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Esta es la estrategia con la que De la Espriella develó diferencias internas en sindicatos

Las más grandes organizaciones sindicales enfrentan posiciones divididas frente al gobierno de Abelardo de la Espriella. Aunque con una línea de hacer “la más radical oposición”, hay figuras que buscan una interlocución directa con la Casa de Nariño. La movilización del pasado 14 de octubre mostró las primeras fracturas.

El presidente Abelardo de la Espriella junto al vicepresidente, José Manuel Restrepo.
Foto: Joel_Gonzalez
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Casi 48 horas después de las marchas que citaron la oposición y parte de los sindicatos contra el gobierno de Abelardo de la Espriella, una de las agremiaciones más grandes cambió a su presidente. Fabio Arias, quien había estado en la cabeza de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) desde 2023 y que fracasó en su intento de llegar al Senado en este 2026, salió de su puesto. Allí quedó Nelson Alarcón, quien también está curtido en el campo sindical y asumirá el liderazgo de la unión que –al menos en el discurso público– se declaró en oposición a la Casa de Nariño.

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Ese movimiento se derivó de una “reorganización de fuerzas internas” que se anticipó al 2027, cuando se tiene previsto el ajuste de su cúpula. De los 21 integrantes de los cuadros directivos de esa agrupación, 11 plantearon diferencias que llevaron al cambio que se materializó este viernes. Su narrativa oficial es de oposición, pero internamente se libró una discusión por lo que el otro grupo llamó “acuerdos con sectores ‘abelardistas’” e incluso, los denominaron “CUT milagro”. Por su lado, Alarcón ratificó la oposición a De la Espriella y aseguró que buscará seguir “forjando la unidad en medio de discrepancias y diferencias”.

Una situación similar se vive en la Confederación General del Trabajo (CGT). En esta agremiación hay dos organizaciones peleándose jurídicamente por “la representación real” de esa agrupación. De un lado está el bando dirigido por Percy Oyola, quien mantuvo cercanía con la administración del expresidente Gustavo Petro y lidera a su grupo desde Bogotá; y, del otro, está la facción que encabeza Jorge Iván Díez y cuya jefatura ejecuta desde Medellín. A este último ya lo reconocieron como un interlocutor válido el presidente y su gabinete, lo que tensionó aún más a las bases de los sindicatos.

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Esto no es gratuito. El jefe de Estado tiene claro que si quiere incidir en las convocatorias a movilizaciones callejeras, como las que se vivieron esta semana en Bogotá y otras capitales, tiene que abrir canales de diálogo directo con las fuerzas menos cercanas al progesismo. Lo que busca es quitarle a la izquierda la fidelidad de los sindicatos. Un primer efecto simbólico de esta estrategia se vio en las concentraciones del 14 de octubre, pues —a diferencia de otros momentos iguales mientras Petro fue presidente— esta vez las pancartas de referencia sindicalista no fueron tan protagonistas, como también lo describieron voces de la izquierda partidista.

En otro escenario obrero donde este tipo de acercamientos están teniendo resultados es el de la Unión Sindical Obrera de Empresas Petroleras (USO). La anterior administración le dio un asiento en la junta directiva de Ecopetrol, lo cual fue ratificado por De la Espriella. Esto le ha servido para mantenerla cerca en decisiones clave como la elección de Joaquín Gutiérrez —una de las personas más cercanas al mandatario— en la jefatura de la estatal petrolera. Además, le funcionó para que desde este sindicato tampoco se apoyara con fuerza la movilización que citó la oposición.

Abelardo de la Espriella junto a miembros de la Unión Sindical Obrera (USO).
Foto: Presidencia de la República

“En una verdadera democracia se escucha a todos los sectores. Este Gobierno dialoga con los gremios y los empresarios, pero también abre las puertas de par en par a los trabajadores de nuestra patria, porque su voz es fundamental para construir país”, fueron las palabras del jefe de Estado tras una reunión que precisamente tuvo con la USO 14 días después de su posesión. La cita, para más simbolismo, se dio en el Palacio de San Carlos, la primera oficina que usó como sede presidencial en la capital.

Pero la intención no es solo política. Justo esta semana también comenzó a calentarse el debate sobre el aumento del salario mínimo, escenario en el que los sindicatos juegan un papel clave. Desde la CUT, se lanzó este viernes una primera propuesta del 38,5 %, lo cual fue rechazado de inmediato por voces gobiernistas.

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“El último año de Petro plantearon un incremento del 16 %. Ahora, tras el incremento del 23 % del año pasado, plantean un incremento 38,5 %. Que no se note la incoherencia y la clara finalidad política de la CUT”, aseguró el senador Andrés Forero (Centro Democrático).

Y como esa propuesta cae en un reajuste de fuerzas en ese sindicato, cobra relevancia la estrategia de De la Espriella por acercarse a las centrales obreras y una reunión del pasado 5 de octubre. Ese lunes, los voceros del Gobierno se sentaron en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales con delegados de la CUT, la CGT y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), así como de la ANDI, Fenalco, la SAC, Asobancaria y Acopi. En ese encuentro comenzó oficialmente la concertación sobre el mínimo. La apuesta es que haya acuerdo, pero tampoco se descarta que se acuda a la misma figura que usaron anteriores gobiernos: emitirlo vía decreto.

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En su último año, el expresidente Petro logró una aprobación en encuestas de alrededor del 49 % montado en el aumento del 23 % que decretó en diciembre pasado. En ese momento, la decisión fue duramente criticada por los gremios y aplaudida por los sindicatos. De la Espriella ha dicho desde el inicio de su gobierno que apoyará al empresariado, aunque se han dado choques con las cabezas de algunas de sus agremiaciones, como se vio con la salida de Bruce Mac Master.

Los sindicatos que tienen silla en la mesa de concertación llegaron con una directiva clara, definida en una reunión del 11 y 12 de septiembre en Bogotá que contó con la presencia de sectores del Pacto Histórico. En el llamado “Encuentro por la defensa de la vida, la dignidad, la democracia, la paz, la soberanía y las reformas sociales” se encontraron delegados de la CUT, la CTC, la CGT, la Confederación Democrática de Pensionados (CDP), la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC) y Fecode. Si bien en ese momento dijeron que se declaraban en “la más radical oposición al gobierno ilegítimo de Abelardo de la Espriella”, la estrategia del mandatario de acercar a otros sectores está haciendo mella.

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Eso se refleja en la cautela por parte de algunos sindicatos frente a la primera declaración en oposición, también vista en ciertas ausencias en las marchas, y que podría darles juego en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo.

En los días previos al cambio de presidente en la CUT, esta organización tuvo una muestra material de su división interna. En una carta firmada por 10 de los 21 integrantes de su comité ejecutivo —en la que está la firma del ahora expresidente de esa organización sindical—, se habla de una “nueva correlación de fuerzas” y una “nueva distribución de cargos” que iba a dejar, inicialmente, a Arias en la cabeza. Eso cambió en los días siguientes y ahora Alarcón, quien hace parte de esa mayoría que el otro grupo llamó “la CUT milagro”, tiene ese puesto.

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“La decisión unilateral de los 11 compañeros pretende que Fabio Arias continúe como presidente, negando la propuesta de alcanzar un nuevo acuerdo con los 10 compañeros/as. Es imposible hacer un acuerdo con un sector del abelardismo y, a renglón seguido, decir que se puede presidir la CUT sin la participación y un acuerdo con los y las 10 de la CUT”, se lee en la misiva.

La respuesta llegó a las pocas horas. Carlos Rivas Segura, fiscal del sindicato, aseguró que “las organizaciones sindicales se rigen por los criterios del pluralismo, pero también del respeto a las diferencias en el interior de las organizaciones”. Y agregó que es “no [los] hace abelardistas”.

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“Queremos reafirmar nuestra oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella y, por supuesto, a todas sus políticas de corte fascista que van en contravía de la ciudadanía del pueblo colombiano y de los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Seguiremos forjando la unidad en medio de discrepancias y diferencias, en la consolidación de un frente amplio, progresista, unido más que nunca”, fueron las palabras de Alarcón tras ser elegido.

Tanto Alarcón como Arias tuvieron aspiraciones políticas en la izquierda: ambos se presentaron en las elecciones legislativas al Senado, el primero como parte de la lista de Fuerza Ciudadana y el segundo en el Frente Amplio Unitario. Quien ahora es la cabeza de la CUT también fue presidente de Fecode y fue la fórmula vicepresidencial del exgobernador Carlos Caicedo —condenado a nueve años de prisión por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado— antes de que este se retirara de la contienda para apoyar al senador Iván Cepeda (Pacto Histórico).

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Si bien hay quienes hablan de esas divisiones en la CUT como “diferencias internas” que pueden y “deben ser tramitadas”, otra situación muy diferente es la de la CGT. Actualmente, el Estado colombiano reconoce dos organizaciones sindicales con esas mismas siglas, aunque una de ellas solo pudo recibir ese estatus y reconocimiento hasta este gobierno.

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Para el pasado 31 de agosto, la coordinadora del Grupo Interno de Trabajo Archivo Sindical, Ingrid Katherine Boyacá Carreño, emitió una resolución en la que acreditaba que la Confederación General del Trabajo aparecía inscrita y vigente en las bases de datos del Ministerio del Trabajo y reconoció a Jorge Iván Díez Vélez como su presidente. El nombre completo de esa organización es la CGT Democrática e Independiente (CGT-DI) y ha estado en una batalla jurídica con la organización que dirige Percy Oyola.

Esa pelea que ha pasado por estrados judiciales tiene sus raíces en unas diferencias ideológicas: Oyola tuvo una relación cercana con el anterior gobierno, mientras que Díez se opuso a la inclinación política y electoral que asumió su contraparte en el sindicato. De acuerdo con el presidente de la CGT-DI: “Mientras la administración anterior escogió con quién hablar y escogió dialogar con su comité de aplausos del sindicalismo, pues este lo que ha hecho es tener una apertura total en el marco de la pluralidad”.

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“No somos el sindicalismo de la derecha, pero tampoco el sindicalismo de la izquierda. Somos un sindicalismo declarado autónomo, independiente, pluralista y democrático, que simplemente lo que quiere es relacionarse con los distintos gobiernos y con los sectores empresariales para solucionar los problemas de los trabajadores, de las organizaciones afiliadas y del conjunto de la sociedad en el marco de lo que nosotros logremos proponer. Entonces él está ensañado en estigmatización, ahora ya está diciendo nosotros somos el sindicalismo ‘abelardista’ y que él es el legítimo representante de los trabajadores”, le dijo Díez a El Espectador.

Oyola, por su lado, rechaza de plano la existencia de la CGT-DI y asegura que se trata de una “usurpación” frente a la organización que él dirige. En esa vía, insiste en que “este gobierno no habla con nadie” y “privilegia la unilateralidad”. Para él, la muestra de eso fue la resolución 2708 del 20 de agosto, con la que se derogaron 11 circulares firmadas por el Ejecutivo anterior y que contenían puntos clave de la reforma laboral. Esa normativa, de acuerdo con Oyola, se conoció “antes de haber tenido un primer encuentro con la ministra de Trabajo, Natalia López”, y generó rechazo en las filas de ese sindicato.

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“La ministra de Trabajo anunció que presentaría su propio proyecto de Estatuto del Trabajo, sobre el cual nosotros no tenemos la más mínima información”, señaló el presidente de la CGT en diálogo con este diario. En ese punto, también explica que, si bien hubo un encuentro posterior en el que presentaron su propuesta de la agenda en temas laborales, no han recibido respuesta por parte de la cartera y temen que “regresivamente, se eliminen avances”.

Pero hay otra cuestión que toca la relación de este gobierno con los sindicatos. En época electoral, el entonces mandatario Gustavo Petro dio a conocer el decreto con el que se establecieron “lineamientos para fortalecer, complementar y orientar de la reparación colectiva del movimiento sindical colombiano y se ordenan medidas de satisfacción y reparación simbólica”, un tema que lleva trabajándose cerca de 15 años. Eso se vio como una forma de fortalecer a los sindicatos que apoyaron masivamente a Cepeda en campaña, pero ahora esas mismas organizaciones temen que su implementación quede en jaque.

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“La CUT, la CTC, la CGT y Fecode somos sujetos de ese proceso de reparación. Durante los años 2027-2029 debería darse dentro de este gobierno cumplimiento a ese plan (…). Nosotros esperamos que cumpla con esas medidas. Si no las cumplen, incluso a pesar de la insistencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), nosotros tendremos que adelantar las acciones pertinentes a nivel internacional”, le explicó Oyola a El Espectador.

Hay otros temas sobre la mesa. En el caso de Fecode, el fracaso de la implementación del nuevo sistema de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) en el gobierno Petro dejó un sinsabor en la organización sindical. De acuerdo con la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, el déficit para la vigencia de 2026 es de COP 2,7 billones y por ello se aprobó a inicios de este mes el traslado del COP 859 mil millones al presupuesto de salud del magisterio. De la Espriella ha solicitado una auditoría y una revisión a fondo de esos recursos.

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“Otro punto clave que le planteamos [a la ministra Hoyos] es la defensa del Fomag. No vamos a permitir que elimine la Ley 91 del 1989 que consagró un régimen integral con un solo ente como es el fondo. Quieren enviarnos, para el caso de pensiones a convenciones, en el caso de salud a lo que significa la nueva EPS y en el caso de las cesantías, al Fondo Nacional del Ahorro. No lo vamos a permitir. Estaremos haciendo grandes movilizaciones y no puede ser la excusa de estar siempre echándole la culpa al anterior gobierno de que la situación está grave. No, señores, aquí lo que requerimos son acciones inmediatas para resolver nuestro régimen”, aseguró el presidente de esa agremiación sindical, Domingo Ayala.

El caso de la USO tiene sus matices. En el mismo mes en el que asumió las riendas del Estado, De la Espriella se reunió con César Loza, quien tiene un asiento en la junta directiva de Ecopetrol, y Martín Ravelo, el presidente a nivel nacional de ese sindicato. En ese encuentro estuvieron presentes los ministros Rodrigo Lara (Interior) y María Nohemí Arboleda (Minas), así como Joaquín Gutiérrez, quien luego se convertiría en la cabeza de la estatal petrolera y cuya elección fue saludada por ese sindicato.

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El jefe de Estado dijo en ese momento que fue una reunión franca, respetuosa y constructiva. Desde la USO, explicaron que buscaron construir un acuerdo para trabajar articuladamente en el “aprovechamiento de la riqueza del subsuelo, el desarrollo de la provincia gasífera del Caribe, la asignación de nuevos bloques para exploración de hidrocarburos y el desarrollo de los Yacimientos No Convencionales con un nuevo enfoque de desarrollo territorial sostenible y sustentable con el medio ambiente”.

El cambio en la relación es palpable frente a la Presidencia de Petro, que frenó la exploración, le cerró la puerta al fracking y puso en la cabeza a Ricardo Roa, hoy acusado por la compra presuntamente irregular de un lujoso apartamento y ad portas de ser formalmente llamado a juicio por la violación de topes en la campaña Petro Presidente. En los meses previos a las elecciones presidenciales, el sindicato se dividió entre apoyar al “ungido” del entonces mandatario, Iván Cepeda, y el exembajador Roy Barreras, ambos con posiciones diferentes frente al manejo de la política energética.

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Todos esos movimientos sindicales y la intervención de la Casa de Nariño incidirían en los próximos llamados a más movilizaciones. De hecho, voces de las organizaciones obreras confirman que no hay un diálogo fluido ni con el Pacto ni con Petro.

Los llamados a las calles también pasan por la situación política que viven las comunidades indígenas. El anterior Ejecutivo fortaleció la contratación de esas organizaciones durante el primer semestre de este año: el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) se benefició de contratos con el Ministerio de Educación con los que se destinaron COP 68.307 millones para “afianzar y continuar vivenciando la política educativa propia del Cric en los niveles locales y regional en el marco del plan cuatrienal 2023-2026”. La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) suscribió con la Agencia de Desarrollo Rural COP 2.835 millones; con el Departamento Nacional COP 4.817 millones; con el Ministerio de Justicia COP 1.150 millones; con el Ministerio de Educación COP 1.720 millones; y con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas COP 400 millones.

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No obstante, eso puede cambiar. El Gobierno está analizando cuál si mantiene o no esos acuerdos contractuales. El mandatario ya se reunió con algunos de esos sectores en la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla y desde allí aseguró que habría un diálogo abierto. El ministro del Interior fue claro en que buscará evitar la politización y explicó que se han detectado posibles irregularidades en contratos en la dirección de Asuntos Indígenas (de la cartera del Interior) "con mínima o prácticamente ninguna trazabilidad". De acuerdo con él, podría haber más de COP 350.000 millones en transferencias de este tipo y que habrían servido para movilizaciones de mingas en el gobierno Petro.

“Desde el Ministerio del Interior, con presencia directa del ministro y viceministros, hemos sostenido diálogos preliminares con el Cric y pronto los extenderemos a otras organizaciones hermanas, sin dejar de interlocutar directamente con las autoridades de zonas y resguardos. Buscamos políticas indígenas claras y directas que lleguen de verdad a los pueblos y que protejan su identidad”, señaló Lara el pasado 14 de octubre. En una publicación de X, agradeció “el espíritu de diálogo y la protesta pacífica” en la vía Panamericana y celebró “el desarrollo de la Cumbre Indigena del Cauca como la posibilidad de una ‘Minga Permanente’, entendida como asamblea abierta y permanente para preparar el diálogo de gobierno tradicional a gobierno nacional”.

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Las comunidades ya le dijeron al Gobierno que esperaban su presencia directa en los territorios para establecer un diálogo. En mente está también incidir en la construcción del PND de De la Espriella. De hecho, en las marchas del 14 de octubre tampoco hicieron una presencia masiva, lo cual justificaron como una muestra de voluntad de abrirse a ese diálogo político con quien ahora lidera la Casa de Nariño.

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Desde la oposición ya fueron claros en que la movilización social no se detendrá, pero allí entran a jugar las divisiones internas en los sindicatos y la posición de las organizaciones indígenas que, en el pasado, apoyaron de frente al gobierno Petro y que hoy le abren las puertas al actual mandatario. También incide la estrategia que desplegó esta administración para acercar a todas estas organizaciones.

La oposición sabe que si la división se mantiene como hasta ahora las próximas convocatorias a marchas, o a “huelgas generales” como las denominó Petro, no serán masivas. Y desde la Casa de Nariño entienden que el acercamiento con todos estos sectores puede opacar el debate electoral que desde sus contradictores quieren llevar otras vez a las calles.

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