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Ante las reiteradas quejas de usuarios que, ante la sospecha de padecer COVID-19, han acudido a sus EPS para solicitar que sean sometidos a una prueba y pasan días a la espera de la misma, este miércoles el representante Inti Asprilla (Alianza Verde) presentó una tutela contra el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y el Instituto Nacional de Salud, buscando que se articulen con las entidades para definir una ruta que permite hacer frente a las demoras.
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Según el parlamentario, se están vulnerando derechos fundamentales a la vida; a la salud (tanto en su dimensión individual como colectiva); al acceso a la información pública y al derecho colectivo a la salubridad pública. Por ello, pidió también que se requiera a las EPS, a los laboratorios y a las entidades territoriales de salud, para que en las 48 horas siguientes a la decisión y en caso de ser favorable, se adopten medidas para garantizar la atención oportuna de quienes por sus síntomas ameriten atención médica, la toma de muestras y el reporte de resultados.
Hace una semana, la Procuraduría General de la Nación evidenció que hay tiempos de espera de hasta 8 días para practicar las pruebas en diferentes territorios y demoras para la entrega de resultados superiores a los 15 días. Por ello, instó a tomar medidas correctivas para garantizar los derechos a la salud y la vida de los ciudadanos.
“Para la Procuraduría es urgente adoptar de manera inmediata un plan de seguimiento y articulación con las EPS que defina la toma de muestras de forma focalizada, la entrega de resultados en plazos razonables y el monitoreo a los pacientes positivos para covid-19, especialmente a quienes no están hospitalizados”, dijo en su momento el ente de control.
El representante pidió a juez tener en cuenta también el testimonio del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien presentó denuncia penal en contra de varias EPS, por el fallecimiento de 17 pacientes a quienes el resultado de la prueba llegó luego de su fallecimiento.
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Asprilla también solicitó que se ordene al Ministerio de Salud y a la Superintendencia emitir una cartilla que explique a la ciudadanía –mediante un lenguaje claro, preciso y comprensible–, la ruta de atención para garantizar la exigibilidad de sus demandas de atención en salud relacionadas con el COVID-19.
“El hecho de no contar con la información accesible, comprensible, clara y precisa está llevando a la población a automedicarse y ser víctima de cuanto avivato le ofrece una cura milagrosa para prevenir y tratar la enfermedad”, advirtió el representante.
El parlamentario precisó que todos los ciudadanos sin distinción son potenciales víctimas de contagio y no se cuenta con una instrucción emanada de las autoridades y aseguradores, que describa paso a paso, la ruta de atención frente a la sospecha del virus.
“Esa ignorancia generalizada contribuye sin lugar a dudas a crear condiciones propicias para contagiar y contagiarse del virus, y adicionalmente, es fuente de innumerables quejas de los usuarios que ante la duda terminan acudiendo a personas que no tienen la idoneidad, ni el conocimiento científico requerido para fungir como guía, luz y faro en medio de tan difícil tormenta”, puntualiza.
