que Colombia le paga a los mercados internacionales son las más altas probablemente del continente”.
Así mismo, desde la presidencia de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Frank Pearl, señaló que la situación actual no amerita entrar en estado de emergencia económica. “El respeto por la Constitución y el Estado de Derecho exige que las medidas excepcionales se adopten únicamente cuando las condiciones constitucionales se cumplen, lo cual aquí no ocurre”, explicó.
Voces como la de Mac Master ya le pidieron a la Corte Constitucional, a pesar de estar en vacancia judicial, estudiar el eventual decreto e imponer medidas cautelares.
¿Qué busca el gobierno Petro con la emergencia económica?
Según explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la idea de tomar esta vía es decretar impuestos para encontrar los COP 16,3 billones que faltan del Presupuesto General de 2026 por cuenta de la caída de la ley de financiamiento o reforma tributaria en el Congreso. “Esperamos que la Corte Constitucional estudie con cuidado y detalle la propuesta”, dijo el jefe de la cartera.
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El ministro argumentó que hay impactos derivados de la desfinanciación del presupuesto, por ejemplo, en el sector salud, con los pagos de la Unidad de Pago por Capitación, o en los servicios públicos, pues, según argumentó, también estarían en riesgo los subsidios de energía para estratos 1, 2 y 3.
Hasta ahora, el punto más polémico del borrador de decreto que se conoció el viernes es el gravamen a los movimientos financieros, que pasaría del ya polémico 4 por 1.000 a un 5 por 1.000 en 2026. También habría aumentos en el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y de cigarrillos y vapeadores. También habría cambios en el impuesto al patrimonio: bajaría el umbral para tener que pagar ese tributo (ahora tendrían que pagar personas con patrimonios superiores a los COP 2.000 millones) y aumentaría las tarifas. Pero además, el Gobierno aplicaría este tributo para las empresas, con tarifas que van hasta el 1 %.
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