En momentos en que hay expectativa por los alcances de la emergencia económica que el Gobierno del presidente Gustavo Petro delineó para enfrentar la caída en el Congreso de su reforma tributaria, diferentes estamentos políticos también comenzaron a pronunciarse sobre la operación de puesta de bonos de deuda por un monto que supera los COP 20 billones.
La operación se hizo atravesar de la figura TES y con inversionistas extranjeros, con los cuales, de acuerdo con los cálculos de la Casa de Nariño, se podrían percibir vía deuda pública unos COP 23 billones. Eso contrasta con lo que se buscaba con la fallida reforma tributaria, que buscaba recaudar COP 16,3 billones.
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Es ante ese panorama, en época electoral y con la destinación de recursos a programas que fortalezcan el relato de reelección de la izquierda —independiente de si no se logran mayorías en el Congreso y se busca ejecutar ese proceso vía decretos—, que se han dado varios pronunciamientos.
“Más deuda para los colombianos, más carga para futuras generaciones. Endeudar al país no es una victoria, es una irresponsabilidad. Aquí no falta plata, sobran ladrones”, precisó la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.
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Esto generó una reacción del presidente Petro, cuyos ministros ya habrían firmado el decreto de emergencia económica y están a la expectativa de si la Corte Constitucional se reúnen o no de forma extraordinaria para analizarla. La razón es que ya corre la vacancia judicial.
“Esa deuda de 23 billones es para pagarle la deuda por otros 23 billones a los que les compraron títulos al Gobierno de (Iván) Duque, que ya se vencen. Esto se hace desde siglos y conviene o no, dependiendo de la tasa de interés”, precisó Petro al defender su movida.
Otra reacción fue la del exsenador Humberto de la Calle, quien dijo que el intento de hacer la reforma tributaria vía emergencia económica tiene vicios jurídicos.
“La emergencia económica anunciada viola la Constitución. Comparto el cúmulo de opiniones conocidas que no voy a repetir. En cambio, no me parece buena idea interrumpir la vacancia en la Corte para resolver. Se dice que la vigencia de los decretos produce efectos irreversibles. No está claro cuáles serían”, enfatizo De la Calle.
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La senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia, también se pronunció en una vía similar. “Que nadie pague los ilegales impuestos de Petro y que la Corte Constitucional decrete la suspensión provisional. Los colombianos no podemos pagar impuestos que el presidente saca con un decreto abiertamente ilegal. No hay fundamento para una emergencia económica, y lo saben y por eso lo emiten en vacancia judicial”, precisó.
Pero en un sentido distinto se pronunció el Gobierno, pues, entre otros, el ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió que todo es consecuencia del hundimiento en el Congreso de la tributaria y que, desde su relato, estaba ligada a la aprobación del presupuesto por COP 547 billones, pero con el hueco de COP 16,3 billones.
“127 billones de pesos fueron las ganancias de las empresas financieras este año. ¿A quien hay que ponerle impuestos? Pues a los megarricos. Eso fue lo que quisimos hacer en la ley de financiamiento pero los campeones del Congreso no dejaron”, enfatizó Benedetti.
Hay expectativa por la decisión que tome la Casa de Nariño y el camino a nivel ecónomo que se adopte en un año en el que el objetivo principal del presidente Petro, dicho públicamente en varias intervenciones, es que el progresismo que representa no pierda el poder ni la Casa de Nariño en los comicios del año entrante.
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