El accidente del avión Hércules de matrícula FAC-1016, en Puerto Leguízamo (Putumayo), sigue generando preguntas en el Gobierno y en algunos sectores políticos que reclaman garantías para que no se repitan este tipo de siniestros. Además de la conmoción por las 69 víctimas mortales y los 57 heridos, en los últimos días ha aumentado la preocupación por el estado de la flota aérea de la fuerza pública y las capacidades operacionales en general.
Este diario conoció varios documentos del Gobierno que generan nuevas alertas sobre el caso y el panorama de financiación del sector Defensa. Según el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Hacienda y la Aeronáutica Civil, hay fallas estructurales y vacíos presupuestales que pondrían en riesgo la vida de los uniformados.
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En cuanto a los recursos para la operación durante este 2026, desde el Congreso advirtieron que las fuerzas militares registraron necesidades por más de COP 53,4 billones, pero que, por la crisis fiscal que atraviesa el país, solo les asignaron COP 21,2 billones. Para algunos legisladores, estos números se traducen en vulnerabilidades para los militares y policías.
El Ministerio de Hacienda respondió con una pulla al Congreso, recordando que en el Capitolio se han hundido los proyectos que buscaban financiar los presupuestos de los últimos dos años. “La asignación para la modernización y reposición de activos estratégicos ha debido supeditarse a la realidad del recaudo efectivo, priorizando la estabilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de la Regla Fiscal por encima de los requerimientos sectoriales no financiados”, dijeron desde la entidad.
Por otra parte, desde el Ministerio de Defensa señalaron que en los últimos cuatro años se han hecho inversiones históricas para el sector, pero se debe tener en cuenta que la mayor cantidad del dinero, cerca del 79 %, se va al gasto de personal, por el pago de sueldos y pensiones de 481.000 efectivos y alrededor de 314.000 retirados.
La falta de presupuesto preocupa más si se tiene en cuenta que en los documentos mencionados también se detalla un bajo nivel de alistamiento de las aeronaves de la fuerza pública. El país cuenta con una flota aérea militar de 676 aeronaves, pero el reto está en la disponibilidad de las mismas, pues el nivel de alistamiento, que debería estar en 75 %, no pasa del 64 % desde hace casi 10 años y al cierre de 2025 estaba en 61 %. Según el ministro Sánchez, esto responde exclusivamente a que no hay tantos recursos para aumentar los niveles.
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Por otra parte, el accidente del avión Hércules destapó varias fallas estructurales en el aeropuerto de Puerto Leguízamo, las cuales podrían presentarse en otras infraestructuras de ese tipo. En el caso puntual de la pista en ese municipio de Putumayo, los informes resaltan que no se contaba con capacidades de primer nivel, por ejemplo una torre de control.
El general Hugo López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares, dijo este martes que ese aeropuerto “necesita un apoyo”. De acuerdo con la Aeronáutica Civil, la administración, mantenimiento y operación del aeropuerto que fue escenario del accidente no recae sobre la fuerza pública ni la Aerocivil, sino sobre la Alcaldía de Puerto Leguízamo, un municipio de sexta categoría que para muchos de sus pobladores parece haber quedado olvidado en un rincón de la triple frontera con Perú y Ecuador.
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Según la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, están trabajando con el alcalde de Puerto Leguízamo para trasladar la operación de la pista a la Aerocivil. “Es un reto demasiado grande para un municipio que tiene pocos recursos”, reconoció la jefa de la cartera en el mismo espacio.
Mientras avanzan las investigaciones sobre las causas del accidente, la respuesta del gobierno Petro a la crisis en potencia de la operación de sus fuerzas armadas es un Conpes aprobado a finales de marzo, después de la tragedia, que contempla una inversión de COP 13 billones para el fortalecimiento de las capacidades. De ese monto, el Ejército recibirá 5,8 billones, la Armada 3,4 billones, la Policía 2,3 billones y la Fuerza Aeroespacial 1,3 billones para tecnología y control del espacio aéreo.
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